Al menos seis Estados miembros de la UE, entre ellos Suecia y Finlandia de manera pública, mantienen dudas sobre el coste y consecuencias prácticas de dar la oficialidad al catalán, gallego y euskera en todo el bloque comunitario de cara a la reunión del próximo martes en Bruselas, en la que los ministros comunitarios examinarán por primera vez esta petición española.

Los embajadores de los Estados miembros de la UE mantuvieron este viernes el encuentro preparatorio para ese Consejo de Asuntos Generales, para el que Suecia y Finlandia han sido de los pocos países que han hecho públicas sus posturas en sendos documentos preparatorios del encuentro.

En un comunicado publicado este viernes, el Gobierno finlandés señala sus "reservas" ante una decisión que "aumentaría la carga financiera y administrativa" y "probablemente también ralentizaría las decisiones y entradas en vigor de regulaciones europeas".

Y, aunque ven importante "asegurar la diversidad cultural y lingüística en la UE", creen que "los derechos de los hablantes de lenguas regionales se pueden promover de formas más ligeras".

Estocolmo, por su parte, también señaló el lunes en un comunicado que es necesario analizar las consecuencias presupuestarias y prácticas antes de poder votar la propuesta española, que requiere unanimidad.

Comparten una postura similar otros Estados miembros, cuyas fuentes diplomáticas consultadas por EFE recogen una "voluntad de trabajar en la materia" pero advierten de que "una decisión así podría tener consecuencias que deben identificarse antes de decidir".

"Queremos escuchar al ministro español el martes pero también queremos escuchar a los que muestran preocupación sobre los cada vez más elevados costes de traducción e interpretación. Queremos que la discusión continúe para examinar en profundidad todos los aspectos de la cuestión", dijo otra fuente de un país del sur de Europa.

Además, otra fuente diplomática apuntó a que se trata de una decisión demasiado importante a nivel europeo como para cerrarse tras únicamente una reunión a nivel de embajadores -la celebrada este viernes- y el encuentro de los ministros del próximo martes.

Y al menos dos delegaciones creen necesario consultar a los servicios legales del Consejo antes de pronunciarse, un paso que retrasaría más allá del próximo martes una votación que debe ser aprobada por unanimidad.

España ha mantenido en las últimas semanas contactos a todos los niveles para lograr esa luz verde de sus veintiséis socios y sacar adelante la promesa que se hizo a cambio del apoyo de JxCat para que la socialista Francina Armengol fuese elegida presidenta del Congreso de los Diputados y en el contexto de las negociaciones en curso para formar gobierno tras las elecciones del 23 de julio.

Tras el encuentro preparatorio de hoy, fuentes diplomáticas españolas mantienen que "no hay ningún no rotundo" entre sus socios pese a que reconocen que se han pedido "informes de impacto, sobre todo en lo que afecta al tema legal y administrativo".

"Ninguno se ha mostrado en contra, de hecho han apoyado el sentido de la propuesta. Simplemente piden confirmación de los servicios legales de que es viable", defiende esta fuente.

La reunión del próximo martes permitirá a España -que además ostenta la presidencia semestral del Consejo- tantear si entre sus socios existe la unanimidad necesaria para que salga adelante un consenso sobre el que se está trabajando desde hace semanas.

Sólo en el caso de que la unanimidad esté garantizada se produciría un voto el día 19 de septiembre, una posibilidad sobre la que duda una fuente diplomática de uno de los países grandes del club comunitario; aún sin estar en contra, dice, piden "aclaraciones" sobre los aspectos prácticos, financieros y legales de la propuesta.