El Tribunal Supremo ha puesto bajo la lupa una docena de reales decretos firmados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mediante los cuales se nombró a 12 directores generales en distintos ministerios, obviando la obligatoriedad de que estos sean funcionarios de carrera. Este hecho ha sido denunciado por Fedeca, la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado, que ha visto con buenos ojos la decisión del tribunal de admitir a trámite su recurso contencioso-administrativo.

Los reales decretos, emitidos entre diciembre de 2023 y enero de 2024, han sido criticados por no justificar adecuadamente las excepciones a la norma que permitirían tal designación. Según se reporta, esto ya ha llevado a la anulación de otros nombramientos previos del gobierno de Sánchez, incluidos algunos en puestos clave dentro de ministerios liderados por figuras como Pablo Iglesias.

Fedeca argumenta que el gobierno no ha logrado explicar por qué estos puestos no podrían ser ocupados por funcionarios de carrera, destacando una falta de justificación y transparencia en el proceso de selección. Por otro lado, el abogado del Estado defiende la especificidad de los puestos impugnados, señalando que no es la primera vez que se recurre a personal externo al cuerpo funcionarial para cubrir ciertas posiciones.

Entre los nombramientos más controvertidos se encuentra el de Zoraida Hijosa Valdizán, designada como directora general de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, un nombramiento que ha despertado especial interés debido a su trayectoria previa en Cantabria y su vinculación con el PSOE.

La decisión del Tribunal Supremo de rechazar las medidas cautelares solicitadas por Fedeca y su intención de resolver el recurso sin demoras adicionales pone de relieve la complejidad y la sensibilidad de este caso, que no solo afecta a la legalidad de los nombramientos gubernamentales sino también al principio de mérito y capacidad en la administración pública española.

Por tanto, el Supremo investiga un nombramiento en el Ministerio de Presidencia, dos en Transportes, uno en Educación, uno en Trabajo, uno en Industria, uno en Política Territorial y Memoria Democrática, uno en Sanidad, uno en Derechos Sociales y tres en Igualdad.

Esta situación pone en evidencia la "ocupación arbitraria" de puestos clave del gobierno, desafiando no solo las expectativas de los funcionarios de carrera sino también los estándares de transparencia y justificación en la gestión pública. La resolución final de este caso podría tener implicaciones significativas tanto para el actual gobierno como para la práctica administrativa en España.

Tres directivos de Igualdad

Los nombramientos impugnados ante el Supremo son:

• Luis Guillermo Tapia Martínez, director general de Relaciones con las Cortes.
• Carlos María Juárez, director general de Sector Ferroviario.
• Roser Obrer Marco, directora general de Transporte por Carretera.
• Pilar Varela Díaz, directora general de Planificación y Gestión de la Formación Profesional.
• Aicha Belassir Khayati, directora general de Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas.
• Jordi García Brustenga, director general de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa.
• Zoraida Hijosa Valdizán, directora general de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática.
• Pedro Gullón Tosio, director general de Salud Pública y Equidad en Salud.
• Paula Fernández-Wulff, directora general de Agenda 2030.
• Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes, directora general de Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo.
• Julio del Valle de Iscar, director general de Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI+.
• María Isabel García Sánchez, directora del Instituto de las Mujeres.