En el marco de la reciente reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, el experto en economía, Ángel de la Fuente, ha presentado un meticuloso análisis que pone de relieve la complejidad y las posibles limitaciones de algunas de las medidas propuestas. En una nota detallada de Fedea, De la Fuente examina críticamente la implementación de cláusulas destinadas a prohibir la venta a pérdidas, señalando su improbable efectividad y planteando interrogantes sobre las consecuencias a mediano y largo plazo en la eficiencia del sector.

El análisis del experto arroja luz sobre la dificultad de aplicar de manera efectiva las cláusulas destinadas a prohibir la venta a pérdidas, advirtiendo sobre posibles repercusiones negativas en la dinámica del sector alimentario. De la Fuente sugiere que, en lugar de depender de estas cláusulas, una alternativa viable podría ser la adopción de suelos de precios, una práctica tradicional que requeriría la intervención estatal mediante la compra pública de excedentes para sostener estos precios mínimos.

El núcleo de la cuestión radica en la propuesta de la reforma para otorgar un nuevo derecho a los operadores del sector alimentario: el de recuperar sus costos o vender su producción sin incurrir en pérdidas. Sin embargo, De la Fuente argumenta que este derecho solo puede materializarse si existe una obligación concreta por parte de alguien de adquirir dicha producción a un precio que cubra adecuadamente los costos de producción. Este planteamiento, según el economista, podría enfrentar obstáculos legales considerables en el contexto de la Unión Europea.

El análisis profundiza en la imposibilidad práctica de obligar a los compradores privados a contratar con productores menos eficientes a precios superiores a los del mercado. En una economía de mercado con libertad de contratación, como la que impera en la actualidad, De la Fuente sostiene que intentar imponer esta obligación resultaría "seguramente ilegal" en el marco normativo europeo.

La propuesta del experto para avanzar en la dirección buscada por la reforma implica un papel más activo del sector público como comprador de último recurso. De esta manera, se garantizaría el derecho de los productores alimentarios a vender sus productos a un precio determinado, abriendo la puerta a la fijación de suelos de precios basados en los costos medios de producción o incluso niveles más elevados para respaldar el sector alimentario doméstico.

De la Fuente destaca la importancia de encontrar un equilibrio razonable entre los diversos intereses y objetivos en conflicto, señalando que la reforma discutida no ofrece soluciones ni herramientas mejoradas para abordar estos desafíos. Asimismo, plantea la posibilidad de fijar precios mínimos generosos como medida para proteger la producción doméstica, considerando que esto podría proporcionar seguridad y autonomía en un entorno cada vez más complejo y peligroso.

En conclusión, el análisis detallado de Ángel de la Fuente arroja luz sobre las complejidades y desafíos inherentes a la implementación de la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, sugiriendo alternativas que podrían requerir una revisión exhaustiva y un debate detenido en el ámbito legislativo y económico.