La Fiscalía ha presentado cargos contra el director de la residencia de mayores de Puente Arce, el instalador de la caldera y otro técnico de mantenimiento, solicitando penas de tres a cuatro años de prisión para cada uno. Estas acusaciones surgen a raíz de una fuga de gas ocurrida en el centro en 2020, la cual resultó en la trágica muerte de dos ancianas y causó lesiones a otras cuatro personas.

El Ministerio Fiscal argumenta que la fuga de monóxido de carbono, un gas letal, se generó debido a acciones y omisiones humanas por parte de los tres acusados. Se les imputan delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones por imprudencia grave. El juicio está programado para comenzar el próximo martes, 12 de marzo, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, y se espera que continúe durante tres días, con sesiones que iniciarán a las 9:30 de la mañana.

Según la acusación, en febrero de 2020 se produjo una fuga de monóxido de carbono procedente de una de las calderas de la residencia. Esta fuga, que duró dos días, se filtró al hueco de la chimenea y posteriormente a los canales de ventilación, alcanzando así las habitaciones de algunos residentes. Como resultado de esta tragedia, dos ancianas perdieron la vida y otras cuatro sufrieron lesiones que requirieron tratamiento médico. El fiscal sostiene que uno de los acusados fue responsable de reemplazar una caldera averiada por otra, pero la instaló de manera incorrecta y sin seguir las instrucciones del fabricante. Se afirma que la nueva caldera estaba preparada para gas natural y requería ser adaptada para gas propano, sin embargo, esta adaptación no se llevó a cabo, lo que provocó una mala combustión. Además, se señala que el mantenimiento en el cuarto de calderas fue defectuoso, ya que los técnicos encargados de realizar estas labores mensualmente nunca repararon la conexión defectuosa entre la conducción de salida de humos de las calderas y la propia chimenea, a pesar de que la reparación era evidente y estaba a la vista en el cuarto de calderas desde hacía varios años.

En este sentido, se destaca que la propiedad realizó una reparación inadecuada de la conexión entre la conducción de salidas de humos de las calderas y la chimenea, utilizando cinta americana y una red metálica, en lugar de contratar a técnicos especializados para una reparación adecuada. Finalmente, se señala una contratación defectuosa por parte de la propiedad en lo que respecta al mantenimiento de las chimeneas, ya que no se constata que se hubiera contratado a una empresa especializada para llevar a cabo estas labores.

En términos de penas, el fiscal solicita cuatro años de prisión y cuatro de inhabilitación para el director de la residencia, otros cuatro años de cárcel e inhabilitación para ejercer como instalador de gas, fontanería y calefacción para el instalador de la caldera, y tres años de prisión y otros tres de inhabilitación para las mismas funciones para el técnico de mantenimiento. En cuanto a la responsabilidad civil, se pide que los tres acusados sean condenados a indemnizar conjunta y solidariamente a los familiares de las fallecidas y a las lesionadas con 81.500 euros.

La acusación particular, por su parte, eleva la petición de pena a cada uno de ellos a cinco años de prisión y seis de inhabilitación para sus profesiones. La defensa de los técnicos argumenta que no existió negligencia grave, sino una cadena de irregularidades y errores menores, mientras que la defensa del administrador de la residencia sostiene que este no ha intervenido en los hechos relatados, por lo que no ha cometido los mismos. La tragedia en la residencia de mayores de Puente Arce, en Cantabria, conmocionó a la comunidad y desató una investigación exhaustiva para determinar las causas y responsabilidades del incidente que costó la vida de dos residentes y dejó a otras cuatro gravemente heridas. El trágico suceso ocurrió en febrero de 2020, cuando una fuga de gas, específicamente monóxido de carbono, proveniente de una de las calderas del centro, se filtró en las instalaciones, afectando a varias habitaciones y exponiendo a los residentes a un peligro mortal.

Perdieron la vida a causa de la inhalación. Las víctimas, dos ancianas que residían en el centro, perdieron la vida a causa de la inhalación del gas tóxico, mientras que otras cuatro personas sufrieron lesiones que requirieron atención médica inmediata y posterior tratamiento. La gravedad de los hechos provocó una reacción inmediata de las autoridades, que iniciaron una investigación exhaustiva para esclarecer los eventos que llevaron a esta tragedia y determinar las responsabilidades correspondientes. La investigación reveló una serie de irregularidades en la instalación y mantenimiento de las calderas de gas en la residencia.

Según el informe presentado por la Fiscalía, se encontraron evidencias de que la caldera en cuestión había sido instalada de manera incorrecta, sin seguir las instrucciones del fabricante y sin realizar las adaptaciones necesarias para su correcto funcionamiento. Esto provocó una mala combustión del gas, lo que a su vez generó la fuga de monóxido de carbono que resultó letal para las residentes. Además de la instalación defectuosa, se descubrió que el mantenimiento de las calderas también presentaba deficiencias significativas.

Los técnicos encargados del mantenimiento mensual no habían reparado una conexión defectuosa entre la salida de humos de las calderas y la chimenea del edificio, a pesar de que esta reparación era evidente y había sido señalada anteriormente. La negligencia en estas labores de mantenimiento contribuyó al deterioro del sistema de ventilación y facilitó la propagación del gas tóxico por las instalaciones. Por otro lado, se evidenció que la propiedad de la residencia también había sido negligente en la contratación de servicios de mantenimiento especializados. No se constató que se hubiera contratado a una empresa cualificada para llevar a cabo estas labores, lo que puso en riesgo la seguridad de los residentes y contribuyó a la tragedia que se desencadenó en febrero de 2020.

Ante estos hallazgos, la Fiscalía decidió presentar cargos contra el director de la residencia, el instalador de la caldera y el técnico de mantenimiento, responsabilizándolos de los delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones por imprudencia grave. La gravedad de los hechos llevó a la Fiscalía a solicitar penas de prisión significativas, así como inhabilitaciones para ejercer sus profesiones en el futuro. En cuanto a la responsabilidad civil, se solicitó que los acusados fueran condenados a indemnizar a las familias de las víctimas, así como a las personas heridas, con una cantidad considerable como compensación por los daños causados.

La acusación particular, por su parte, elevó aún más las peticiones de pena, buscando justicia para las víctimas y sus familias. La defensa de los acusados, por otro lado, argumentó que no existió negligencia grave por parte de sus clientes. Alegaron que se trató de una serie de errores menores, atribuibles a diferentes personas, que en conjunto desencadenaron el trágico desenlace. Además, la defensa del administrador de la residencia negó su participación en los hechos y afirmó que no había cometido ningún delito.

El caso, que ha generado un gran interés público y ha puesto de manifiesto la importancia de garantizar la seguridad en las instalaciones de cuidado de ancianos, está programado para ser juzgado a partir del próximo martes, 12 de marzo. Se espera que el juicio arroje luz sobre los eventos que llevaron a esta tragedia y proporcione justicia para las víctimas y sus familias, así como una mayor conciencia sobre la necesidad de implementar medidas de seguridad adecuadas en todas las residencias de ancianos.