Más de tres décadas después, sigue habiendo cientos de familias cántabras, afectadas por las sentencias de derribo de sus viviendas que no han tenido solución a su problema.

Por el momento, los cambios en la legislación realizados por el Gobierno regional y los Ayuntamientos no ha permitido que los afectados vean la luz al final del túnel. Han sido años de incertidumbre desde que se conocieron las primeras sentencias de derribo, que en la región afectan a más de 600 viviendas en el litoral cántabro en las localidades de Argoños, Arnuero, Piélagos y Escalante.

Cada una de las sentencias se encuentran en una situación particular

El TS declaró inconstitucional las autorizaciones provisionales

En un principio, y hasta que los ayuntamientos aprobasen nuevos Planes generales de Ordenación Urbana para poder salvar las viviendas, se optó por conceder unas autorizaciones provisionales, incorporada a la Ley del Suelo de Cantabria, pero el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional y nula la figura, lo que supuso un jarro de agua fría para loas afectados y los devolvió a la casilla de salida. Cada una de las cuatro sentencias de derribo se encuentra en una situación particular.

ARNUERO. En Arnuero, ya se licitó el proyecto para la construcción de las viviendas de sustitución, y fue adjudicado el pasado abril y se iniciaría la construcción de las mismas. Las viviendas afectadas eran las pertenecientes a la urbanización El Encinar, en la playa de La Arena, en Isla. Los jueces ordenaron en 1994 que fueran demolidos los 144 apartamentos.

ESCALANTE. Mientras, en Escalante 14 de los 32 afectados por el derribo del edificio de Las Torres solicitaron la indemnización y para los demás se buscó darles viviendas de sustitución. Los afectados supieron de la sentencia de derribo en julio de 1990  porque había un exceso de volumen y ocupación e invadía espacios libres, una resolución que el Supremo confirmó en 1999.

ARGOÑOS. En Argoños, con 254 viviendas con sentencia de derribo, se está trabajando para que exista terrenos para viviendas de sustitución y pendientes próximamente de la aprobación definitiva del PGOU, y con ello realizar los expedientes de regularización. De las viviendas afectadas, hay 11, situadas en Camino del Portillo, que no son legalizables y están abocadas a desaparecer. La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) aprobó el asado septiembre de forma definitiva el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Argoños y abre la posibilidad de legalizar viviendas sobre las que pesan sentencias de derribo. Así, va a permitir a los propietarios conocer en qué situación se encuentran sus viviendas y, en casos concretos, puedan solicitar la licencia para su legalización, la indemnización correspondiente o, si fuera posible, solicitar una nueva vivienda en sustitución. El plan aprobado por la Crotu disminuye la población prevista hasta los 6.523 habitantes, en función del principio de desarrollo sostenible a que se refiere la legislación urbanística estatal y ahora también autonómica. Una de sus principales estrategias es incorporar nuevos espacios libres públicos en todos los barrios del Ayuntamiento y, fundamentalmente, en aquellas áreas con problemas de integración paisajística.

PIÉLAGOS. Por último, en Piélagos se sigue a la espera de la aprobación provisional por parte del ayuntamiento de su PGOU. El municipio tiene 80 viviendas con sentencia de derribo, sin embargo todas ellas, menos 17 situadas en Cerrias I, en Liencres, se salvan gracias al nuevo plan urbanístico.

Las gestiones de los respectivos proyectos básicos y solicitudes de las nuevas licencias municipales de los afectados por los derribos de Agoños serán apoyadas económica y técnicamente por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Así lo ha trasladado su titular, José Luis Gochicoa, durante una reunión en el polideportivo de Argoños, en la que ha explicado a los afectados por el derribo de las viviendas de este municipio la nueva situación que proporciona la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Argoños por parte de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), que próximamente se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC). Según ha indicado el Gobierno en un comunicado, esta aprobación «constituye una herramienta básica para avanzar en la posible regularización de las viviendas».

