En el trasfondo económico de España, la Seguridad Social emerge como un tema de creciente preocupación, siendo su endeudamiento uno de los desafíos más apremiantes que enfrenta el país. La última legislatura ha sido testigo de un significativo aumento en la carga financiera de este organismo, con un marcado incremento de más de 10.000 millones de euros en noviembre. Esta elevación del 9,4%, ha llevado el déficit total a una cifra preocupante de 116.172 millones de euros.

Desde hace años, las señales de alarma han resonado desde Bruselas, con repetidos llamados de atención a los responsables económicos del Gobierno español respecto al preocupante endeudamiento. En el tercer trimestre de 2023, el endeudamiento alcanzó el 109,8% del Producto Interno Bruto (PIB), según indicadores internacionales, generando una seria inquietud sobre la sostenibilidad financiera del sistema.

En un esfuerzo por contrarrestar este escenario, el Gobierno ha proyectado un descenso gradual del endeudamiento, estimando cifras optimistas que indican una reducción al 106,3% en 2024, 105,4% en 2025 y 104,4% en 2026. No obstante, estas proyecciones están sustentadas en expectativas de crecimiento del PIB que han sido revisadas a la baja por diversas instituciones financieras, planteando dudas sobre la factibilidad de estas metas.

La situación de la Seguridad Social se agrava con el desequilibrio presupuestario que ha llevado a la Tesorería General a solicitar préstamos del Estado. El Banco de España ha destacado que el aumento registrado en noviembre es consecuencia de estos préstamos, destinados a paliar el déficit presupuestario del organismo. Es importante destacar que las prestaciones contributivas, que en el pasado se financiaban principalmente a través de cotizaciones sociales, han experimentado un cambio paradigmático, requiriendo ahora aportaciones directas del Gobierno para mantener su sostenibilidad financiera.

Sin embargo, la cuestión de la magnitud del déficit se vuelve aún más compleja al analizar los datos oficiales en comparación con los registros de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Aunque las autoridades informaron un superávit de 6.032 millones en diciembre de 2021 y un déficit de 5.986 millones en 2022, una inspección detallada revela un déficit real de 31.966 y 44.561 millones, respectivamente. Esta disparidad se atribuye a las transferencias periódicas de Hacienda, destinadas a compensar el desequilibrio presupuestario.

La historia del endeudamiento en la Seguridad Social no es nueva, pero bajo el liderazgo del actual Gobierno, encabezado por Pedro Sánchez desde junio de 2018, ha alcanzado niveles sin precedentes. El pasivo ha experimentado un asombroso incremento del 233%, generando interrogantes sobre la eficacia de la reforma liderada por José Luis Escrivá para garantizar la viabilidad a largo plazo. Un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) advierte que, de no tomarse medidas adicionales, el gasto en pensiones podría elevarse al 18% del PIB para el año 2050.

En este contexto, surge la controvertida propuesta del presidente Sánchez de recuperar y ampliar la denominada "hucha de las pensiones" a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Esta estrategia, que implica el uso de cotizaciones adicionales, ha generado críticas, ya que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la "hucha de las pensiones," dejó de recibir ingresos desde 2010, y ha sido progresivamente vaciado mediante disposiciones gubernamentales.

En conclusión, la cuestión del endeudamiento en la Seguridad Social no solo representa un desafío financiero inmediato, sino que también plantea interrogantes más profundos sobre la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones en España. La viabilidad de las proyecciones gubernamentales y la necesidad de medidas adicionales se erigen como elementos cruciales en el actual panorama económico y social del país.