La gestión de Francisco Martín al frente de la Autoridad Portuaria de Santander, desde febrero de 2021 hasta octubre de 2023, termina envuelta en controversia y marcada por una sentencia de irregularidades que ha sacudido los cimientos de la institución y desatado una tormenta de críticas sobre su liderazgo.

Durante su mandato, Martín, quien previamente se desempeñó como consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio en el Gobierno de Miguel Ángel Revilla, ha sido una figura polarizante, elogiada por unos por su experiencia y capacidad para navegar en las aguas turbulentas de la política portuaria, pero criticado por otros debido a decisiones cuestionables que ahora se ven bajo la lupa tras el veredicto judicial.

La sentencia que finalmente arrojó luz sobre las prácticas irregulares bajo su administración, involucra la adjudicación de la concesión de la marina de Raos a la «Asociación Comunidad de Propietarios de Puestos de Atraque y Módulos de Servicio del Puerto Deportivo Marina del Cantábrico». Este acto ha sido descrito como un «fraude, favoritismo y corrupción» por los demandantes, y ahora confirmado por la justicia, destapando así una red de favoritismos y gestión deficiente que ha beneficiado a los cercanos en detrimento del interés público.

Lo más alarmante de este caso es la revelación de que la asociación favorecida por la Autoridad Portuaria, bajo la gestión de Martín, era la principal deudora de la sociedad concursada Marina del Cantábrico, lo que plantea serias preguntas sobre la integridad del proceso de adjudicación y la transparencia en la gestión de los recursos portuarios.

Este escándalo mancha no solo el legado de Francisco Martín sino que también plantea interrogantes sobre la supervisión y el control de las autoridades portuarias en general, instancias que deberían primar por su transparencia y equidad en la gestión de los bienes públicos.

Mientras Martín y la Autoridad Portuaria de Santander, ahora en otras manos, enfrentan el escrutinio público y legal, la comunidad espera ansiosa por reformas y acciones concretas que restauren la confianza en las instituciones portuarias y aseguren que los recursos y concesiones se manejen con la transparencia y justicia que merecen.