Colapso en la atención pública

Colapso en Seguridad Social y SEPE: conseguir cita, misión imposible en varias ciudades

La falta de citas y los retrasos de hasta un mes están complicando trámites clave como pensiones o prestaciones por desempleo

Pantallas de cita previa de una oficina del SEPE. / EP
Pantallas de cita previa de una oficina del SEPE. / EP

El sistema de atención mediante cita previa obligatoria está generando un colapso en la gestión de trámites en organismos como el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en más de la mitad de los intentos realizados no fue posible conseguir cita en la misma ciudad. En muchos casos, los usuarios se ven obligados a desplazarse a otras localidades o a esperar nuevas fechas sin garantía de éxito.

La situación es especialmente grave en ciudades como:

  • Granada

  • Tarragona

  • Valencia

  • Zaragoza

En estas capitales no se logró obtener cita en ninguno de los intentos analizados.

Retrasos prolongados en la atención

En los casos en los que sí existe disponibilidad, los tiempos de espera siguen siendo elevados.

Las demoras medias detectadas son:

  • Bilbao: 28 días

  • Murcia: 20 días

  • Málaga: más de 23 días

Estos plazos afectan directamente a trámites sensibles como la solicitud de pensiones, donde los retrasos pueden tener consecuencias económicas para los ciudadanos.

Problemas también en el acceso al paro

El colapso se extiende al SEPE, encargado de gestionar las prestaciones por desempleo.

Aunque la disponibilidad de citas es algo mayor que en la Seguridad Social, los problemas persisten:

  • En Barcelona y Tarragona no se consiguió cita en ningún intento

  • En Albacete, Bilbao y Oviedo, las citas se conceden con retrasos de hasta 32 días

Esta situación resulta especialmente problemática, ya que la normativa establece que la solicitud del paro debe realizarse en un plazo máximo de 15 días hábiles.

Un sistema heredado de la pandemia

La obligatoriedad de la cita previa fue implantada en 2020 como medida sanitaria para evitar aglomeraciones durante la pandemia.

Sin embargo, pese a la normalización de la actividad, el sistema se ha mantenido sin cambios significativos. De hecho, las gestiones con cita previa aumentaron un 21% entre 2023 y 2024, lo que ha incrementado aún más la presión sobre el sistema.

Críticas y propuestas de solución

La OCU considera que el actual modelo genera una desigualdad en el acceso a los servicios públicos y reclama medidas urgentes.

Entre sus propuestas destacan:

  • Eliminar la obligatoriedad de la cita previa en trámites urgentes

  • Habilitar puntos de atención sin cita

  • Mejorar la asistencia en el uso de herramientas digitales

  • Establecer plazos máximos de atención

La organización advierte de que el sistema actual perjudica especialmente a personas mayores y ciudadanos con menor acceso a medios digitales.

Situación sin cambios a corto plazo

Pese a que el Gobierno anunció en 2024 su intención de eliminar la cita previa obligatoria en la Administración, la medida no se ha implementado hasta la fecha.

Mientras tanto, el sistema continúa funcionando con limitaciones que, según denuncian los usuarios, dificultan el acceso a derechos básicos y generan una creciente frustración entre la ciudadanía.

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