El Parlamento de Cantabria ha emitido una resolución unánime exigiendo al Gobierno regional, liderado por el Partido Popular, una serie de medidas específicas destinadas a respaldar a los ganaderos de la región. Esta decisión surge en respuesta a la creciente preocupación y malestar dentro del sector agrícola y ganadero, evidenciado por una manifestación masiva el viernes pasado en Santander, que bloqueó el centro de la ciudad. Esta protesta se suma a una serie de movilizaciones similares que han tenido lugar en diferentes partes de España en las últimas semanas, todas ellas reflejando una profunda inquietud y demanda de acción concreta para abordar los desafíos que enfrenta el campo.

La iniciativa, inicialmente propuesta por el partido político Vox, fue objeto de modificación a través de una enmienda presentada por los regionalistas. Entre las medidas solicitadas se encuentra la necesidad urgente de establecer y cumplir un calendario de pagos para las ayudas destinadas al sector ganadero, con el objetivo de proporcionar una mayor estabilidad financiera a los agricultores y ganaderos.

Además, se destaca la importancia de simplificar los procedimientos administrativos para el cobro de indemnizaciones por los daños causados por animales salvajes, especialmente los ataques de lobos, que han sido una preocupación recurrente para los productores de la región. Además de estas medidas específicas, la resolución también aborda otros aspectos clave relacionados con la industria ganadera en Cantabria.

Se hace hincapié en la necesidad de realizar procesos de inspección específicos en el ámbito de la cadena alimentaria, con el objetivo de determinar de manera precisa los costos de producción de la leche y la carne producidas por los ganaderos de la región. Asimismo, se plantea la importancia de realizar un cómputo detallado de los terrenos comunales asignados a los ganaderos para fines de ayuda, con el fin de garantizar una distribución equitativa y eficiente de los recursos disponibles.

Uno de los puntos más discutidos de la propuesta es la simplificación de los trámites para el cobro de indemnizaciones por daños causados por animales salvajes. En este sentido, se propone la implementación de un sistema de declaración responsable por parte de los ganaderos afectados, que permita agilizar el proceso de reconocimiento del derecho a recibir compensación por los daños sufridos en sus explotaciones. Sin embargo, esta medida ha sido objeto de debate y modificación, con una enmienda presentada para requerir que dicha declaración responsable esté avalada por los agentes del medio natural, con el fin de garantizar su veracidad y fiabilidad.

A pesar de que todos los grupos parlamentarios han mostrado su apoyo a estas medidas destinadas a respaldar al sector primario, no han faltado las críticas por parte de la oposición hacia la gestión del consejero de Ganadería, Pablo Palencia, así como los ataques por parte del Partido Popular al Gobierno central liderado por el PSOE. Desde el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) se ha señalado que los problemas que enfrenta el sector son de carácter nacional, pero se ven agravados en la región debido a deficiencias en la gestión o la falta de la misma por parte del consejero. Por otro lado, desde el Partido Popular se defendió la gestión del consejero y se aseguró que el Gobierno regional ha estado trabajando activamente en apoyo a los ganaderos y agricultores desde el inicio de su mandato.

En el mismo sentido, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) también respaldó la iniciativa, destacando la importancia de la colaboración entre todas las administraciones para abordar las dificultades del sector agrícola. En particular, se mencionaron las medidas adoptadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dirigido por el socialista Luis Planas, aunque se consideraron insuficientes por parte del Partido Popular.

Paralelamente, se ha evidenciado una división en el Parlamento de Cantabria respecto a una proposición no de ley (PNL) presentada por Vox en contra del Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030. Esta PNL contó con la abstención del PP y el voto en contra del PRC y PSOE. En ella, Vox buscaba instar al Gobierno regional a promover la derogación de políticas inspiradas en el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030, argumentando que están teniendo consecuencias negativas para la economía española y, en particular, para el sector primario.

El debate en torno a esta iniciativa refleja las divergencias ideológicas y estratégicas entre los diferentes partidos políticos en relación con las políticas ambientales y de desarrollo sostenible. Mientras que el PP reconoció ciertas preocupaciones respecto a la aplicación del Pacto Verde Europeo, consideró que la postura de rechazo total no era la adecuada. Por su parte, tanto el PRC como el PSOE criticaron duramente la propuesta de Vox, considerándola como un discurso negacionista y trasnochado que no aborda de manera efectiva los desafíos ambientales y económicos actuales.

En última instancia, la aprobación unánime de la iniciativa para apoyar a los ganaderos en Cantabria refleja un consenso político sobre la necesidad de abordar urgentemente los desafíos que enfrenta el sector agrícola y ganadero en la región, así como la importancia de la colaboración entre todas las partes interesadas para encontrar soluciones efectivas y sostenibles.

El Gobierno central apela a la responsabilidad de las Comunidades

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha apelado este lunes a la responsabilidad de las comunidades autónomas para que, en el ámbito de sus propias competencias, se impliquen en la adopción de medidas que den respuesta a las preocupaciones de los agricultores y ganaderos, en coordinación con el Gobierno y de acuerdo a las decisiones sobre flexibilización de la Política Agraria Común (PAC) que adopte la Unión Europea (UE).

Planas ha presidido por videoconferencia la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola Común para Asuntos Comunitarios preparatorio del Consejo de Ministros de la UE que se celebrará el próximo lunes, día 26. En esta cita ha pedido a las comunidades autónomas «colaboración y apoyo» para la aplicación de las 18 medidas comprometidas por el Gobierno en la última reunión con las organizaciones agrarias y para que arbitren también iniciativas complementarias.