En una decisión tomada hoy por el Consejo de Ministros, se ha aprobado la asignación de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un monto significativo de 2.500 millones de euros. Estos avales están destinados a facilitar el acceso a la vivienda para jóvenes y familias con menores a cargo en el territorio español. No obstante, esta medida no ha escapado a la atención crítica de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), que ha manifestado su preocupación respecto a la posibilidad de que estos avales se conviertan en un "subsidio encubierto" para los promotores inmobiliarios.

Asufin, reconocida por su papel en la defensa de los derechos financieros de los ciudadanos, ha planteado su inquietud ante lo que considera una potencial distorsión del mercado inmobiliario. La asociación aboga por la promoción de un parque de vivienda pública destinado a jóvenes y colectivos vulnerables, sugiriendo que esta debería ser la prioridad frente a la implementación de los avales aprobados en el día de hoy.

En palabras de Asufin, la problemática radica en las tensiones existentes en los precios de la vivienda, especialmente en determinadas áreas geográficas de España. La asociación sostiene que el elevado costo de la vivienda no debería recaer sobre los jóvenes adquirientes, sino sobre los promotores de nuevas viviendas. Argumentan que, de lo contrario, los préstamos respaldados por los avales ICO podrían transformarse en un respaldo financiero indirecto para los desarrolladores inmobiliarios.

Para respaldar su posición, Asufin recurre a datos concretos, utilizando cifras de la tasadora Tinsa. Según estos datos, el precio medio de la vivienda en España se sitúa en 1.768 euros por metro cuadrado. Sin embargo, la disparidad regional es evidente, alcanzando los 2.963 euros por metro cuadrado en la Comunidad de Madrid, 2.877 euros en Islas Baleares y 2.238 euros en Cataluña. Estas cifras revelan la magnitud de las diferencias en los costos inmobiliarios en distintas partes del país.

Asufin va más allá al calificar como "crítico" el hecho de que los avales ICO para la compra de vivienda se otorguen "libre de vinculaciones", haciendo referencia a prácticas previas en las que se establecieron bonificaciones de precios ligadas a la adquisición de seguros u otros productos financieros. La asociación recuerda las experiencias negativas vividas durante la época de pandemia, específicamente en relación con los avales otorgados a las pequeñas y medianas empresas (pymes), y advierte sobre la importancia de evitar repeticiones de situaciones similares.

El enfoque crítico de Asufin se extiende al ámbito de la movilidad laboral. La asociación cuestiona la viabilidad de fomentar la búsqueda de empleo en cualquier parte de España si se continúa incentivando la compra de propiedades. Argumentan que asumir una hipoteca para la adquisición de vivienda puede limitar el desarrollo profesional de los jóvenes. En este sentido, Asufin aboga por una política de vivienda en protección oficial en alquiler, sólida y accesible, que permita a los jóvenes avanzar en sus carreras profesionales y, en una etapa más avanzada, adquirir una vivienda sin depender de subsidios.

En conclusión, la decisión del Consejo de Ministros de respaldar la entrada al mercado de la vivienda para jóvenes y familias con avales del ICO ha desencadenado una serie de preocupaciones planteadas por Asufin. La asociación enfatiza la necesidad de abordar la crisis de vivienda desde una perspectiva más integral, priorizando la construcción de vivienda pública y evitando posibles distorsiones en el mercado inmobiliario que podrían beneficiar a los promotores en detrimento de los adquirientes jóvenes. La discusión sobre la relación entre los avales ICO y la movilidad laboral arroja un debate adicional sobre el impacto a largo plazo de estas medidas en el desarrollo profesional de la juventud española.