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El Diario de Cantabria

Las residencias critican que Sanidad no haga PCR a sus profesionales

La patronal LARES denuncia que el Gobierno de Cantabria suspendió el día 9 de este mes la realización de pruebas PCR a los trabajadores que volvían a sus puestos de trabajo tras las vacaciones

Una trabajadora atiende a los ancianos de la Residencia de Puente Viesgo (Cantabria).  / ROMÁN G. AGUILERA
Una trabajadora atiende a los ancianos de la Residencia de Puente Viesgo (Cantabria). / ROMÁN G. AGUILERA
Las residencias critican que Sanidad no haga PCR a sus profesionales

La patronal de residencias Lares ha denunciado que Cantabria ha suspendido la realización de pruebas PCR en el sistema público a los trabajadores de las residencias de mayores que volvían de sus vacaciones o de permisos. Así lo ha indicado en un informe dado a conocer este martes en el que analiza el distinto comportamiento de las diferentes comunidades autónomas sobre la realización de pruebas PCR a sus trabajadores.

En este informe detalla que mientras hay comunidades que están haciendo desde su sistema público la PCR a estos trabajadores, hay otras que no lo hacen, otras como Cantabria que lo han suspendido y algunas que las realizan pero se reserva el derecho a cobrarlas a los centros. En otros lugares depende, según ha indicado, de cada área sanitaria, diputación o, incluso, de cada centro de salud.

En relación a Cantabria, indica que fue «de las primeras comunidades» en asumir la realización de PCR a los profesionales de residencias tras su regreso de vacaciones o permisos.

Sin embargo, ha advertido que «sorprendentemente» ha dejado de hacerlo y desde el pasado 9 de septiembre las suspendieron hasta nueva orden «por razones no comunicadas formalmente».

Lares reclama que todas las pruebas y medidas de detección precoz del coronavirus para los profesionales de las residencias sean «facilitadas y costeadas por Salud Pública».

«Los profesionales de residencias de personas mayores, en situación de dependencia o en riesgo de exclusión son ciudadanos de pleno derecho. Con lo cual, debe ser el sistema público de salud el que se encargue de realizar cualquier prueba necesaria para la detección precoz del virus, sobre todo, en personas asintomáticas», ha demandado. Además, ve «urgente» que haya «un criterio uniforme que evite 17 modelos, algunos contradictorios».

También llama a «frenar cualquier decisión que suponga un quebranto del Derecho a la sanidad pública, gratuita y universal».

Y es que, según ha indicado, las comunidades autónomas «obligan» a hacer la PCR a la vuelta de vacaciones, de un permiso o al contratar un nuevo trabajador, pero --dice-- «se quitan del medio», derivando a las entidades la responsabilidad de hacerla y pagarla, instándose, en ocasiones, la intervención de un tema de salud comunitaria a los servicios de prevención de riesgos laborales.

«Entretanto, el mismo sistema público de salud hace PCR de forma preferente y gratuita a temporeros, docentes y otros grupos de población», ha censurado LARES, que también indica que el Estado da preferencia al personal de instituciones penitenciarias.

Además, ha denunciado que las entidades gestoras de los servicios de prevención de riesgos laborales están cometiendo «grandes abusos» en sus tarifas para realizar las pruebas, cobrando de media 140 euros. Lares ha indicado que para el sector sin ánimo de lucro, el cual representa, que el sistema público de salud no asuma esta obligación, «que es suya», «puede suponer unos 2 millones de euros».

En cantabria, prueba por ausencias de 15 días. «Hacer PCR a todos los profesionales cada 15 días en los centros Residenciales del Sector Solidario, representado por Lares, supondría entorno a unos 4 millones euros/mes. Afortunadamente, muchas CCAA van entrando en la sensatez, si bien ha habido que esperar hasta el mes de septiembre para tener protocolos claros y asunción de responsabilidad por el sistema público de salud», ha indicado en un comunicado.

En cuanto al plazo temporal de las ausencias de los profesionales para obligarles a hacerse una PCR, Lares ha indicado que se detectan al menos cinco criterios diferentes entre las comunidades autónomas.

En el caso de Cantabria, solo deben hacérselas aquellas que hayan tenido ausencias de 15 días o más, un plazo superior al que establecen otras comunidades, como Asturias, Extremadura, Galicia y Castilla-La Mancha, donde es de 7 días, o en Andalucía y Murcia, donde es de 10, entre otras.

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