El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el decreto ley que incluye la reforma del sistema de las pensiones, que finalmente ha contado con un amplio apoyo de 179 votos a favor, el rechazo de PP y Ciudadanos, y la abstención de Vox.

En concreto, han votado a favor PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC), PNV, PDeCAT, Coalición Canaria, Compromís, PRC, Teruel Existe y Más País. De su lado, Vox y los independentistas de Junts y EH Bildu se han abstenido, mientras que el PP, Ciudadanos, Foro Asturias, la CUP y el BNG han votado en contra.

Una vez convalidado el decreto, también se ha aprobado tramitar la reforma como un proyecto de ley y permitir así a los grupos parlamentarios negociar nuevas modificaciones al texto.

La reforma de pensiones llegó al Congreso con el visto bueno de la Comisión Europea y también de los sindicatos. El nuevo sistema se centra en elevar los ingresos del sistema para hacer frente a las tensiones financieras por la jubilación de los 'baby boomers' en las décadas de los 30 y los 40.

En una intervención inicial en la Cámara Baja, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha defendido la que es la segunda pata de la reforma de pensiones, que a su juicio "permite abordar el reto demográfico" a través de un "conjunto de medidas equilibradas" que garantizarán "la suficiencia" del sistema.

Este nuevo sistema, que entraría en vigor el 1 de abril salvo determinados preceptos del mismo, contempla subidas de bases máximas y de cotizaciones, mejoras en las pensiones mínimas y el establecimiento de un modelo dual para calcular la pensión, que dará opción a elegir entre los últimos 25 años cotizados o 29 años, descartando en este caso los dos peores.

Hasta 2040 podrá elegirse entre esta opción y los últimos 25 años, mientras que entre 2041 y 2043 la opción de 25 años irá subiendo a razón de seis meses por año, desde 25,5 años en 2040 a 26,5 años en 2043, pudiendo elegirse entre este periodo o los 29 años (menos los dos peores).

A partir de 2044 ya no se podrá elegir y la pensión se calculará con 27 años efectivos de cotización (29 años menos los dos peores). De oficio, mientras existan las dos alternativas, la Seguridad Social siempre aplicará la más ventajosa para el trabajador.

Además, con la nueva reforma las mutuas colaboradas de la Seguridad Social ya no tendrán posibilidad de dirigirse al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en caso de que el servicio público de salud desestime su propuesta de alta.La Oposición: ‘No’

Por su parte, la oposición ha mostrado su total rechazo, ya que consideran la reforma un mero «parche con el que ir tirando». Desde el PP aseguran que no pueden estar a favor de una medida que puede hacer bajar las pensiones. «No es admisible que se apruebe una regulación no pactada con todas las partes. Su manera de legislar es lamentable, por suerte les queda poco tiempo. Queremos desmentir la propaganda oficial. Hoy no se vota la revalorización de las pensiones, con lo que nosotros estamos de acuerdo. Hoy votamos la sostenibilidad de las pensiones del mañana. El problema no es que sólo van contra el PP. Es que van contra las matemáticas, contra la AIReF, contra el Banco de España, contra FEDEA» ha asegurado el diputado popular Jaime Olano.

La AIReF, entidad que estuvo dirigida entre 2014 y 2020 por el propio Escrivá, ha plasmado en cifras los problemas que va a acarrear esta reforma. La mayor preocupación es el incremento de la deuda. Los cambios impulsados por el Ejecutivo en 2021 y 2023, cuando se entraron en vigor las dos partes de la reforma, elevarán el déficit público en 1,1 puntos del PIB en 2050 y en otro punto allá por 2070, disparando la deuda hasta el 186% del PIB.

Además, el 65% del incremento en las cotizaciones recaerá sobre los salarios de más de 54.000 euros anuales. O dicho de otra manera, de aquellos que están por encima de la base máxima de cotización en 2023. Un coste que, en términos de PIB de 2022, supondría 7.800 millones de euros.

