España ha pedido a la Comisión Europea que ponga “cuanto antes” sobre la mesa una propuesta legislativa, con el fin de que, durante la presidencia española de la UE, se pueda avanzar en una financiación de infraestructuras de telecomunicaciones que permita a las telcos invertir.

La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se ha referido este lunes, en la primera jornada del Congreso Mundial de Móviles (MWC) de Barcelona, a la consulta pública lanzada por la Comisión Europea relativa al pago de infraestructuras de telecomunicaciones.

Para Calviño, es “evidente” que todos los agentes que se benefician de las redes de telecomunicaciones tienen que contribuir a una financiación justa de las mismas, en alusión a las reclamaciones de las telcos que quieren que las grandes tecnológicas que generan gran tráfico por la red contribuyan a sufragar estas infraestructuras.

Breton niega una batalla entre grandes empresas y telcos

Sobre esta consulta, lanzada la semana pasada, también se ha referido, poco antes en el Congreso, el comisario de Mercado Interior de la UE, Thierry Breton, quien ha negado que esta consulta suponga abrir una batalla entre las telcos y los gigantes tecnológicos.

A su juicio, “hay mucho más en juego. No se trata de si un interés creado debe prevalecer sobre otro. Se trata de lograr el gran salto de conectividad que tenemos por delante”.

Ha afirmado que habrá que encontrar un modelo de financiación para las enormes inversiones necesarias en infraestructuras, de manera que respete los valores fundamentales de Europa, que es la libertad de elección del usuario final y la de ofrecer campos de juego equitativos.

En el aire una normativa más detallada

Preguntada por la lista de proveedores de alto riesgo para el 5G en materia de ciberseguridad, Calviño ha recordado que España ha adoptado la legislación igual que el resto de países y que los principios de la normativa “son bien conocidos” por los operadores, y lo están integrando.

Todo ello, independientemente de que se “adopte o no formalmente algún tipo de decisiones o normativa más detallada”, en alusión a esta lista de proveedores de alto riesgo, que no ha sido dada a conocer de forma oficial.