CONCESIÓN DE MARINA DEL CANTÁBRICO
Escándalo en Santander: El TSJC revoca la concesión portuaria por irregularidades
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha emitido una sentencia histórica que pone al descubierto una compleja trama de irregularidades en la concesión del Puerto Deportivo Marina del Cantábrico, revocando la autorización otorgada por la Autoridad Portuaria de Santander a la Asociación Comunidad de Propietarios de Puestos de Atraque y Módulos de Servicio
El Puerto Deportivo Marina del Cantábrico, conocido por ser el mayor puerto del norte de España con capacidad para 1.079 amarres y espacio diseñado para 271 adicionales, se encuentra en el ojo del huracán judicial, tras la sentencia conocida recientemente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, una sentencia que llega después de 6 años de litigios.
El fallo, que anula la concesión otorgada a la «Asociación Comunidad de Propietarios de puestos de atraque y módulos de servicio del Puerto Deportivo Marina del Cantábrico», subraya una serie de fallos administrativos y legales en el proceso llevado a cabo por la Autoridad Portuaria de Santander (APS).
De deudas millonarias a revocación de la concesión. El centro de la polémica radica en la adjudicación de la concesión a la mencionada asociación, principal deudora de la sociedad concursada Marina de Santander S.A., con una morosidad acumulada que supera los 2.9 millones de euros, principalmente por tasas portuarias impagadas. La decisión de la APS de otorgar la concesión a esta asociación fue impugnada por Nauplia Capital SL, un operador de puertos deportivos con reconocida trayectoria, alegando «ilegalidad manifiesta» y cuestionando la solvencia y legitimidad de la asociación para asumir tal responsabilidad.
Una sentencia con implicaciones de alcance.
La sentencia, pronunciada por el Ilustrísimo Sr. Presidente Don Rafael Losada Armadá, ha sacudido los cimientos de la administración portuaria al declarar nula la autorización de concesión por falta de transparencia, despropósitos administrativos y una evidente omisión de los requisitos legales esenciales. Esta resolución no solo invalida el proceso de adjudicación a la «Asociación Comunidad de Propietarios» sino que también marca un precedente en la gestión de los recursos públicos y en la necesidad de adherirse estrictamente a los principios de legalidad, equidad y transparencia.
Este caso, marcado por una morosidad que asciende a casi 2.9 millones de euros y una serie de cuestionamientos legales, pone en entredicho la gestión del administrador concursal y la aprobación de la Autoridad Portuaria de Santander (APS).
La quiebra y la polémica adjudicación.
La Marina de Santander S.A., anteriormente cesionaria del puerto, se vio sumida en un proceso concursal en mayo de 2018, declarándose en quiebra un año después. La responsabilidad de liquidar la sociedad recayó sobre Cifrián y Fernández Sanz Asociados, culminando el proceso con la transmisión de la concesión a la «Comunidad de Propietarios de puestos de atraque y módulos de servicio del Puerto Deportivo Marina del Cantábrico». La asignación de la concesión a esta asociación, principal deudora de la sociedad quebrada, ha generado alarma por supuesta ilegalidad, dada la importante morosidad acumulada.
Irregularidades en el proceso. La sociedad Nauplia Capital, competidora en el proceso junto con otros dos licitantes, ha expresado su preocupación por las irregularidades en la adjudicación. Alega que, en cualquier proceso similar de licitación pública, es requisito indispensable estar al corriente con las deudas hacia la Administración Pública, condición que la asociación adjudicataria claramente no cumple debido a su significativa deuda de tasas portuarias con la APS. La inquietud aumenta con el visto bueno de la Autoridad Portuaria, presidida por Francisco Martín, a este procedimiento.
Implicaciones para la Autoridad Portuaria gestionada por Francisco Martín. Este caso destaca la sorprendente decisión de la Autoridad Portuaria de considerar como adjudicatario viable al principal deudor indirecto de las tasas portuarias, una decisión que no solo afecta la percepción de la gestión transparente y justa de las concesiones portuarias sino que también plantea serias dudas sobre el criterio utilizado para la adjudicación de contratos críticos. A medida que Nauplia Capital preparaba su recurso ante la Justicia, la comunidad santanderina y el sector marítimo aguardaron con gran expectativa las conclusiones de este contencioso caso, cuyo desenlace podría sentar precedentes importantes en la administración de concesiones y en la lucha contra la corrupción y el favoritismo en la gestión pública.
Repercusiones y ecos en la administración pública.
La revocación de esta concesión resalta las deficiencias en los procedimientos de adjudicación y gestión de contratos públicos, exigiendo una revisión profunda y posiblemente, una reestructuración en la forma en que se administran y otorgan dichas concesiones. Expertos y analistas ven en este fallo una oportunidad para fortalecer los mecanismos de control, evitar la corrupción y asegurar que las adjudicaciones se realicen en base a criterios objetivos y justos.
Futuro del Puerto Deportivo Marina del Cantábrico. Con la anulación de la concesión, se abre una nueva fase para el futuro del Puerto Deportivo Marina del Cantábrico. Se anticipa que el proceso de adjudicación se reinicie, esta vez con un escrutinio más detallado y un enfoque en asegurar que el nuevo concesionario cumpla con todos los criterios y requisitos necesarios para la operación efectiva y responsable del puerto. Nauplia Capital SL, por su parte, ha expresado su disposición a participar en un nuevo proceso de licitación, enfatizando su compromiso con la transparencia y la gestión ética.
La reacción de la Autoridad Portuaria y los desafíos a enfrentar. La Autoridad Portuaria de Santander, al centro de esta controversia, enfrenta ahora el reto de revisar y mejorar sus procesos internos para alinearse con las directrices establecidas por el fallo judicial. La sentencia implica no solo una revisión de este caso particular sino también un llamado a asegurar que futuras concesiones se realicen de manera que reflejen los intereses de la comunidad y el sector marítimo de manera equitativa y legal.
Un nuevo capítulo para el Puerto Deportivo Marina del Cantábrico. Este fallo judicial cierra un capítulo turbulento en la historia del Puerto Deportivo Marina del Cantábrico y abre otro hacia una gestión más transparente y justa. La comunidad marítima y los ciudadanos de Cantabria esperan ahora un proceso que garantice el desarrollo y la prosperidad del puerto, bajo una gestión que respete los principios de legalidad, competencia justa y beneficio para el interés público.
La sombra de mala gestión: El polémico legado de Francisco Martín
La gestión de Francisco Martín al frente de la Autoridad Portuaria de Santander, desde febrero de 2021 hasta octubre de 2023, termina envuelta en controversia y marcada por una sentencia de corrupción que ha sacudido los cimientos de la institución y desatado una tormenta de críticas sobre su liderazgo.
Durante su mandato, Martín, quien previamente se desempeñó como consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio en el Gobierno de Miguel Ángel Revilla, ha sido una figura polarizante, elogiada por unos por su experiencia y capacidad para navegar en las aguas turbulentas de la política portuaria, pero criticado por otros debido a decisiones cuestionables que ahora se ven bajo la lupa tras el veredicto judicial.
La sentencia que finalmente arrojó luz sobre las prácticas irregulares bajo su administración, involucra la adjudicación de la concesión de la marina de Raos a la «Asociación Comunidad de Propietarios de Puestos de Atraque y Módulos de Servicio del Puerto Deportivo Marina del Cantábrico». Este acto ha sido descrito como un «fraude, favoritismo y corrupción» por los demandantes, y ahora confirmado por la justicia, destapando así una red de favoritismos y gestión deficiente que ha beneficiado a los cercanos en detrimento del interés público.
