Begoña Gómez usó La Moncloa para impulsar su actividad privada ante multinacionales

Por más que la política contemporánea se esfuerce por diluir los límites entre lo institucional y lo personal, hay ocasiones en las que el artificio se derrumba con estrépito. La reciente información publicada por OKDIARIO revela una de esas ocasiones: Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, habría utilizado dependencias oficiales de La Moncloa para promocionar su actividad privada ante representantes de empresas privadas nacionales e internacionales.

El hecho, de por sí grave, no es una mera anécdota protocolaria. Es una alerta. Un síntoma de esa erosión lenta pero constante de las formas, que precede —y, a menudo, justifica— la transgresión de los principios.

En el World Blind Summit 2021, un evento organizado por la ONCE, Gómez participó en calidad de directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense. Es decir, no como figura institucional, sino como agente privada. Desde un despacho presidencial en La Moncloa —símbolo del poder ejecutivo de la nación— expuso ante compañías como Microsoft, Mapfre o Allianz las virtudes de su proyecto académico-empresarial como herramienta para acceder a fondos públicos y contratos estatales.

Cito sus palabras, que no dejan margen para la interpretación benévola: “Para acceder a concursos públicos van a tener que desarrollar, por ejemplo, proyectos de inclusión. Va a ser decisorio para acceder a determinados contratos y fondos”.

Esta declaración encierra una lógica inquietante: que desde el núcleo mismo del poder político se ofrece un atajo —camuflado bajo la retórica del impacto social— para obtener ventajas competitivas en el mercado público. Y que ese atajo se presenta como legítimo, e incluso deseable, si cuenta con la bendición de una “cátedra” promovida por quien vive, trabaja y habla desde el corazón simbólico del Gobierno.

El desenfoque moral del poder

Cuando se examina esta conducta desde una perspectiva institucional, el problema trasciende la acción concreta. El uso de recursos públicos —espacios, personal, imagen— para finalidades privadas constituye una desfiguración del principio republicano según el cual lo público y lo privado deben permanecer nítidamente separados. No por un formalismo estéril, sino porque el respeto a esa frontera garantiza la confianza ciudadana y la integridad de la administración.

Pero aún hay más. Begoña Gómez se encuentra imputada por los presuntos delitos de apropiación indebida, corrupción en los negocios, tráfico de influencias e intrusismo. La sombra que proyecta esa imputación no se atenúa con gestos de normalidad institucional. Se agrava.

Si la Presidencia del Gobierno es utilizada para grabar vídeos promocionales de un máster, o para ofrecer orientación estratégica a empresas sobre cómo captar fondos públicos, lo que se erosiona no es solo la ética pública. Lo que se diluye es la idea misma de un Estado imparcial.

La esposa del presidente —como cualquier otro ciudadano— tiene derecho a emprender, a enseñar, a investigar. Pero no tiene derecho a convertir La Moncloa en su oficina satélite ni a disponer de recursos públicos como extensión de su actividad profesional.

La banalización como puerta de entrada al abuso

Nada de esto sería posible sin un clima político en el que la confusión entre partido, gobierno y familia se ha vuelto costumbre. La política se ha domesticado hasta volverse gestión doméstica: un espacio donde se reparte poder, influencia y acceso, con una naturalidad alarmante.

La cuestión no es jurídica. Es moral. No se trata de si una norma específica fue vulnerada, sino de si el sentido del deber y la contención han sido abandonados por quienes ocupan las más altas responsabilidades. Porque el poder no se mide por cuántas leyes permite invocar, sino por cuánta ley se decide respetar incluso cuando nadie obliga a hacerlo.

Los viejos liberales solían decir que el precio de la libertad es la vigilancia eterna. Pero en una democracia moderna, el precio de la decencia institucional es la resistencia diaria a la tentación del atajo, del privilegio, de la instrumentalización.

Cuando la sede del Ejecutivo se convierte en plató, en aula, en escaparate, el problema no es el uso logístico. Es la señal que se envía: que todo es intercambiable, que el poder es una extensión del hogar, y que lo público —en lugar de ser lo de todos— es simplemente lo de los que están.

Es una señal peligrosa. Y es deber de quienes creen en la primacía de la ley y en el respeto a las instituciones denunciarla, documentarla y rechazarla. Porque si callamos hoy, mañana será el Estado mismo quien esté al servicio de los que debieran servirlo.