El Banco de España, por su parte, suscribe el informe presentado por la AIRef y advierte: «nos preocupa que la productividad de la economía española es baja por muchas razones: la principal, el tamaño del tejido empresarial, que es muy reducido e impide aprovecharse de economía de escala en un mundo de mercados globalizados». Además, recordó que «determinadas barreras regulatorias no favorecen el emprendimiento y la ganancia de tamaño empresarial», explicó este lunes el gobernador de la entidad, Pablo Hernández de Cos.

«Esta medida afecta a todos. A los pensionistas actuales y a los del futuro. Parece que su solución es que paguen los jóvenes. Van a ahogar a las empresas y a las pymes. Los autónomos tendrán que cotizar 200 euros más de media para tener la misma pensión que ahora. Lamentamos la falta de diálogo», ha denunciado el diputado Olano.

«No se puede enviar 48 horas antes de la votación un documento Excel con errores. Se ríe porque sabe que no estará ahí sentado cuando haya que hacer frente a ésto», ha reprochado Olano al ministro Escrivá.

«Si la reforma no es viable, Europa exigirá tomar medidas. Habrá que bajar las pensiones y tocar las cotizaciones en 2025. Nos negamos en rotundo». Recuerdan desde Génova que el actual responsable de la cartera de Inclusión y Seguridad Social estuvo al frente de la AIReF entre 2014 y 2020 y que, durante ese mandato, el ministro defendía lo mismo que el PP ahora. «Hace unos años no insultaba tanto al PP, era la bancada del PSOE la que le tildaba de mayordomo» ha recordado Jaime Olano.

BILDU SE ABSTIENE PORQUE VE "DEBERES PENDIENTES"

El Gobierno ya traía la reforma con los votos amarrados para sacarla adelante, tras haber alcanzado varias acuerdos con Esquerra Republicana (ERC), PDeCAT y EH Bildu. Sin embargo, esta última formación, que había acordado con el Gobierno equipar las pensiones de viudedad con las mínima contributivas, ha decidido abstenerse finalmente en la votación.

Según ha explicado la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurúa, esta decisión pasa porque, si bien la reforma incluye medidas positivas como el incremento de las pensiones mínimas y la no ampliación del cómputo de los años para calcular la pensión, también deja "algunos deberes pendientes".

En concreto, Aizpurúa ha apuntado que su grupo quiere que las pensiones mínimas se equiparen al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), de manera que no haya ninguna jubilación por debajo de los 1.080 euros.

Por parte de Vox, Pablo Sáez ha tildado la reforma como "equivocada" y ha advertido de que esta "no soluciona la sostenibilidad del sistema". Aún así, su grupo ha acabado absteniéndose sin ofrecer detalles al respecto.

De hecho, Sáez también ha criticado al ministro Escrivá por decir que los aumentos de costes para las empresas con la reforma serán pequeños, ya que, según Vox, estas están soportando incrementos en los precios de la energía y de las materias primas y los alquileres. También ha reprochado al Gobierno "aumentar los costes del empleo" teniendo una tasa de paro del 13%.

EL GOBIERNO Y SUS SOCIOS CELEBRAN LA REFORMA

Por el lado de los apoyos se han pronunciado, primero, PSOE y Unidas Podemos. Por parte de los socialistas, la portavoz del grupo en el Pacto de Toledo, María Mercè Perea, ha ensalzado el decreto, que ha calificado como "enmienda a la totalidad" de la reforma de pensiones del Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, a la que ha calificado como "neoliberal".

Además, Mercè ha reprochado al PP sus críticas al nuevo sistema de pensiones sin tan siquiera conocer el texto, y también le ha espetado a los 'populares' que estos no aportan una alternativa concreta.

Desde Unidas Podemos se ha encargado de la defensa de la reforma Aina Vidal, que también ha puesto el foco en el cambio de una reforma del PP en pensiones que ha considerado "basura" a un nuevo sistema que se centra en incrementar los ingresos y no en reducir el gasto.

Contra el PP también ha cargado Joan Baldoví, de Compromís, quien ha acusado a los 'populares' de "pulirse" en anteriores legislaturas el 90% de las huchas de las pensiones. Íñigo Bariandaran, del PNV, ha saludado a la reforma, que por su parte ha calificado de "realista", "necesaria" y "acuciante", ya que condiciona la entrega de fondos europeos.