Los servicios jurídicos del Congreso han elaborado un informe en respuesta a la solicitud del Senado de detener la tramitación de la ley de amnistía en la Cámara Baja. Según fuentes parlamentarias, este documento, que será analizado por la Mesa del Congreso, defiende la legitimidad del proceso legislativo y rechaza las alegaciones de la Cámara Alta.

El informe, elaborado por los letrados del Congreso, argumenta que la tramitación de la ley de amnistía ha seguido los procedimientos constitucionales y reglamentarios establecidos. Se enfatiza que el Congreso ha actuado dentro de sus atribuciones al remitir al Senado la proposición de Ley Orgánica de la Amnistía, cumpliendo así con su deber constitucional.

El requerimiento del Senado, promovido por el partido político PP, plantea que hubo errores durante la tramitación de la ley de amnistía en el Congreso, y sostiene que esta debería haber sido tratada como una reforma constitucional en lugar de una ley orgánica. Sin embargo, los servicios jurídicos del Congreso refutan estas afirmaciones, respaldándose en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

El informe hace hincapié en que la Mesa del Congreso debe desestimar la petición del Senado por considerarla una "improcedencia" y una "injerencia" en las competencias del Congreso. Se argumenta que el conflicto planteado no corresponde a un conflicto de atribuciones entre las cámaras legislativas, sino más bien a una disputa sobre la constitucionalidad de la ley, que debe ser dirimida por el Tribunal Constitucional.

Se subraya que la tramitación de la ley de amnistía como reforma constitucional no era viable según la jurisprudencia constitucional, ya que este procedimiento se reserva exclusivamente para reformas de preceptos particulares de la Constitución, con la presentación de un texto alternativo. Además, se recalca que la Mesa del Congreso no tiene la facultad de realizar un control de constitucionalidad sobre las iniciativas legislativas.

En cuanto a las objeciones del Senado sobre posibles "vicios formales de procedimiento", el informe critica que estas busquen interferir en la autonomía parlamentaria y sostiene que revelan la verdadera intención del Senado, que es cuestionar la inconstitucionalidad de la ley.

Los servicios jurídicos del Congreso también hacen hincapié en que la Mesa del Congreso no tiene la autoridad para paralizar o retirar una ley ya tramitada, ya que no existe un procedimiento reglamentario para hacerlo. Ceder a tal pretensión, argumentan, sería otorgar un poder excesivo a este órgano rector del Congreso.

En última instancia, se insta al Senado a retirar su planteamiento y a cumplir con su deber de tramitar la iniciativa legislativa, que actualmente se encuentra en fase de comisión en la Cámara Alta. Sin embargo, si el Congreso rechaza oficialmente el requerimiento del Senado, podría desencadenarse un conflicto constitucional ante el Tribunal Constitucional, que emitiría su primera decisión sobre la amnistía, aunque limitada a la forma en que fue tramitada.