Sentados en el banquillo quienes fueran subdirector de Gestión Económica, Francisco Javier González, y director de la Gerencia de Atención Primaria, Alejandro Rojo, que se enfrentan a penas de 14 y 11 años de inhabilitación para empleo o cargo público que pide para ellos la Fiscalía

El ex subdirector de Gestión Económica del Servicio Cántabro de Salud (SCS) ha defendido el resultado de los contratos por los que le juzga este miércoles la Audiencia de Cantabria, mientras que quien fue director de Atención Primaria asegura que «no podía poner en duda que los documentos que le llegaban estuvieran correctamente».

La Sección Tercera de la Audiencia de Cantabria celebra desde este miércoles el juicio contra Francisco Javier González -ex subdirector de Gestión Económica- y Alejandro Rojo -gerente de Atención Primariapara quienes la fiscalía pide 14 y 11 años de inhabilitación para cargo público.

El ministerio fiscal les acusa de eludir los procedimientos legales fraccionando contratos, entre 2015 y 2018, para una asesoría externa, para obras de mantenimiento en centros de salud y para la adquisición de ecógrafos, y el PP ejerce la acusación particular en esta causa y solicita una condena de 15 años de inhabilitación para ambos. González ha defendido la contratación como asesor externo de un hombre, que falleció en 2020 y quien también estaba imputado en esta causa, porque «no había nadie» con capacidad para realizar una serie de pliegos. «No habrá más de quince profesionales especializados en estructurales», que «cada contrato tenía una finalidad concreta que se cumplió» y que se eligió en todos los casos el más barato.

«La consejera nos planteaba que los centros de salud tenían que estar inmaculados e impolutos. Esas obras son independientes y se ejecutan correctamente, el resultado es perfecto», ha aseverado el ex subdirector. También ha defendido la compra de los ecógrafos, 22 en total que se adquirieron la mitad a una empresa y la otra mitad a otra, y que «aún funcionan hoy». «Me llega la memoria y el informe de propuesta, no me puedo negar porque no tengo ni capacidad ni conocimiento (...) Firmo y me desentiendo del tema», ha subrayado.

El ex director de la Gerencia de Atención Primaria ha afirmado que es un «médico sin formación económica» y que, cuando se produjeron los hechos, llevaba pocos meses en el cargo, por lo que no tenía conocimientos administrativos. «Mi déficit era que no conocía la gestión administrativa.

No tenía ni idea», ha afirmado Rojo, que «entendía que los documentos relativos a la gestión económica estaban correctamente elaborados y los firmaba», en ocasiones «200 o 300 al día». La jefa de servicio, encargada de la contratación en el SCS, que en su día denunció la ocupación de su despacho por un asesor externo e «injerencias» en su trabajo, ha afirmado que la sensación que tenía es que «había demasiada gente ocupándose de asuntos que no sabía» si eran de su negociado. «Me agobiaba que nunca sabía si lo que me encargaban nos iba a corresponder o iba a ser competencia de otros jefes de servicio», ha dicho. También ha declarado uno de los socios de las empresas que recibieron los contratos de mantenimiento de los centros de salud, que, según ha dicho, en ese momento, «llevaban trabajando más de diez años con gobiernos de diferentes colores políticos».

La etapa negra de la socialista María Luisa Real

Las presuntas irregularidades en los contratos del SCS se produjeron en la etapa de la socialista María Luisa Real como consejera de Sanidad y salieron a la luz en 2018. Se apreciaron en contratos menores para el pintado de centros de salud y las obras de ampliación del hospital virtual de Valdecilla; así como la compra de 22 ecógrafos; y las asistencias técnicas del citado consultor. A raíz de estos hechos dimitieron de sus cargos los dos sospechosos y también el entonces gerente del Servicio, Julián Pérez Gil. La titular del Juzgado que instruyó la denuncia, en número 5 de Santander, también imputaba por el mismo delito al asesor externo Álvaro Saez de Viteli, ya fallecido. El Partido Popular, que ejerce de acusación particular en este procedimiento, solicita penas de 15 años de inhabilitación para los dos procesados.

EL PRC-PSOE tratando de taparlo. El PP señala que «detectó, destapó y documentó debidamente» estas presuntas irregularidades y, además, «desde la absoluta lealtad», las puso en conocimiento del Gobierno regional (PRC-PSOE) con la intención de que éste actuara ante esos acontecimientos. Ahora, según Buruaga, son los jueces los que tienen que hablar. «Estaremos a lo que diga la sentencia», ha señalado. Buruaga ha destacado que, pese a que el PP informó al Gobierno de esas presuntas irregularidades para que actuara, el Gobierno PRC-PSOE «no lo hizo», «sino todo lo contrario». «Trató de taparlos, se negó a investigar en profundidad el alcance de los hechos o la profundad de esto que parecía una trama y no depuró las responsabilidades políticas que tenía que haber depurado». La líder del PP ha subrayado que lo que su partido «sí consiguió» fue apartar de la gestión del SCS a los presuntos autores de esas contrataciones irregularidades».

«Creo que esa fue una contribución importante», ha dicho Buruaga, que cree que «el SCS salió ganando». Las presuntas irregularidades en los contratos del SCS en la etapa de la socialista María Luisa Real como consejera de Sanidad salieron a la luz en 2018 y a raíz de las mismas no solo dimitieron de sus cargos los dos altos cargos que ahora se sientan en el banquillo, sino también el entonces gerente del Servicio, Julián Pérez Gil. Sin embargo, la titular de Sanidad no fue cesada ni dimitió, si bien ya no continuó en el cargo en la presente legislatura, que fue asumido por el también socialista Miguel Rodríguez.