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Ultimátum docente en Cantabria: cinco días para salvar los presupuestos educativos

Este miércoles se cumple un año del encierro sindical en la sede del Gobierno cántabro, y los representantes docentes han endurecido su postura al activarse su propuesta formativa sin acuerdo oficial
El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, asiste a la mesa de negociación con la Junta de Personal Docente. / A.E
El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, asiste a la mesa de negociación con la Junta de Personal Docente. / A.E

Hoy expira el plazo fijado por ANPE, STEC y UGT, sindicatos que representan la mayoría en la Junta de Personal Docente, para que el Gobierno de Cantabria firmara el pacto de adecuación salarial. Al no haberse producido ese acuerdo, las organizaciones cumplen su advertencia y rebajan desde este miércoles la exigencia de 150 a 120 horas de formación para acceder al cobro de los sexenios, según la propuesta registrada oficialmente la semana pasada.

Un año del encierro de la Junta en Peña Herbosa

La fecha coincide con un símbolo cargado de significado para el colectivo docente: este 19 de noviembre se cumple exactamente un año desde que los representantes de la Junta de Personal se encerraran en la sede del Gobierno de Cantabria, en Peña Herbosa, como medida de presión para reclamar la recuperación del poder adquisitivo. Aquel gesto marcó el inicio de una etapa de protestas que, un año después, sigue sin una resolución definitiva.

Cinco días decisivos antes del límite presupuestario

La tensión aumenta además porque quedan cinco días para que, el lunes 24 de noviembre, finalice el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad al presupuesto regional. Los sindicatos han sido claros: si ese día Cantabria continúa sin presupuestos aprobados, convocarán una concentración frente al Parlamento para exigir la retirada de la llamada ‘cláusula Silva’, que supedita la subida retributiva prevista para 2026 a que existan presupuestos en vigor.

Según han reiterado las organizaciones sindicales, esta cláusula es «inaceptable» porque condiciona un acuerdo salarial a factores políticos ajenos al profesorado y genera, a su juicio, una incertidumbre incompatible con la planificación del sistema educativo.

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