El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) ha emitido un fallo trascendental que desestima la imposición de sanciones por parte de la Agencia Tributaria a contribuyentes que hayan incurrido en errores en sus declaraciones fiscales. La sentencia, emanada en octubre de 2022, pero recientemente puesta de manifiesto por El Confidencial, aborda un caso particular relacionado con un contribuyente sancionado por Hacienda debido a imprecisiones en sus declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016.

Este contribuyente, si bien admitía la existencia de las incorrecciones, basaba su defensa en la falta de "mínimas exigencias de motivación" en la sanción, subrayando la ausencia de pruebas que respaldaran la culpabilidad. En términos más claros, el contribuyente negaba cualquier intencionalidad detrás de los errores cometidos, alegando una mera negligencia en su proceder fiscal.

El acuerdo sancionador de Hacienda argumentaba que las conductas examinadas evidenciaban "una cierta negligencia merecedora del reproche en que consiste la sanción". No obstante, el TSJG, en su dictamen, desestima estos argumentos, afirmando que aceptarlos equivaldría a sancionar comportamientos simplemente por el incumplimiento de las normas fiscales, sin considerar la existencia del elemento subjetivo sancionador.

El tribunal gallego va más allá al destacar la aceptación del "derecho al error", una propuesta impulsada por el Consejo para la Defensa del Contribuyente (CDC), la cual aboga por la inclusión de esta figura en la Ley General Tributaria. Aunque dicha propuesta aún no ha sido incorporada a la ley, se plantea la posibilidad de evitar sanciones por incumplimientos involuntarios de las normas fiscales.

En este contexto, el CDC presentó en mayo de 2022 una propuesta integral para la incorporación del "derecho al error" al ordenamiento tributario español. Destaca la necesidad de establecer normas con rango de ley que regulen el derecho a rectificar errores, una laguna legal que persiste hasta el momento.

En última instancia, el CDC aboga por evaluar la conducta del contribuyente a lo largo del tiempo, proponiendo que la imposición de sanciones solo sea aplicable en casos de negligencia comprobada y no dolosa. Cabe resaltar que, debido a la naturaleza del fallo emitido por el TSJG, este no vincula directamente a Hacienda y tiene un alcance limitado, siendo de mayor impacto para los contribuyentes residentes en Galicia.

Aunque la sentencia representa un precedente valioso, especialmente en la región gallega, donde los contribuyentes pueden apelar a esta decisión, queda por verse si este fallo sentará las bases para un cambio más amplio en la política fiscal española. La cuestión central que se plantea es si Hacienda debería reconsiderar la intencionalidad de los contribuyentes al evaluar posibles infracciones fiscales. Este episodio podría desencadenar un debate más profundo sobre la necesidad de reformas en la normativa tributaria para garantizar una mayor equidad y comprensión de las circunstancias individuales de los contribuyentes.