CASO DE OBRAS PÚBLICAS REGIONAL
Las empresas investigadas por corrupción son muy cercanas al regionalismo
La familia del funcionario creó una empresa ficticia para blanquear ‘las mordidas’ en Obras Públicas | Así se desprende del auto dictado por la jueza que instruye el caso, Mercedes Compostizo, después de que se levantara el secreto de sumario de la investigación | Rucecan, ubicada en Torrelavega y fundada en el 2000, aparece como una de las empresas que más rápido ha crecido de España
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Cada día que pasa nos enteramos de más cosas sobre el demoledor auto que dictó la justicia sobre el caso de Obras Públicas regional. En la presunta trama de corrupción están siendo investigadas cuatro empresas, donde se han hecho registros. Rucecan es una empresa constructora de ámbito local, constituida en el 2000 y que ha sido una de las que más rápido ha crecido en los últimos años y cuya trayectoria ha hecho que sea una empresa muy conocida en el sector de la construcción y servicios, ya que tiene estrechos vínculos con el regionalismo.
Las escuchas telefónicas de justicia ha llegado a la conclusión de que el funcionario Miguel Ángel Diez, prevaliéndose de su condición de jefe del servicio en la Consejería regional, llegó a un acuerdo con representantes de La Encina, API Movilidad y Ruce-can para que estos obtuvieran, «de manera fraudulenta», licitaciones públicas, obteniendo él un beneficio económico.
Para poner un ejemplo, el 14 de agosto de 2020, salía una noticia en la que adjudicadan a Rucecan la obra del primer parque canino en Torrelavega, localidad donde se sitúa esta empresa y que actualmente está gobernada por el PRC y el PSOE. O como apuntaba el portavoz de Vox en el Parlamento de Cantabria, las empresas presuntamente involucradas tienen un volumen de facturación con el Gobierno de 74 millones de euros, el 95% en consejerías controladas por regionalistas. Palacio considera que estamos “ante la punta del iceberg de un tejido corrupto en Cantabria”que debe ser “erradicado” y que los cántabros “no nos podemos permitir”, sentenciaba el diputado.
Esta empresa, según su página web, ha trabajado en el desescombro del aparcamiento que se vino abajo en Nueva Montaña. También ha trabajado en reparaciones de desperfectos provocados por temporales o el paso del tiempo y en la mejora de carreteras.
Una de las llamadas de esa conversación fue grabada el 10 de noviembre del año pasado, hace poco más de tres meses por tanto. Lo ponemos en contexto: el jefe de Servicio de Carreteras habla en diferentes ocasiones con José Sáiz, administrador de La Encina y de Cannor, y con Secundino Vidal, administrador de Rucecan. Y el objeto de la conversación es el reparto de los cuatro lotes del contrato de conservación y mantenimiento de carreteras que debe materializase este mismo año 2023.
El cabecilla de esta trama trata de coordinar a ambos empresarios para que se reúnan y lleguen a un acuerdo para establecer una relación comercial, que consiste en lo siguiente. La Encina se compromete a renunciar si resultase adjudicatario de determinados lotes en favor de Rucecan. A cambio, La Encina conseguiría hacerse con dos de los cuatro lotes en que se reparte este contrato, el oriental y el sur.
Rucecan se llevaría los lotes occidental y centro y obtendría también que La Encina le dejase la materia prima a buen precio. Tras varias llamadas iniciales, la policía comprueba que se producen reuniones entre los dos empresarios y varias conversaciones telefónicas en las que el jefe de Servicio explica que el dueño de La Encina hará lo que él le diga.
Por su parte, Cannor, otra empresa investigada fue constituida en el año 2014 en Puente Arce y pertenece al Grupo La Encina. Su actividad se centra en la construcción de toda clase de obra pública y civil. Cannor ha ejecutado varias obras para clientes diversos tanto públicos como privados dentro de los que están el Gobierno de Cantabria y Ministerio de Fomento.
Por su parte, la Encina es una empresa con más de 25 años de experiencia en el sector de la jardinería. Dentro de sus actividades principales están la construcción y mantenimiento de jardines, y la venta al público de todo tipo de productos para el jardín. La empresa cuenta con un total de 70 trabajadores y especialistas en jardinería. Esta empresa ofrece sus servicios al Gobierno para la poda del arbolado en carreteras así como para labores de jardinería en distintas zonas de la región.
Por su parte, Api Movilidad tiene 40 años de trayectoria. La actividad fundamental de la empresa en carreteras es la conservación y explotación, según detalla su web. Otra actividad es la reforma de instalaciones en túneles.
