El Consejo de Gobierno de La Rioja ha dado luz verde a la práctica eliminación del Impuesto de Donaciones y Sucesiones entre padres e hijos y cónyuges, según ha informado el portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, que ha recordado que la medida pasará ahora a tramitación parlamentaria.

En concreto, se ha extendido a padres e hijos y cónyuges la bonificación de este impuesto al 99% -se mantiene una tributación del 1%- que durante los últimos tres años ha estado acotada a bases liquidables iguales o inferiores a 400.000 euros.

Domínguez ha realizado este anuncio en la comparecencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Ha recordado que con la práctica eliminación de este impuesto entre los parientes más cercanos, que ha calificado de "confiscatorio", se "cumple un compromiso del Gobierno de La Rioja". La supresión supondrá recaudar 8,3 millones de euros menos.

En este sentido, ha insistido en sus críticas al impuesto por "muy anacrónico" -sólo se mantiene el 1% a efectos de control administrativo- y que "será la primera de una intensa agenda de reformas que aliviarán la presión fiscal a los contribuyentes riojanos a lo largo de esta legislatura".

La Rioja recupera plenamente esta exención, que ya estuvo vigente entre 2004 y 2015, y se suma así al grupo de ocho autonomías de régimen común (Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Murcia) en las que resulta más barato legar a los parientes más cercanos (grupos I y II del impuesto), incluso que en las comunidades forales, y en las que no se penaliza a quienes hacen una donación a sus hijos o por bienes que ya tributaron a través del IRPF, IBI, AJD, IVA y las plusvalías municipales.

"Familias", ha subrayado el consejero durante su intervención, que "está esperando la supresión de una vez por todas de este impuesto injusto que castiga a quien ha trabajado, a quien ha estudiado y a quien ha guardado unos ahorros".

Según las estimaciones de la Dirección General de Tributos, el coste fiscal de la bonificación, calculado en 8,3 millones de euros, "se verá compensado con mayores ingresos derivados de la mejora de la economía, en especial, en los correspondientes al Sistema de Financiación Autonómica, y por el estricto control que la Comunidad está realizando en las políticas de gasto público como, por ejemplo, el ahorro en la estructura del Gobierno", ha destacado.

Es por ello por lo que la práctica supresión de este tributo "no supondrá ninguna merma en la prestación de los servicios públicos: dados los niveles de recaudación que existen ahora mismo en las administraciones hay margen suficiente para bajar impuestos y mantener y mejorar la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales".

La reforma fiscal, que no tendrá carácter retroactivo, inicia su tramitación como anteproyecto de Ley en el Parlamento de La Rioja y el Ejecutivo regional espera que esté aprobada "en unos meses", ha avanzado Domínguez, que además ha incidido en que "al ser un impuesto estatal lo deseable sería que el Gobierno de España lo eliminase de forma completa, como así ha venido reclamando La Rioja en años anteriores".

UN IMPUESTO "MUY ANACRÓNICO Y CONFISCATORIO"

El Gobierno de La Rioja sostiene que este impuesto es "muy anacrónico y confiscatorio" por cuanto grava bienes y derechos adquiridos por herencia, legado o donación que previamente han tributado por otros impuestos. Son los casos, por ejemplo, del patrimonio procedente de rentas de trabajo y de tasas de ahorro medias sobre los que se aplica el IRPF; así como de la vivienda habitual o de una casa en un pueblo de La Rioja con arraigo familiar, que con anterioridad ya han sido gravadas por el AJD y el IVA en el momento de la adquisición, el IBI anual por propiedad y la plusvalía municipal en caso de que pudiera haberse tributado en una sucesión anterior.

La Rioja, con la medida adoptada por el Consejo de Gobierno en la reunión celebrada este martes, recupera su posición "en el grupo de vanguardia" de las comunidades autónomas que han decidido suprimir este impuesto o mantenerlo de forma simbólica, con una mínima tributación del 1% a efectos de garantizar el necesario control administrativo.