Huelga en Hacienda: los técnicos se plantan contra Montero
Por primera vez desde 2008, los técnicos del Ministerio de Hacienda irán a la huelga. La convocatoria, prevista para el próximo 26 de noviembre, representa un golpe sin precedentes a la Agencia Tributaria, ya que afectará al trabajo de más de 8.500 funcionarios en toda España. El motivo: la creciente falta de medios, la falta de reconocimiento profesional y lo que consideran un modelo ineficaz y desigual en la lucha contra el fraude fiscal.
La protesta, promovida por el sindicato Gestha, pone en el foco de la crítica directa a la ministra María Jesús Montero, a la que acusan de haber desatendido las necesidades del cuerpo técnico durante años, al tiempo que refuerza la presión fiscal sobre autónomos y pymes, dejando prácticamente impunes a los grandes evasores y patrimonios opacos.
Reivindicaciones estructurales y críticas a la gestión de Montero
Una de las exigencias centrales de los técnicos es la creación de una carrera profesional adaptada al Estatuto Básico del Empleado Público, que permita evitar la fuga de talento y ofrecer mayor estabilidad a un colectivo esencial para el funcionamiento del sistema fiscal español. Según Gestha, la ausencia de esta estructura profesionalizada está lastrando la capacidad del Estado para controlar el gasto público y combatir el fraude fiscal de forma eficaz.
Asimismo, los técnicos denuncian una discriminación en los traslados de destino, ya que quienes aprueban por promoción interna tienen prioridad sobre funcionarios con más antigüedad. Esta situación afecta a unos 1.200 técnicos que actualmente no pueden regresar a sus comunidades o provincias de origen.
Otra de las principales quejas se centra en la falta de reconocimiento institucional. Aunque se encargan de funciones clave como embargos, inspecciones, liquidaciones tributarias, sanciones e incluso peritajes judiciales, su clasificación administrativa como grupo A2 —frente al A1 del Cuerpo Superior de Inspectores— limita su proyección y poder de decisión. Por ello, exigen su reclasificación al grupo A1 o directamente la eliminación de la distinción entre A1 y A2.
También reclaman una subida de los complementos específicos para adecuarlos al nivel de responsabilidad que asumen, especialmente en áreas como la Intervención General del Estado, el Catastro y los tribunales económico-administrativos, donde constituyen la mayoría del personal técnico cualificado.
Un paro que pone en riesgo la recaudación y fiscalización del Estado
Desde el sindicato Gestha recuerdan que los técnicos representan el 80% del personal del grupo A con competencias para investigar fraude fiscal y aduanero, liquidar deudas y sanciones, así como cobrarlas. Además, el 91% de los técnicos que controlan el gasto público, las subvenciones y los fondos públicos pertenecen a este cuerpo, por lo que su paro afectará directamente a la actividad fiscalizadora del Estado.
Además de la huelga, el colectivo ha convocado una movilización en Madrid el mismo día 26 de noviembre. El mensaje es claro: sin técnicos, no hay lucha efectiva contra el fraude fiscal ni garantía de un uso responsable del dinero público.
El conflicto, que podría agravarse si no hay respuesta del Gobierno, llega en un contexto económico delicado, con una deuda pública desbocada, presión fiscal récord y un creciente malestar entre los trabajadores públicos encargados de hacer cumplir las normas.
