El intervencionismo de Sánchez asusta a los fondos: España, vista como un “mercado provinciano”
La injerencia en operaciones como la OPA de BBVA o la entrada en Talgo dispara las consultas de inversores extranjeros por inseguridad jurídica
El creciente intervencionismo del Gobierno español ha encendido las alarmas entre inversores internacionales. Grandes fondos y empresas extranjeras están intensificando sus consultas a bufetes especializados en derecho regulatorio, ante el temor de nuevas restricciones o condiciones en sectores clave de la economía nacional.
Según fuentes del sector legal y financiero consultadas por Vozpópuli, el punto de inflexión fue el 24 de junio de 2025, cuando el Consejo de Ministros impuso duras condiciones para bloquear la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell: prohibición de fusionar ambas entidades durante tres años y veto a ajustes de plantilla o cierres de oficinas.
Intervencionismo creciente: de Talgo a Telefónica
El caso de BBVA no es aislado. Un año antes, el Gobierno vetó la OPA de la firma húngara Magyar Vagon sobre Talgo, alegando “seguridad nacional”, y meses después la SEPI entró en el capital de la ferroviaria española, pagando una prima superior al 40%. Más recientemente, el Ejecutivo intervino en Telefónica, recuperando una participación del 10% y forzando el relevo de José María Álvarez-Pallete por Marc Murtra como presidente.
Estas operaciones consolidan una tendencia que Pedro Sánchez anticipó en el Foro de Davos de 2024, donde expresó su intención de dar al Gobierno un papel más activo en el tejido empresarial español.
Preocupación en Bruselas y caída de operaciones
La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento EU Pilot contra España por posible vulneración de los principios comunitarios de libertad de empresa y circulación de capitales. Bruselas cuestiona la discrecionalidad con la que el Consejo de Ministros ha prolongado expedientes regulatorios, como el de la OPA del BBVA, y vigila de cerca la evolución del caso.
Según datos de TTR Data, el número de operaciones corporativas en España cayó un 17% hasta julio, reflejo del creciente clima de incertidumbre. Desde la CEOE, su presidente Antonio Garamendi ha criticado abiertamente la politización de los procesos empresariales:
“No podemos estar 14 meses en una inestabilidad continua. Esto debió resolverse hace un año. Se ha politizado mucho la operación”, declaró.
Los inversores se lo piensan dos veces
Los despachos de abogados coinciden en que la inseguridad jurídica y la injerencia política son ahora factores clave que muchos inversores tienen en cuenta antes de tomar decisiones en España. Algunos fondos internacionales, según fuentes legales, ya califican al país como un “mercado provinciano”, lo que puede limitar su capacidad para atraer capital en sectores estratégicos.
El Ministerio de Economía, liderado por Carlos Cuerpo, se ampara en la Ley de Defensa de la Competencia de 2007 para justificar medidas restrictivas por “interés general”, aunque cada vez más voces cuestionan su aplicación discrecional.
