El PP ha pedido al Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) la "retirada inmediata" de su proyecto de ley autonómica de vivienda que se está tramitando en el Parlamento regional al considerar que es "ideológica, conflictiva y radical", "protege a los okupas y penaliza a los propietarios".

Así lo ha reclamado este martes, en rueda de prensa, la presidenta del PP de Cantabria y candidata autonómica en las elecciones del 28 de mayo, María José Sáenz de Buruaga, quien ha expresado el "absoluto rechazo" de su partido a este proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo regional que, a su juicio, es "un disparate de principio a fin" y lleno de "barbaridades" y "atropellos".

Buruaga ha criticado que en esta norma el Gobierno de Cantabria no solo "renuncia" a establecer entre sus objetivos la lucha contra la okupación, llegando incluso a "proteger a los okupas", sino que plantea medidas "fiscales" y "coercitivas" para obligar a un propietario a poner en alquiler sus viviendas "en contra de su voluntad".

"A ver si va a resultar que los que no se enteran de nada de lo que pasa en la Consejería de Obras Públicas quieren enterarse de lo que pasa en la vivienda de cada uno de los cántabros", ha dicho la líder del PP en alusión a la 'trama' de carreteras.

Buruaga ha advertido que en el proyecto de "se faculta al Gobierno a obligar a un propietario a poner una vivienda en el mercado de alquiler en contra de su voluntad e incluso le otorga potestad de expropiarla en unas ciertas condiciones", declarándose "la expropiación o incluso el alquiler forzoso".

Ha explicado que, antes de llegar a ese extremo, en la norma se contemplan una serie de "medidas fiscales" o "coercitivas para penalizar la vivienda vacía" al considerarse una "utilización anómala de la misma". Así, ha señalado que se plantean multas de entre 3.000 y 15.000 euros y un incremento del IBI del 50%.

También ha señalado que el Gobierno podrá expropiar una vivienda cuando esté vacía y tenga declaración de inhabilitabilidad si se dicta una orden de ejecución de obras y es desatendida. "No es la coacción a la propiedad mediante la amenaza de una expropiación la mejor manera de que se adecuen estas viviendas sino la acción directa de la Administración que debería prever y fomentar en esta ley, repercutiendo posteriormente los costes que se deriven en esa actuación", ha opinado.

Buruaga cree que "no se va a conseguir que el parque de vivienda privada en alquiler aumente mientras la ley no prevea medidas eficaces para apoyar a los propietarios que estarían dispuestos a poner su vivienda en el mercado pero que no lo hacen por falta de certezas y de seguridad jurídica porque están indefensos ante un inquilino que no les paga o destroza su casa".

Ha afirmado que el PP apuesta por "incentivar, fomentar y ayudar a las personas con más dificultades, no por penalizar a los propietarios de las viviendas vacías, no por amenazar con el estado policial y la privación de libertad y la propiedad".

"Ni Sánchez ni Revilla pueden decirles a los cántabros, cómo, cuándo y por cuánto tienen que alquilar la vivienda de su propiedad y que con tanto esfuerzo han ganado", ha apostillado.

Buruaga también considera un "atropello" que en la norma impulsada por el Gobierno se plantee, según ha indicado, que sean los ayuntamientos los que ejerzan la labor de inspección y comprobación para determinar si una vivienda está vacía o no; instar la declaración de mercado residencial tensionado o imponer el recargo del IBI.

"Pretende convertirles en policías, estableciendo nuevas cargas administrativas para las entidades locales que, en muchos casos, serán incapaces de asumir por falta de recursos", ha afirmado la presidenta del PP.

De forma genérica, Buruaga ha afirmado que esta ley "rezuma ideología", "consuma el giro a la izquierda" de la coalición PRC-PSOE y "ahonda en las políticas intervencionistas" y "fracasadas" de Pedro Sánchez.

Ha asegurado que "ninguna" de las medidas que el Gobierno pretende imponer ha funcionado "en ninguna parte". "No queremos que Cantabria se convierta en la Barcelona de Colau donde se dispara el precio del alquiler y se dificulta el acceso a la vivienda a los jóvenes, donde se llama a la okupación y se ahuyenta a la inversión", ha afirmado Buruaga, que ha defendido que lo que se precisa es "certidumbre" para atraer inversión en vivienda y "seguridad jurídica e incentivos" para aumentar la oferta y bajar los precios.

También ha señalado que se precisan que se aprueben los planes generales de ordenación urbana que "llevan años y más años atascados" y favorecer así la construcción de vivienda de protección oficial.

Para el PP hay "razones más que sobradas" para oponerse al proyecto de ley que --ha insistido-- "opta por multar, por obligar, por intervenir y por subir los precios a los propietarios".