El caso de Elina llegó a nuestro conocimiento en 2022, cuando, desesperada, contactó con nuestro medio. Quería exponer públicamente que ni el Ayuntamiento ni los Servicios Sociales ofrecían apoyo, acusándolos de emitir informes 'falsos' que beneficiaban a los okupas en su piso, sin ofrecer soluciones a su situación.

Los padres de Elina, que habían sido trabajadores desde su juventud, decidieron alquilar su piso en el barrio de Nueva Ciudad en 2019. Esta decisión fue tomada con el objetivo de financiar sus gastos corrientes y la construcción gradual de una casa en Los Corrales de Buelna, donde planeaban vivir tras su jubilación, dejando el piso de Nueva Ciudad como herencia a su única hija, Elina.

Sin embargo, esta decisión trajo consigo una serie de complicaciones que afectarían sus vidas y su salud durante más de cuatro años. El problema surgió en 2019, cuando, a través de una agencia inmobiliaria, alquilaron el piso a personas que aseguraban estar económicamente estables y prometían pagar 'religiosamente' tanto el alquiler como los gastos asociados al mismo.

Inicialmente, los inquilinos cumplieron con sus pagos, pero solo seis meses después de la firma del contrato, dejaron de abonar el alquiler y los gastos generados, comenzando así un periodo de gran dificultad para Elina y su familia. Hicieron numerosos intentos para persuadir a estos inquilinos, que eventualmente se transformaron en okupas, negándose tanto a pagar como a abandonar la propiedad.

La situación se agravó con la llegada de la pandemia de coronavirus a finales de 2019. Las leyes, en este contexto, parecían favorecer a los okupas. Con la intervención de los Servicios Sociales de Torrelavega, los ocupantes fueron declarados como personas vulnerables, haciendo así imposible su desalojo del piso de Elina.

En 2020, se instauró el Estado de Alarma, que más tarde el Tribunal Constitucional calificaría de 'anticonstitucional'. Esta situación llevó al Gobierno social-comunista de España a decretar la suspensión de los desahucios, beneficiando aún más a los okupas. Con la ley de su lado, continuaron ocupando el piso de los padres de Elina. Los meses transcurrían entre denuncias y programaciones de desahucio, que se suspendían una tras otra. Elina, sintiéndose legal, judicial y socialmente indefensa, observaba cómo los Servicios Sociales emitían informes favorables a los okupas, aparentemente sin realizar las verificaciones necesarias.

Al llegar 2021, tanto Elina como sus padres comenzaron a mostrar síntomas de depresión y ansiedad ante la creciente presión de su situación. María, su madre, se vio obligada a incrementar sus horas de trabajo para cubrir los costos de médicos, abogados, procuradores, gastos cotidianos, y los adicionales generados por los okupas. El tiempo avanzaba, y para 2022, Elina seguía incapacitada para actuar, mientras escuchaba de los vecinos que los okupas recibían dinero en efectivo de ONGs, así como ropa y alimentos de organizaciones humanitarias, que frecuentemente descartaban por no ser de marcas de su preferencia. Todo esto ocurría bajo la atención de la Administración Pública, que parecía ignorar la difícil situación de Elina y su familia.

Finalmente, a pesar de sus reservas sobre exponer públicamente su caso y su vida privada, Elina tomó la decisión de contactar con nuestro medio en mayo de 2022, viéndolo como su última opción.

Después de varias entrevistas con Elina y sus padres, nuestro medio, ALERTA, decidió publicar su historia. En pocos días, el caso se volvió viral, captando la atención de plataformas mediáticas nacionales y marcando el comienzo de un cambio significativo.

La familia se unió a la plataforma de Afectados por la Ocupación Leyantiocupas y comenzó a participar en los plenos del Ayuntamiento, colaborando con grupos políticos como Vox, que abogan por los derechos de los propietarios frente a los okupas. Presentaron documentos a Ayuntamientos y Corporaciones Locales, destacando que los pequeños propietarios son, de hecho, víctimas de un delito y que los verdaderamente vulnerables son aquellos afectados por las ocupaciones, instando a la adopción de medidas para combatir esta problemática y asistir a los perjudicados.

