Los españoles tendrán que pagar a Shakira por la chapuza de Hacienda
El tribunal anula la resolución contra la cantante, ordena devolver las cantidades ingresadas con intereses y condena en costas a la Administración
Hacienda vuelve a quedar retratada. La Audiencia Nacional ha anulado la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 22 de julio de 2021 contra Shakira, relativa al IRPF y al Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2011.
La consecuencia es demoledora: la Administración deberá devolver a la artista las cantidades ingresadas, más los intereses legales, y además asumir las costas del procedimiento.
En otras palabras: la chapuza no la paga quien la provocó. La pagarán, como siempre, los españoles.
«Nunca hubo fraude»
Tras conocerse el fallo, Shakira ha sido contundente. La cantante ha asegurado que ha soportado durante más de ocho años un «señalamiento público brutal» y campañas que, según denuncia, buscaban destruir su reputación.
«Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto», ha declarado.
La artista sostiene que durante casi una década fue tratada como culpable y que su nombre se utilizó para lanzar un mensaje intimidatorio al resto de contribuyentes.
55 millones retenidos y una sentencia que desmonta el relato
La Audiencia Nacional fija la cuantía del litigio en más de 55 millones de euros. La agencia de representación de Shakira eleva la cifra retenida durante años a unos 60 millones, correspondientes al capital de trabajo de su gira mundial de 2011 y sus gastos.
Aquel año, la cantante realizó 120 conciertos en 37 países. Según sus representantes, no tenía casa en España, ni hijos, ni centro de negocios en el país.
El tribunal concluye que la Administración no acreditó que Shakira permaneciera en España más de 183 días en 2011, requisito clave para considerarla residente fiscal.
La clave: 163 días en España, no 183
La sentencia señala que la estancia de Shakira en España fue de 163 días, por debajo del umbral legal de 183 días.
Además, la Sala considera que Hacienda tampoco probó que la cantante tuviera en España el núcleo principal de sus intereses económicos ni un núcleo familiar a efectos legales.
El fallo también apunta que el entramado empresarial atribuido a la artista radicaba fuera de España y que la mayor parte de su actividad económica se desarrollaba fuera del territorio nacional.
Un golpe judicial a Hacienda
El abogado de la cantante, José Luis Prada, ha calificado el proceso como un «calvario de ocho años» y ha criticado una práctica administrativa «poco rigurosa».
Según el letrado, Shakira ha podido llegar hasta el final porque tenía recursos para defenderse, pero muchos contribuyentes anónimos no pueden soportar procedimientos así.
La sentencia todavía puede ser recurrida en casación en el plazo de 30 días, pero el golpe judicial a Hacienda ya es evidente.
La pregunta incómoda
El caso deja una cuestión difícil de esquivar: ¿quién responde cuando la Administración se equivoca de forma tan grave?
Porque si Hacienda pierde, devuelve el dinero con intereses y paga costas, pero el coste no sale del bolsillo de los responsables políticos ni administrativos.
Sale del bolsillo de todos.
Y mientras tanto, el contribuyente queda sometido a un sistema que puede arruinar reputaciones, bloquear millones y obligar a años de batalla judicial antes de que alguien diga lo evidente: aquello no se ajustaba a derecho.
