En una notificación excepcionalmente seria, el Banco Central Europeo (BCE) dirige una enérgica reprimenda hacia el Gobierno Español, destacando una presunta incursión en sus prerrogativas regulatorias mediante la promulgación de un cambio legal. Frank Elderson, miembro del comité ejecutivo y vicepresidente del consejo de supervisión del BCE, expresa su preocupación a través de una carta fechada el 22 de febrero de 2024, dirigida al secretario de Estado de Economía, Israel Arroyo, revelando la magnitud de la disputa.

La carta, a la cual Vozpópuli ha tenido acceso, denuncia al Gobierno por omitir la consulta al BCE durante la modificación normativa que rige las actividades de las empresas de servicios de inversión. Este desencuentro se centra en una modificación legal implementada por el Consejo de Ministros el 7 de noviembre, bajo la égida de un Real Decreto vinculado al marco jurídico de estas entidades. Este decreto, que se volvió efectivo el 29 de noviembre de 2023, según el Ministerio de Economía, fue presentado como una medida "conforme a la normativa europea". Sin embargo, el BCE sostiene que el artículo 79, apartado 5, de dicho decreto, imponiendo al Banco de España la obligación de facilitar la apertura de cuentas en el banco central por parte de las empresas de servicios de inversión, viola sus competencias regulatorias.

El BCE fundamenta su objeción en que este requisito no guarda concordancia con las obligaciones de trasposición derivadas de la Directiva Delegada (UE) 2017/593, la cual no contempla explícitamente "la facilitación por el banco central del cumplimiento de tales obligaciones". Apelando a los artículos 127, apartado 4, y 282, apartado 5, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como al artículo 2, apartado 1, de la Decisión 98/415/CE del Consejo, el BCE fundamenta su posición sobre la consulta obligatoria en proyectos de disposiciones legales nacionales. Elderson concluye la carta instando al Gobierno a corregir su actuar y a considerar las observaciones del BCE para futuras consultas.

En un gesto de transparencia, la carta no solo fue enviada al Ministerio de Economía, sino también con copias a actores clave, incluyendo a Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España; Paolo Gentiloni, comisario de Economía de la Comisión Europea; y Daniel Calleja Crespo, director general del Servicio Jurídico del organismo comunitario con sede en Bruselas. Este episodio marca otro desencuentro entre el BCE y el Gobierno, recordando el enfrentamiento previo sobre el impuesto a la banca, donde el BCE abogó por la repercusión del mismo en cumplimiento de normativas bancarias internacionales, mientras que el Ejecutivo español aseguró que supervisaría para evitar su traslado a los consumidores. Un desafío directo del Gobierno español a las recomendaciones del BCE, que previamente expresó su posición en un dictamen no vinculante respecto al mencionado gravamen, en vigor desde 2023. Este episodio subraya la compleja relación entre los entes gubernamentales y financieros, planteando interrogantes sobre la autonomía regulatoria y la cooperación necesaria en el contexto europeo.