Desde que el miércoles se produjeran los registros en tres oficinas de la Consejería de Obras Públicas regional, así como en varias empresas y en domicilios por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos, aún no se han asumido responsabilidades políticas.

A través de los micrófonos y de los medios de comunicación, el consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, afirmaba el miércoles que no conocía los motivos ni las personas investigadas en la Consejería por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria pero aseguró «total transparencia» y colaboración para esclarecer los hechos,  y tampoco descartó personarse en el proceso si hubiera algún tipo de irregularidad.

La oposición ha exigido dimisiones y explicaciones a las autoridades

En esa misma comparecencia el titular del área descartaba dimitir y aseguraba que «no es el momento de abandonar el barco» y decía que  «dimitir sería la actitud más egoísta porque no tengo ningún interés personal en seguir». Además, este viernes, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, le daba un espaldarazo al afirmar que «metería la mano en el fuego» por el consejero.

La realidad es que han pasado varios días desde que se conoció la investigación y las autoridades solo señalan al funcionario.

En este sentido, este viernes, la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, aseguró que no sabe a qué espera el consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa (PRC), para dimitir o el presidente de Cantabria y líder regionalista, Miguel Ángel Revilla, para cesarle tras conocerse presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de carreteras en ese departamento.  Y puntualizó que «y una cosa es la responsabilidad jurídico-penal que tendrán que dirimir los jueces y otra bien distinta la responsabilidad política y de gestión. Es increíble que nadie se enterara de nada», ha señaló la presidenta de los populares cántabros, quien ha apuntado que «nadie» puede creer que un consejero que firma las adjudicaciones y un director general «que participa en el procedimiento no sepan lo que adjudican y lo que firman, no hagan seguimiento y no haya ningún control».

El PP, Vox y Cs han pedido responsabilidades políticas por este caso

Esta misma semana Vox pidió dimisiones en la cúpula de la Consejería de Obras Públicas, así como una comisión de investigación en el Parlamento.

Y es que a Vox le cuesta «enormemente» creer que en una «trama» que parece «que se ha prolongado durante muchísimos años» el PRC «no haya tenido ningún aviso, comentario o alarma» por parte de «un competidor, de otra empresa constructora o de un concejal de un ayuntamiento que viese algo raro».