La APIF pide formar parte del proceso penal contra el fiscal general
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha solicitado formalmente personarse en la causa penal abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de un presunto delito de revelación de secretos. La APIF ha indicado que esta decisión surge tras la negativa del fiscal general a cesar de su cargo a pesar de la situación procesal que atraviesa.
En un comunicado, la junta directiva de la asociación explica que esta acción busca asegurar que el liderazgo de la Fiscalía no recaiga en una persona sometida a investigación penal. En palabras de la APIF, la imputación de García Ortiz "contamina, sin remedio, a toda la carrera". También aclaran que si el fiscal general hubiera optado por abandonar su cargo, la personación en el proceso sería innecesaria.
La APIF argumenta que la situación actual afecta la imparcialidad que exige la Constitución Española en las actuaciones del Ministerio Fiscal. “No parece que sea compatible ser jurista de reconocido prestigio con la situación procesal de imputado en causa penal”, afirma la APIF en su comunicado. Asimismo, recalca que "no podemos admitir que pueda ser considerado mérito el hecho de ser investigado por la presunta comisión de un delito".
Además, la asociación asegura que su participación en la causa tiene como fin colaborar con la Sala Segunda del Tribunal Supremo, subrayando la importancia de actuar bajo los principios de imparcialidad y legalidad. La APIF sostiene que su personación responde a la necesidad de que "en todo caso, a la vista del resultado de la prueba que se practique, formularemos escrito de acusación o nos apartaremos del ejercicio de la acción penal interesando la absolución".
El Tribunal Supremo decidió por unanimidad iniciar una investigación contra Álvaro García Ortiz, en un hecho sin precedentes, ya que es la primera vez que un fiscal general del Estado se enfrenta a un proceso penal en ejercicio de su cargo. Esta causa involucra también a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, ambos acusados por la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por el presunto delito de revelación de secretos.
