En una delicada coyuntura para el Ministro de Justicia, Félix Bolaños, la Ley de Amnistía del PSOE se sumerge en una tormenta parlamentaria, enfrentando la firme oposición de los separatistas de Junts. Este revés, ocurrido durante una sesión parlamentaria, adquiere dimensiones críticas al ser rechazadas las enmiendas que buscaban garantizar la exoneración penal de Carles Puigdemont, líder separatista, actualmente objeto de dos investigaciones judiciales por presunto terrorismo y traición al Estado.

El Comisario de Justicia de la Unión Europea, el belga Didier Reynders, está preparado para recibir este miércoles tanto al Ministro socialista como al vicesecretario de Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons. Este encuentro, marcado por la mediación asumida por Bruselas, tiene como objetivo principal desbloquear la estancada renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en España.

La situación que afronta Bolaños se ve agravada por el descrédito gubernamental en materia legislativa, obligando a remitir el controvertido texto de la amnistía a la Comisión de Justicia del Congreso para reabrir las negociaciones. Este hecho no pasa desapercibido para los interlocutores comunitarios, en especial para el Partido Popular, que ha cuestionado la idoneidad de Bolaños para participar en la reunión con Bruselas, considerándolo "inhabilitado" después de lo que describen como un silencio complice ante los insultos proferidos a los jueces desde la bancada de los independentistas durante el fallido debate parlamentario.

Desde la perspectiva de los Populares, la reunión en Bruselas con el Comisario de Justicia "va del Estado de Derecho", incorporando temas cruciales como la amnistía y el terrorismo. Fuentes cercanas al Partido Popular aseguran que, de una forma u otra, la amnistía estará presente en la cita, y González Pons no dejará de referirse a la norma y el papel de los socialistas españoles en su tramitación.

La postura de Reynders hasta ahora ha sido cautelosa, manteniendo una línea prudente sobre la ley en curso hasta que concluya su tramitación parlamentaria. A pesar de ello, ha subrayado que sigue "de cerca" la situación y examinará minuciosamente si la ley es compatible con el Derecho comunitario. Ante la preocupación expresada por diversas instancias, el comisario ha solicitado información detallada al Gobierno, comprometiéndose a emitir un diagnóstico una vez finalizado el proceso.

En el ámbito europeo, la renovación del CGPJ se ha convertido en un asunto crucial. Desde hace dos años, la Comisión Europea ha instado a España a abordar con urgencia la renovación de este órgano de gobierno judicial y, de manera inmediata, emprender una reforma del sistema de elección de los vocales, alineándolo con los estándares europeos. Didier Reynders, quien ha establecido un plazo de dos meses para lograr "soluciones" en el marco de un "diálogo estructurado", comunicará tanto al PSOE como al PP la expectativa de cumplir con estos dos elementos.

El proceso se ve afectado por un desacuerdo fundamental entre los partidos, ya que los Populares abogan por la "simultaneidad" de la renovación del CGPJ y la reforma del sistema, mientras que los socialistas enfatizan la necesidad de abordar primero la renovación para, posteriormente, discutir la segunda etapa. La propuesta de los Populares busca blindar el proceso, evitando maniobras gubernamentales que puedan influir en el Consejo General de los jueces y magistrados.

En este contexto, el Partido Popular lleva a la mesa de negociación en Bruselas la propuesta de una reforma al mismo tiempo que se renueva el órgano judicial. La novedad radica en la propuesta de "simultaneidad", que, según los Populares, garantizaría una renovación efectiva y evitaría dilaciones en la reforma del sistema judicial.

Este miércoles, los Populares, representados por Esteban González Pons, buscarán persuadir al Comisario Reynders de la viabilidad de esta propuesta. La posición del Partido Popular se fundamenta en la experiencia del Comisario, quien en diciembre pasado abogó por iniciar con la renovación, aunque no descartó examinar una alternativa consensuada que combine los ritmos de la renovación y la reforma.

En conclusión, la crisis legislativa en el Ministerio de Justicia español se entrelaza con las tensiones diplomáticas en la reunión con la Unión Europea. La amnistía, el terrorismo y la renovación del CGPJ son elementos que definen un escenario político y judicial de gran complejidad, con el futuro del Poder Judicial español en juego. La capacidad de las partes para encontrar soluciones consensuadas determinará no solo el rumbo de la justicia en España, sino también su posición en el marco legal europeo.