El Gobierno de Pedro Sánchez ha sido objeto de críticas después de que se revelara que se ha amparado en la ley de Secretos Oficiales para no proporcionar información sobre las órdenes dadas a la Guardia Civil el día del asesinato de dos agentes en Barbate el 9 de febrero. Desde el momento en que ocurrió el trágico suceso, se ha cuestionado la idoneidad de que los guardias civiles se enfrentaran a las narcolanchas utilizando una simple zodiac.

Ante esta situación, varios diputados del Partido Popular solicitaron al Gobierno acceso a todos los documentos y notificaciones de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz relacionados con el dispositivo que actuó en Barbate ese día y en los tres días siguientes. También plantearon preguntas sobre la dimisión posterior al asesinato de los dos guardias civiles, así como sobre la valoración gubernamental de la gestión de la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar. Incluso registraron una interpelación urgente sobre la escasez de medios para combatir el narcotráfico y la posible responsabilidad del Gobierno en el asesinato de los agentes.

Sin embargo, la respuesta del Gobierno fue que la información solicitada estaba sujeta a la regulación en materia de secretos oficiales, citando la ley franquista de Secretos Oficiales de 1968, que aún está en vigor en España. Esta ley otorga de manera genérica la clasificación de Secreto a los sistemas de mando, control y comunicaciones, lo que implica que prácticamente cualquier información puede ser incluida bajo esta normativa, permitiendo al Gobierno retenerla a su discreción.

Las asociaciones de guardias civiles han expresado su sorpresa y preocupación ante la falta de transparencia en la investigación de los asesinatos en Barbate, mientras que desde la asociación Jucil han respondido irónicamente con un "ya si eso otro día". Estas respuestas reflejan la creciente inquietud entre los agentes y la opinión pública sobre la gestión gubernamental de este delicado asunto.