Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación que ha resultado en la detención de 25 personas vinculadas a una organización que supuestamente defraudó a la Seguridad Social con más de cuatro millones de euros. La información fue proporcionada por la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Los arrestos se efectuaron en diversas localidades de Madrid como parte de una investigación sobre actividades fraudulentas relacionadas con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Según las autoridades, se han identificado más de 400 expedientes ilícitos formalizados entre los años 2020 y 2024. Entre los detenidos se encuentran cuatro empleados públicos y cuatro trabajadores de entidades bancarias.

La investigación, que se inició en diciembre de 2022, surgió tras la detección de irregularidades en la actividad de empleados encargados de tramitar prestaciones de desempleo.

Análisis informático revela fraude a gran escala

El análisis informático realizado reveló acceso injustificado a múltiples expedientes, principalmente relacionados con operaciones de capitalización de la prestación por desempleo. Este tipo de operaciones permite que los beneficiarios destinen la totalidad de la prestación pendiente para iniciar un negocio por cuenta propia.

Las pesquisas policiales posteriores descubrieron un entramado en el que participaban funcionarios públicos, empleados bancarios y gestores administrativos. Esta organización tenía una estructura jerárquica dividida en cinco niveles.

El primer nivel estaba compuesto por dos individuos encargados de la dirección y la captación de clientes. Calculaban el beneficio de cada prestación, que oscilaba entre el 25% y el 40% del total, y establecían estrategias para las solicitudes.

Roles cruciales y coordinación entre entidades

El segundo nivel incluía una gestoría donde se formalizaban los trámites documentales necesarios para las solicitudes fraudulentas. Los siguientes niveles involucraban empleados públicos que realizaban seguimiento y asesoramiento, empleados bancarios que controlaban los pagos, y beneficiarios que transferían las cantidades comprometidas.

La fase de explotación de la investigación incluyó 16 registros en domicilios y oficinas de Madrid, así como la detención de los 25 implicados. Se incautaron diversos equipos informáticos, efectivo, vehículos y documentación relevante.

La comunicación y coordinación entre la Policía Nacional y los departamentos de empleo de las dos administraciones públicas fue fundamental para el éxito de la operación.