Los jueces decidirán el futuro de las viviendas con sentencia de derribo

El Plan General está pendiente de la sentencia. Con todo, Gochicoa ha sido cauto al advertir que la aprobación del Plan General está pendiente de la sentencia del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, por lo que habrá que esperar a la decisión de los jueces al respecto, pero aun así se ha comprometido a «seguir trabajando en los siguientes procedimientos donde es necesario la participación de los propios afectados». En la reunión, Gochicoa ha estado acompañado por el director general de Urbanismo, Francisco Gómez; el director de GESVICAN, César González y los alcaldes de Argoños y de Arnuero, Juan José Barruetabeña y José Manuel Igual, respectivamente. Con la aprobación del Plan General, la implicación de los afectados consiste en encargar un proyecto básico adaptado al nuevo PGOU, que gracias a los convenios establecidos será costeado por la Consejería por medio del Fondo de Derribos, pero la contratación  de esos proyectos -ha explicado Gochicoa- debería corresponder a los titulares de las viviendas que tengan suscrito el convenio con la Consejería, que también se encargaría de los costes de las respectivas presentaciones de las licencias municipales. El titular de Obras Públicas ha terminado sus explicaciones destacando la colaboración que mantiene con los ayuntamientos y ofreciendo el equipo de la Consejería para resolver cualquier duda que pueda presentarse en la tramitación de los proyectos o solicitudes de las licencias.

El presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Videla, convocante de la asamblea, ha abierto la reunión con un resumen de la evolución de los problemas de las viviendas desde 2005 en que se fundó la asociación, destacando las sentencias que en 2007 obligaban al Gobierno de Cantabria y a los ayuntamientos a pagar los daños morales y el valor de mercado de los daños reales, la aprobación del Plan General de Arnuero en 2013, la firma en 2015 de los convenios que permiten al 80 por ciento de los afectados ciertas garantías para conservar su patrimonio y finalmente la aprobación definitiva del PGOU de Argoños que afecta a 255 familias. Videla ha reconocido a las personas que han trabajado mucho para reponer el daño causado por el derribo de las viviendas y ha mencionado al alcalde de Argoños y al consejero de Obras Públicas actuales, a los que ha agradecido la gestión de sus respectivos equipos.

No es la primera vez que el consejero se reúne con afectados por las sentencias de derribo, pero la situación na ha cambiado drásticamente para los afectados.

En septiembre del año pasado, Gochicoa mantuvo una reunión con todos los vecinos afectados de los Ayuntamientos de Argoños, Piélagos, Escalante y Arnuero, a quienes informó de los avances realizados en cada municipio.

En aquella ocasión el consejero, al igual que en la reunión de ayer, subrayó el «esfuerzo y trabajo» llevado a cabo por todo el equipo de la Consejería que ha permitido avanzar de forma «muy importante» en todos los ayuntamientos sobre los que pesan sentencias derribo.

En relación con Argoños, resaltó que «somos moderadamente optimistas en cuanto al tipo de solución». Ya en ese momento dijo que el Ayuntamiento disponía del informe de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) sobre el Plan General de Ordenación Urbana y está trabajando en ello de forma «intensa» con la colaboración de dos personas de la Dirección General de Urbanismo que están en «permanente contacto» para comprobar que las modificaciones se realizan conforme a las directrices fijadas por la CROTU.

El año pasado, la Consejería ya sabía «con certeza que viviendas tendrán que ser derribadas en ayuntamientos como Piélagos o Argoños por diferentes motivos entre los que se encuentran informes de costas o  de impacto paisajístico», de ahí que «ya se está procediendo la valoración de las viviendas y ofreciendo la indemnización correspondiente a los vecinos afectados» que ha dado lugar a poder contar «casos concretos» en los que se ha dado el visto bueno al precio y se procederá al pago «probablemente el próximo mes», un plazo que dependerá del procedimiento administrativo, concretó.