El centro de inmigrantes de Alcalá de Henares se encuentra en el centro de una polémica creciente tras la carta enviada por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. La misiva, que pone de manifiesto "graves situaciones" y "maltrato continuado" hacia los residentes del centro, ha encendido las alarmas a nivel regional.

Según el secretario general de la organización, Rafael Escudero, los inmigrantes son sometidos a controles rigurosos y enfrentan condiciones de vida deficientes, incluyendo una alimentación inadecuada y procesos de integración ineficientes. Escudero también destaca la preocupante práctica de marcar a los residentes con bolígrafo en sus brazos para identificarlos.

Además, la carta advierte sobre la orden del Ministerio de proceder a vaciar progresivamente el centro, lo que implicaría desalojar a más de 300 usuarios, incluyendo menores, sin ofrecerles solución habitacional adecuada.

Esta situación ha llevado a la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado a presentar tres denuncias ante el Defensor del Pueblo, lamentablemente sin éxito hasta el momento. La organización critica la falta de planificación y recursos para afrontar este desafío, acusando al Gobierno central de inacción y de bloquear la participación de entidades miembro en las actuaciones de reubicación.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya había denunciado públicamente reyertas graves, un brote de sarna y posibles agresiones sexuales en el centro. Estas afirmaciones han sido confirmadas por la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, quien asegura la existencia de dos denuncias por agresión sexual en la localidad.

Este conflicto pone en evidencia la necesidad urgente de medidas efectivas para garantizar la seguridad y el bienestar de los inmigrantes en el centro, así como una mayor colaboración entre las diferentes administraciones para resolver esta crisis migratoria de manera humanitaria y eficaz.