El anteproyecto de Ley contempla medidas contra la especulación, regula las actuaciones de rehabilitación, y hace que nuevas viviendas de protección oficial mantengan esa condición de forma indefinida.

Estas son algunas de las medidas de la nueva Ley de Vivienda, cuyo borrador de anteproyecto ha sido presentado este miércoles por la consejera de Empleo y Políticas Social, Ana Belén Álvarez, que ha hecho hincapié en que esta propuesta de ley «pone el foco» sobre medidas que favorezcan el acceso a la vivienda, incentivando la movilización de las que se encuentran vacías; poniendo limites a actuaciones especulativas por parte de entidades financieras y grandes tenedores; y fijando como una prioridad incentivar las actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana.

«La esencia que define este anteproyecto de Ley de Vivienda es su carácter social», ha insistido la consejera, quien, tras reconocer que «no existen fórmulas mágicas, ni leyes que vayan a resolver de la noche a la mañana el problema de acceso a la vivienda», se ha mostrado convencida de que la propuesta que va a elevar el Gobierno al Parlamento «va a suponer avances significativos».

Antes de desgranar las principales medidas contempladas en el anteproyecto de ley, Ana Belén Alvarez ha enfatizado, desde el inicio de la legislatura, la Consejería se marcó como primer objetivo ampliar el parque público de vivienda en alquiler, «en 20 meses se ha incrementado el parque público en 113 viviendas, pasando de 234 a 386», lo que supone un incremento del 48 %; y hasta el final de la legislatura se harán «todos los esfuerzos por duplicarlo».

La consejera ha valorado que es «la primera vez» que se redacta en Cantabria una Ley de Vivienda «inregral», que aborda todos los aspectos y clarifica el régimen competencial. Y ha añadido que se ha tratado de hacer bajo dos premisas, «precisión», sin introducir más regulación que la estrictamente necesaria, y «claridad», con redacción y terminología «entendible».

Viviendas.

Se establecen medidas para fomentar la movilización de viviendas deshabitadas. Para ello, entre otras cosas, se determina la obligación de que ciertas viviendas desocupadas por un largo período de tiempo pasen a formar parte del parque público de vivienda en alquiler durante un periodo de tiempo determinado, medida «especialmente pensada» para movilizar las viviendas en manos de entidades financieras o fondos de inversión.

Al mismo tiempo, los «grandes tenedores» tendrán que ofrecer un alquiler social en los casos de adquisición de viviendas mediante ejecución hipotecaria, dación en pago o compensación, de forma previa a interponer cualquier acción judicial contra personas que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad y no dispongan de alternativa propia de vivienda.

Por lo que respecta al derecho de tanteo, la consejera ha apuntado que se amplía a las transmisiones de edificios completos donde al menos hay una vivienda alquilada, en el caso de que se vendan a un único comprador. Además, el anteproyecto de ley contempla la posibilidad de expropiación del usufructo temporal de viviendas incursas en procedimiento de desahucio por ejecución hipotecaria.

Como novedad, la consejera ha anunciado que «por primera vez», se creará en Cantabria el Registro de Viviendas Vacías, para conocer con exactitud el número de viviendas que se encuentran en esa situación y poder llevar a cabo iniciativas que promuevan e incentiven su incorporación al mercado de venta o alquiler.

Y también ha destacado que la propuesta de ley establece la obligación legal de la Administración de presentar un plan plurianual de rehabilitación y ampliación del parque público de vivienda autonómico que garantice la efectiva habitabilidad de las viviendas que lo componen y que recoja las necesidades de ampliación del mismo. «Su vigencia será de 5 años y, anualmente, se evaluará el grado de cumplimiento del mismo y se establecerán medidas de corrección», ha explicado.

Y, con el fin de dar garantías jurídicas al alquiler y tener información real del precio medio de alquiler, se estable la obligación de depositar fianzas de los contratos de alquiler en el Gobierno de Cantabria y de registrar los contratos. 

El borrador se puede consultar en el portal de Transparencia del Gobierno de Cantabria.