En el marco de las negociaciones políticas que involucran al PSOE, al Gobierno y a los partidos separatistas, una intensa disputa ha surgido entre Junts y ERC respecto a la delegación de competencias en el ámbito migratorio. Estos desacuerdos se han convertido en un componente crucial, proyectando sombras sobre el horizonte electoral catalán previsto para el próximo año, aunque no se descarta la posibilidad de adelantarlo.

Desde la perspectiva de Junts, la formación política liderada por Carles Puigdemont se erige como los principales artífices de los logros alcanzados hasta el momento en las negociaciones con el PSOE. En particular, han destacado su papel como los grandes "conseguidores", subrayando su protagonismo en diversos acuerdos. La más reciente fuente de tensión ha sido la revelación por parte de Junts de que se llevará a cabo la transferencia de competencias en materia de inmigración a Cataluña, una medida que han llegado a describir como la creación de una "estructura de Estado".

En contraposición, ERC ha optado por mantener un perfil más discreto en estas negociaciones con el Gobierno central. La consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, ha aclarado que no se trata de un traspaso directo de competencias, sino más bien de un compromiso para "impulsar" una ley orgánica que determine las delegaciones posibles en el ámbito de la inmigración. Este matiz ha generado discrepancias significativas, con Junts criticando la falta de claridad en los acuerdos, mientras ERC insiste en que la letra pequeña debe ser escrita y debatida para asegurar su solidez.

Vilagrà ha expresado sus reservas sobre la naturaleza "difusa" del pacto, señalando que la palabra "impulsar" por parte de los socialistas genera incertidumbre en las negociaciones. Asimismo, ha cuestionado la tardía inclusión de un tema tan relevante como la inmigración, comparándolo con un "mercado de Calaf". En este contexto, la consejera ha subrayado la necesidad de que la Generalitat esté presente en las discusiones, dado que sería la entidad responsable de asumir las competencias relacionadas con la inmigración.

La incertidumbre persiste respecto a si Cataluña efectivamente asumirá la potestad para decidir sobre flujos migratorios, permisos de residencia, expulsiones de multirreincidentes, o establecimiento de requisitos lingüísticos para inmigrantes. Vilagrà ha manifestado su preocupación acerca de vincular la multirreincidencia con la migración y ha recordado un pacto en el Parlament para "aislar" discursos que relacionen delincuencia e inmigración. Considera esencial abordar este "problema" de manera estructural.

Por su parte, desde Junts, el portavoz Josep Rius ha respondido a Vilagrà, defendiendo la "delegación integral de competencias" en inmigración según el artículo 150.2 de la Constitución. Rius ha criticado la postura de ERC, afirmando que renunciar a competencias en inmigración es renunciar a gobernar. Además, ha destacado la vocación de gobierno y la ambición de país de Junts, subrayando su disposición a asumir competencias complejas.

La situación se presenta como un dilema para ERC, cuyos votos son igualmente relevantes, pero que enfrenta una posición más vulnerable en las negociaciones con el Gobierno central. Su dependencia del PSC en el Parlament para aprobar los presupuestos de la Generalitat limita su margen de maniobra. La legislatura pende de un hilo, ya que el PSC podría influir en el destino de Pere Aragonès, dependiendo de la actitud de los republicanos en el Congreso y su disposición a facilitar las acciones de Pedro Sánchez.

En retrospectiva, los logros obtenidos por cada partido revelan una brecha significativa. Mientras Junts se atribuye el "blindaje" de la ley de amnistía, la publicación de balanzas fiscales, el traspaso de competencias de inmigración, y presiona por un referéndum, ERC destaca por el traspaso de Rodalies, el Ingreso Mínimo Vital y otras concesiones. La próxima batalla se vislumbra en la financiación "singular" para Cataluña, una cuestión que podría determinar el rumbo político de la región.

En conclusión, las tensiones entre Junts y ERC, enmarcadas en las complejas negociaciones políticas, subrayan la delicada situación de la política catalana. La incertidumbre respecto a la delegación de competencias de inmigración y otros acuerdos clave, junto con las implicaciones electorales, añaden capítulos intrigantes a la narrativa política en curso.