La posibilidad de que Bruselas intervenga en contra de la amnistía parece improbable. A pesar de las llamadas de grupos europeos y la "preocupación" expresada por líderes comunitarios como Didier Reynders y Josep Borrell, la Comisión Europea no identifica conflictos entre la propuesta de ley de amnistía y los principios y normativas comunitarias. La razón es que los intereses financieros de la UE están protegidos, y los casos de 'lawfare' han sido excluidos. Según fuentes comunitarias, se considera un asunto interno cuya evaluación corresponde a las autoridades nacionales competentes, aunque el texto aún está siendo analizado.

Las principales preocupaciones de la Comisión Europea en relación con la futura ley de amnistía eran su impacto en los intereses financieros de la UE y en el Estado de Derecho, especialmente en el principio de separación de poderes debido a la posibilidad de abarcar casos de 'lawfare' o "guerra judicial". Sin embargo, tras examinar el texto presentado por el PSOE en el Congreso de los Diputados, estas preocupaciones se han disipado, ya que la propuesta de ley excluye ambas cuestiones. Aunque el texto aún está siendo analizado en profundidad por los servicios jurídicos, el artículo 2 especifica los casos excluidos de la futura amnistía, como los delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea, y aclara que los actos amnistiados están vinculados directa o indirectamente al proceso independentista.

La Comisión Europea señala que si la propuesta de ley hiciera referencia al 'lawfare', habría tenido que intervenir. Sin embargo, al tratarse de un acuerdo entre partidos políticos, en este caso, entre el PSOE y Junts, queda fuera del ámbito de acción de Bruselas. Subrayan que la Comisión Europea no puede convertirse en un "actor político" en los Estados miembros, a menos que dicho acuerdo tenga un desarrollo legislativo.

Bruselas considera que la propuesta de ley, en su estado actual, es un asunto nacional que debe ser controlado por las autoridades competentes, desde el Parlamento, encargado de tramitar y aprobar la ley, hasta el Tribunal Constitucional, que tiene la última palabra sobre su legalidad.

Las motivaciones políticas expresadas en la exposición de motivos o el respaldo de las fuerzas independentistas a la investidura de Pedro Sánchez no son relevantes para la Comisión Europea, ya que son los órganos nacionales los encargados de evaluarlas. Además, descartan cualquier similitud con el caso de Rumanía, donde Bruselas amenazó con intervenir ante una ley de amnistía diseñada para beneficiar directamente al líder del partido gobernante, situación que no se repite en el caso español. Subrayan que el artículo 7 del Tratado de la UE, que permite suspender los derechos como Estado miembro, solo se activa en caso de incumplimientos sistemáticos de los principios y normas de la UE, no ante una única infracción, por grave que sea.