El plan de choque para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania será convalidado por el Congreso pese a que la práctica totalidad de las fuerzas parlamentarias lo consideran "insuficiente" y se muestran a favor de que sea tramitado como proyecto de ley para poder enmendarlo e introducir en el mismo alguna de sus propuestas.

Los grupos de la Cámara se dividen nuevamente en dos bandos ideológicos. De un lado, las formaciones de izquierda aliadas habituales del Ejecutivo que en esta ocasión reclaman una intervención clara del mercado de la energía y la imposición de gravámenes a las grandes compañías, principalmente petroleras y eléctricas, a la banca y a los "ricos" y, de otro, las fuerzas de derecha que ejercen la oposición y que reclaman una deflactación de la tarifa del IRPF y bajadas generalizadas de impuestos.

Unos y otros sí coinciden, no obstante, en que las medidas incluidas en el real decreto que hoy aprueba el Consejo de Ministros llegan tarde y podían haber sido aprobadas desde hace semanas sin necesidad de esperar a la celebración del Consejo Europeo. De hecho, hacen hincapié que, de Bruselas, sólo depende la posibilidad de establecer en España y Portugal un tope al precio del megawatio para desligarlo de la cotización del gas. Una medida que en todo caso tardará en ver la luz varias semanas.

Por ello, ha defendido que el Gobierno está actuando con "responsabilidad" y ha puesto en valor el "intenso proceso de diálogo" del Ejecutivo con los sectores más afectados, los agentes sociales, los grupos políticos y las comunidades autónomas para abordar este real decreto-ley.

El Gobierno contempla la movilización 16.000 millones de euros con este plan, de los que 6.000 millones corresponden a ayudas directas y bajada de impuestos y otros 10.000 al impulso de una nueva línea ICO. Está basado en cinco ejes principales: ayudas a familias, trabajadores y desplazados; ayudas al tejido empresarial; medidas en materia de transportes; medidas en materia de ciberseguridad y medidas en materia de energía.

Entre las medidas más importantes que ha esbozado la vicepresidenta primera para ayudar a las familias, trabajadores y personas desplazadas destaca la bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible para todos los ciudadanos, no sólo para los transportistas.

El Gobierno aplicará una rebaja de 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 céntimos, aunque algunas compañías ya han anunciado rebajas superiores.

Este eje dirigido a ciudadanos también incorporará la limitación de las revisiones de las subidas de los precios de los contratos de alquiler de vivienda al 2% en los próximos tres meses, así como el aumento del 15% en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para llegar a más familias vulnerables.

Además, se extenderá a 600.000 familias más el bono social eléctrico, hasta llegar a 1,9 millones de hogares; se prórroga hasta el 30 de junio la rebaja impositiva en la luz, y se permitirá que las empresas acudan a medidas de flexibilidad, como los ERTE, al tiempo que se prohiben los despidos objetivos en los sectores que reciban ayudas, como ya sucedió durante la pandemia.

10.000 MILLONES EN CRÉDITOS ICO PARA APOYAR EL TEJIDO EMPRESARIAL

En cuanto a las medidas para apoyar al tejido económico y empresarial, el plan contempla una nueva línea de avales de créditos ICO por 10.000 millones de euros para cubrir necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles. Estos avales se podrán conceder hasta el 31 de diciembre de 2022 y tendrán un periodo de carencia de 12 meses, según ha explicado Calviño.

Además, se flexibiliza el código de buenas prácticas aplicable a todos los avales vivos correspondiente a los créditos Covid, de forma que se rebajan los requisitos para la extensión de vencimiento. "Ya no es necesario que la cifra de negocio en 2020 se haya reducido más de un 30% con respecto a 2019 para poder acceder a esa ampliación de plazo", ha avanzado la vicepresidenta primera.

Además, se habilita un periodo de carencia de seis meses a petición de los deudores de los sectores más afectados y se establece la obligatoriedad a las entidades financieras de mantener las líneas de circulante para todos los clientes.

Asimismo, el Plan contempla un paquete de ayudas directas de 362 millones de euros para el sector de la agricultura y la ganadería, y otro de unos 68 millones para el pesquero.