A medida que avanza la reforma del mercado eléctrico, se pone de manifiesto la necesidad de ampliar y modernizar las redes de transporte y distribución de la energía para cumplir los objetivos de descarbonización total de economía europea en 2050. Los mayores esfuerzos se han destinado hacia la inversión en generación de eléctrica con energía renovables (hidráulica, eólica o fotovoltaica), pero sin una red de transporte y distribución amplia que una a productores y usuarios esta energía puede quedar desaprovechada. Un reciente dato a nivel mundial apunta a que 3.000 GW de energía verde están esperando su conexión a redes.

En Europa, el continente más ambicioso en la transición energética que pretende impulsar la reforma del mercado eléctrico, hay luces y sombras en este proceso de transición. Tras la aprobación el pasado octubre por la Comisión Europea de la reforma eléctrica —a falta del refrendo formal del Parlamento Europeo— se ha presentado un plan de desarrollo con el objetivo de financiar los 584.000 millones que se deberán invertir en las redes durante esta década. No solo implica la modernización y ampliación de la red para cubrir los objetivos medioambientales, sino atender a una demanda creciente con la electrificación de amplios sectores económicos muy contaminantes como la industria, el transporte, o la calefacción.

En este importante plan de acción de inversión en redes, la Comisión Europea hace referencia al uso de distintos instrumentos de financiación de la Unión Europea (UE), como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), los Fondos de Cohesión (FC) o el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (FRR), incluyendo su componente REPowerEU.

Kadri Simson (Comisaria europea de Energía) manifiestó que “no es posible un futuro verde para Europa sin una red eléctrica mejorada”. Destaca, además, que la inversión en redes eléctricas potencia la oportunidad industrial y comercial para Europa. Las redes eléctricas deben dejar de ser una barrera para las renovables y para la electrificación y convertirse en un poderoso potenciador hacia el futuro sostenible. Incluso, las asociaciones de renovables europeas como WindEurope, que aglutina las empresas desarrolladoras de proyectos de energía eólica, consideran crítica la inversión en redes eléctricas y manifiesta que no tiene sentido hacer más inversiones en renovables si éstas no van a llegar a los consumidores. En este mismo sentido se pronuncia un reciente informe de la consultora PwC sobre la importancia de las redes en la transformación del sistema eléctrico.

La AIE (Agencia Internacional de la Energía) destaca en su informe Electricity Grids and Secure Energy Transitions que es necesario duplicar la inversión en redes eléctricas de aquí a 2040 para poder cumplir con los objetivos climáticos y garantizar de este modo la seguridad de suministro. Si no se expanden las redes, no se puede dar cabida a las energías renovables y la descarbonización del sistema económico no se llegará a producir.

La oportunidad de invertir en España

La reforma del mercado eléctrico adolece, en el caso de España, de deficiencias que deberán ser subsanadas con rapidez y eficiencia. Según el informe de PwC, cada vez existe una mayor demanda procedente de nuevas industrias que quieren instalarse en España y empresas ya existentes que quieren electrificarse debido a la ventaja competitiva derivada de la alta disponibilidad de recursos renovables (sol, viento y terreno) que se tiene a nivel nacional frente a la mayoría de los países de la Unión Europea (UE). La disponibilidad de electricidad renovable a un precio competitivo es un factor determinante para la decisión de invertir en España.

Sin duda, al Gobierno español se le abre una puerta a la reforma del mercado eléctrico con el mencionado plan de acción europeo, al poder apoyarse en los fondos que ofrece. Con esta iniciativa el ejecutivo tiene una gran oportunidad para mejorar la infraestructura y no desaprovechar su posición privilegiada en la generación renovable al disponer de 23.000 millones de euros en fondos FEDER hasta el año 2027. Además, estos fondos aliviarían la carga de los consumidores, ya que en cada recibo destinan una parte de este a financiar las redes eléctricas. Con los fondos europeos ese abono o ya no sería necesario o sería mucho menor. Para ello, se requiere voluntad política por parte del Estado para dirigir estos fondos hacia las redes, y una reforma que facilite el despliegue de las inversiones por las empresas, sin repercusión en las tarifas de los consumidores.

Esos 23.000 millones de euros de los Fondos FEDER empujarían, sin duda, los actuales planes del Gobierno español recogidos en el borrador del PINIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) para el periodo 2023-2030 que prevé inversiones en la red por importe de 53.000 millones de euros. Una cantidad que a pesar de todo no parece suficientemente ambiciosa, dada la transformación que debe experimentar la economía en su proceso de electrificación.

El PINIEC, en cuanto a la inversión redes, no cumple los objetivos que establecen la proporción entre la inversión en generación de renovables y la correspondiente inversión en redes. La cifra global de este plan supone destinar 0,45 euros en redes por cada euro invertido en capacidad de generación renovable, muy lejos de los 0,67 euros por euro renovable que considera imprescindible la patronal europea Eurelectric y muy por debajo de los 0,85 euros de media que estima la Agencia Internacional de la Energía.

La infrainversión de España en redes eléctricas viene de atrás. En plena crisis financiera, en 2013, el Gobierno de Rajoy tomó la decisión coyuntural de limitar anualmente la inversión en redes de distribución, responsabilidad de las empresas de distribución eléctrica, del 0,13% del PIB —unos 2.000 millones de euros—; y del 0,065% en transporte, responsabilidad de Red Eléctrica, el equivalente a 1.000 millones. Estos límites fueron modificados al alza excepcionalmente como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia y la guerra de Ucrania durante los años 2020 y 2022, pero después, el Ejecutivo de Pedro Sánchez restableció los topes anteriores. Es preciso, pues, un cambio legislativo para permitir mayores inversiones en esta importante reforma del mercado eléctrico, apoyadas también en el uso de los fondos europeos.

Redes y almacenamiento de energía

En la reforma del mercado eléctrico redes y almacenamiento de energía van estrechamente unidos. El uso de energías limpias obliga a contar con un sistema que guarde la producción renovable para los momentos climatológicos y estacionarios que reduzcan esta generación verde. Así, la reforma, digitalización y ampliación de la red eléctrica debe venir acompañada de sistemas de almacenamiento que garanticen el suministro a los consumidores finales.

El sistema de bombeo hidroeléctrico es una de las alternativas más asequibles y limpias a la hora de abordar el almacenamiento. Un sistema que bombea el agua hacia un pantano en los momentos que hay excedente de electricidad para luego soltarla cuando caiga la producción renovable, aportando seguridad al suministro. En España, hay aproximadamente 20 GW de potencia instalada en centrales hidroeléctricas convencionales que almacenan agua en el embalse y, después de generar energía, liberan el flujo hacia el río o el mar. De este total, solo 3,3 GW corresponden a centrales de bombeo, por lo que se debería abundar en esta tecnología.

Asistimos también a la apuesta por almacenamiento en baterías con inversiones importante del sector privado para asegurar el suministro en los contratos firmados con sus clientes. No obstante, todavía cabe esperar un mayor desarrollo de estas tecnologías que hagan, en este caso, el almacenamiento más fiable y asequible.