El Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria concluye que la Ley de Vivienda "intervendrá completamente" el mercado del alquiler, sin solucionar ninguno de sus problemas, agravándolos e introduciendo nuevos impedimentos.

Desde el Observatorio señalan que establecer precios máximos "no tiene ningún sentido" y es una decisión económica "irracional" que conduce a distorsionar el libre juego del mercado. Apuntan, además, que dichas distorsiones conllevarán una disminución de las transacciones.

Tras analizar la Ley, los expertos de la universidad señalan que los problemas en el mercado del alquiler se acentúan al prohibir que el precio de estos se indexe a la inflación o se forme en libre equilibrio de mercado. Señalan que de esta forma se limita que un inversor obtenga la rentabilidad que busca y podría provocar un pérdida de esta en el caso de los fondos de inversión.

Desde el observatorio apuntan también que la nueva ley aumenta de manera "indirecta y artificial" las zonas tensionadas, al rebajar el umbral a un diferencial de tres puntos sobre el aumento del IPC de los últimos cinco años.

A su vez, recalcan que se dificulta el proceso de desahucios, lo que supone un mayor riesgo para los arrendadores, pues puede provocar un aumento de impagos. Además, esto podría provocar que los propietarios alquilaran sus viviendas solo a rentas medias y altas, para minimizar así el riesgo de impago.

Desde el Observatorio apuntan que la Ley de Vivienda contribuirá a que descienda la oferta y la rentabilidad de los propietarios. Critica, además, que no luche contra la okupación y señala que "tiene más tintes políticos que técnicos, constituyendo una vuelta atrás".

La Universidad Francisco de Vitoria cree que sería más conveniente diseñar un marco regulatorio adecuado que permitiera al sector privado poner viviendas en el mercado, incrementando así la oferta.

Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Economía y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha manifestado este viernes en Pamplona que con la movilización de las viviendas de Sareb para alquiler asequible se devolverá a los ciudadanos parte del coste del rescate bancario de hace 12 años, cuando gobernaba el PP.