La falta de transparencia se ha convertido en una característica del Gobierno de Pedro Sánchez, y esta situación se ha vuelto aún más evidente tras los recientes compromisos formalizados con Bruselas. El nuevo titular de Función Pública, José Luis Escrivá, ha revelado finalmente la cifra real de empleados públicos a finales de julio del año pasado, exponiendo un número sorprendente que supera los tres millones, marcando un récord histórico. Este hallazgo impactante se debe a la detección de casi 300.000 funcionarios más de los estimados previamente.

Reflejado en el último boletín estadístico de personal al servicio de las Administraciones Públicas, esta actualización incluye por primera vez a trabajadores con contratos de menos de seis meses y al personal en formación. Específicamente, el incremento de 224.000 empleados en el ámbito estatal y autonómico se atribuye a la incorporación del personal laboral temporal con contratos cortos, mientras que otros 70.000 corresponden al personal en formación o en prácticas. Este cambio metodológico es parte de la reforma administrativa prometida por el Gobierno a Bruselas dentro del Plan de Recuperación y se inició bajo la gestión de María Jesús Montero.

Este descubrimiento expone aún más la opacidad con la que el Gobierno ha manejado sus cifras, similar a la manipulación de datos por parte de Tezanos, para beneficio propio.

La Carga Económica Sobre el Sector Privado

Con estos nuevos datos, se hace evidente una preocupante realidad para los empresarios. Actualmente, la dependencia directa de los recursos estatales, autonómicos y municipales se extiende a 19,3 millones de ciudadanos, incluyendo funcionarios, pensionistas, desempleados y beneficiarios de diversas ayudas. Este número contrasta con los 14,3 millones que dependen del sector privado.

Por lo tanto, cada trabajador del sector privado sostiene a 1,5 personas del sector público, asumiendo anualmente más de 19.000 euros en pagos sociales.

La Posición de los Sindicatos y la Gestión de Sánchez

A pesar del aumento en el número de funcionarios, los sindicatos consideran que la Oferta de Empleo Públicos (OEP) sigue siendo insuficiente. Advierten que la pérdida de 39.000 empleos en la Administración estatal desde 2013 y la alta edad promedio de las plantillas podrían generar problemas futuros. Desde la llegada de Pedro Sánchez al poder, ha habido un aumento de casi 400.000 funcionarios, por lo que aproximadamente 100.000 nuevos puestos son resultado de las sucesivas OEP.

Este desarrollo plantea serias preguntas sobre la gestión y la transparencia del actual Gobierno socialista, destacando la necesidad de un escrutinio más riguroso y una gestión más eficaz de los recursos públicos.

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