Revalorización con truco: el Gobierno da 500 euros… y se queda con 215
La anunciada revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para este año no tendrá un impacto íntegro en el bolsillo de los jubilados. Aunque las prestaciones subirán un 2,7%, en línea con la inflación media de 2025, una parte significativa de ese incremento regresará a las arcas públicas a través del IRPF, especialmente en el caso de las pensiones más bajas que ya tributan.
Tras el fracaso parlamentario del denominado decreto ómnibus, que incluía medidas de muy distinta naturaleza, el Ejecutivo ha optado por llevar la actualización de las pensiones en un decreto independiente aprobado por el Consejo de Ministros. Esta vía garantiza que la subida llegue a los más de 9 millones de pensionistas y evita un nuevo bloqueo en el Congreso de los Diputados.
La revalorización ya se ha aplicado desde el mes de enero y supone, según las estimaciones oficiales, un incremento medio de entre 500 y 570 euros anuales, dependiendo del tipo de pensión. En total, la medida beneficia a 9,4 millones de personas que perciben más de 10,4 millones de pensiones contributivas, además de cerca de 735.000 pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado.
Sin embargo, el efecto real de esta subida se ve reducido por el impacto fiscal. Al aumentar la cuantía anual percibida, muchos pensionistas ven incrementada su base imponible, lo que se traduce en un mayor pago de impuestos. De este modo, una parte relevante de la mejora anunciada no se consolida como renta neta para el beneficiario.
Los datos facilitados por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) muestran con claridad este fenómeno. En el caso de una pensión anual de 16.320,53 euros, la revalorización supone 440,65 euros más al año. Sin embargo, el aumento del IRPF implica que 189,48 euros de esa subida vuelven al Estado, por lo que el pensionista solo percibe 251,17 euros netos adicionales.
Este patrón se repite en otros niveles de pensión que se sitúan en los tramos más bajos sujetos a tributación. En pensiones anuales de 18.504 euros, 20.560 euros y 22.672 euros, Hacienda absorbe aproximadamente el 43% del incremento total, lo que reduce de forma notable el efecto real de la revalorización. En cuantías superiores, como 24.672 euros o 26.728 euros, el porcentaje retenido sigue siendo elevado, aunque ligeramente inferior en términos relativos.
La situación pone de relieve una paradoja fiscal: mientras el Gobierno destaca el esfuerzo presupuestario que supone la actualización de las pensiones, una parte relevante de ese gasto retorna al propio Estado vía impuestos. Esto convierte a Hacienda en uno de los principales beneficiarios indirectos de la medida, especialmente en un contexto de presión sobre las cuentas públicas.
El sistema actual hace que incluso pensiones consideradas bajas o medias vean diluida buena parte de la subida anunciada. Para muchos jubilados, el incremento sirve más para compensar parcialmente el impacto de la inflación que para mejorar de forma efectiva su poder adquisitivo.
La revalorización de las pensiones queda así asegurada desde el punto de vista legal y político, pero su impacto neto real plantea interrogantes sobre la eficacia de la medida como herramienta de protección económica. En la práctica, no todo el aumento prometido llega al pensionista, y una parte sustancial se queda por el camino en forma de recaudación fiscal.