El jefe del Servicio de Carreteras de Cantabria, quien se encuentra en prisión provisional desde el viernes, junto a su familia habrían creado una empresa ficticia para «encubrir el origen presuntamente ilícito» del dinero.
Así se desprende del auto dictado el viernes por la jueza que instruye el caso, Mercedes Compostizo, después de que se levantara el secreto de sumario de la investigación, que salió a la luz el miércoles ante la irrupción de los agentes de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria en dependencias de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno cántabro así como en las sedes de cuatro empresas implicadas -Rucecan, Cannor, Api Movilidad y La Encina- y domicilios particulares para hacer registros y detenciones.
Se estima que la familia podría haber obtenido de manera ilícita 1,4 millones de euros durante el periodo de 2019 a 2022, habiendo abonado 640.000 euros en 2021 y 2022 a la citada empresa administrada por la mujer y de la que eran socias ella y sus hijas con el fin de «encubrir el origen presuntamente ilícito» del dinero.
En el texto se da a entender que los pagos son para fotocopias en un negocio «de carácter presuntamente ficticio y no real» porque la sede de esta empresa coincide con el domicilio familiar.
La investigación también condujo a descubrir que su esposa, B.R., cobraba una nómina de una de las empresas implicadas, La Encina, a pesar de no realizar en ella actividad laboral alguna, mientras que el funcionario recibía como «pago en especia» el disfrutar de un vehículo de alta gama arrendado por otra de las sociedades investigadas. Y sería un coche de renting, un Volvo XC40, que pagaba otra de las empresas que presuntamente participaba en la adjudicación irregular de contratos de obras, Api Movilidad. También hay pagos que suman 500.000 euros en 2019 y otros 225.000 en 2022 para las dos hijas del matrimonio.
LA PENA NO SERÁ TAN ELEVADA TRAS LA MODIFICACIÓN DE. LA LEY POR MALVERSACIÓN DEL GOBIERNO DE SÁNCHEZ
La jueza decretó ayer prisión provisional comunicada y sin fianza para el principal encausado entendiendo que existe «un importantísimo riesgo de fuga» y considerando la gravedad de los supuestos hechos, por los que, según recoge el auto, se le podría imponer una pena «muy elevada».
Y es que se le imputan los delitos de cohecho, fraude en la contratación pública, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental, pudiendo suponer hasta seis años de cárcel cada uno de ellos.
Dentro de esta investigación se han practicado informes patrimoniales, dispositivos de vigilancia e intervenciones telefónicas que apuntan a que M.A.D.B. coordinaba a las distintas empresas para que llegaran a acuerdos y se repartieran los lotes de las licitaciones, así como para que presentaran determinadas ofertas, unos comprometiéndose a hacerse con los concursos y otros a renunciar.
Así, y en base a «muy numerosas conversaciones telefónicas que lo corroboran», se le acusa de participar directamente en la preparación de las ofertas de ciertos licitadores, modificar precios con posterioridad a haber asignar contratos a las empresa o negociar con el licitador en qué términos quería que se publicara el expediente de licitación, «todo ello mediante el uso de información de carácter privilegiado» a la que tenía acceso por su cargo de alto funcionario.
Además, esta actividad «no tendría carácter puntual, sino que se habría desarrollado presuntamente de manera continuada en el tiempo», habiéndose detectado hasta la fecha «al menos nueve expedientes» licitados por la Consejería de Obras Públicas en los que el investigado habría desplegado su actividad delictiva.
Los acusados por corrupción llevan siendo investigados desde principios de 2022
La investigación arranca en los primeros meses de 2022, cuando funcionarios de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Cantabria tienen conocimiento de la posible participación de un alto funcionario del Gobierno de Cantabria en la manipulación de adjudicaciones de contratos de obra pública en la región. La Agencia Tributaria y la Policía Nacional, en el marco de una operación conjunta, han desarticulado una trama de fraude en la contratación de obra pública en Cantabria. En el marco de la operación, se ha procedido a la detención de ocho personas, entre ellas la del funcionario responsable de emitir los informes técnicos que, presuntamente, habrían favorecido a empresas que optaron a contratos de carreteras en la región. Igualmente, han sido detenidos los administradores de cuatro sociedades adjudicatarias de estos contratos. Las detenciones han venido acompañadas de registros en el despacho del funcionario en la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, en las sedes de las empresas adjudicatarias y en domicilios particulares de los miembros de la trama. A los detenidos se les imputan los delitos de cohecho, fraude en la contratación y blanqueo de capitales.