Con el paso de los meses, Elina se fortaleció cada vez más, encontrando apoyo en otras víctimas de situaciones similares en distintas partes del país, así como en los medios de comunicación y en la opinión pública en general.

Una vez que la situación de Elina se convirtió en un tema de interés público, los políticos empezaron a tomar acción. Las publicaciones sobre su caso en nuestro medio, a comienzos de 2023, llevaron a la concreción de entrevistas con representantes políticos de la región.

Tuvieron una reunión con los Servicios Sociales de Torrelavega, donde les informaron que no podían hacer nada por su situación. José Elpidio Gutiérrez López, gerente del departamento en ese momento, se encontró con Elina y su madre para entender mejor el caso. 'Nos dijo que comprende nuestra situación, pero que no puede hacer nada', relataron. Además, en el informe entregado a la justicia, la trabajadora social indicaba que los okupas estaban inscritos en el registro de demandantes de vivienda de protección oficial, aunque no figuraban en el Registro de Demandantes de Vivienda de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura. El informe también detallaba que los okupas habían buscado alquiler social a través de Gesvican, pero 'la oferta es limitada, los precios altos y las condiciones exigentes, como seguro de impago, fianza o nómina', justificando así la imposibilidad de que los okupas optaran por un alquiler social. Se señaló, además, que los Servicios Sociales habían dirigido a los okupas a la Agencia de Desarrollo Local en busca de empleo, pero que tampoco habían realizado esta gestión.

También con el alcalde Javier López Estrada (PRC). Durante la reunión, el alcalde les comunicó que su capacidad de intervención era limitada, atribuyendo la responsabilidad al Gobierno Central debido a la extensión de la suspensión de desahucios hasta junio de 2023. Curiosamente, el alcalde también expresó su desaprobación por haber llevado el caso de Elina a la luz pública a través de los medios, señalando este hecho directamente a la familia.

Luego con el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC). Buscaron la intervención del expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC). aunque no fueron recibidos por él, tuvieron la oportunidad de hablar con su asesor político, Ramón Basurto Díaz. Basurto Díaz escuchó atentamente sus quejas y tomó nota de sus demandas, pero les advirtió que encontrar una solución sería complicado, especialmente en un año electoral. Estas palabras las pronunció durante el encuentro en la sede del Gobierno de Cantabria, donde Elina y su madre buscaban respuestas al 'abandono' por parte de las instituciones públicas. 'Nos sentimos totalmente abandonados; ni siquiera conocíamos la existencia de ayudas de compensación para los afectados por las okupaciones', expresó María con pesar.

Como resultado de la presión mediática generada por nuestro medio y el apoyo de agrupaciones como 'Mi Barrio Seguro' y otras antiokupas, el caso de Elina comenzó a ver cambios significativos. A mediados de 2023, los Servicios Sociales emitieron un informe definitivo en el que se establecía que los okupas ya no se encontraban en una situación de vulnerabilidad, lo que implicaba que ya no tenían derecho legal a permanecer en el piso y, por tanto, debían desalojarlo.

Y llegó el 25 de enero de 2024. Esta fecha se les grabará a Elina y sus padres para toda la eternidad, cuando por fin, se fijó fecha de lanzamiento de desahucio y junto a la policía, los servicios judiciales, periodistas, y dirigentes de la agrupación «Mi barrio seguro» pudieron sacar a los okupas y acceder a su vivienda.

«Nosotros somos las víctimas, ellos los delincuentes»

«Nosotros somos las víctimas, ellos los delincuentes» es lo que se repetían José, María y Elina cuando veían como la policía, servicios sociales y funcionarios judiciales protegían al delincuente mientras salía de su vivienda para no ser grabado por los periodistas, este jueves 25 de enero de 2024, tras casi cinco años de okupación sin pagar el alquiler, la luz, el agua, el gas ni la cuota de la comunidad, pero disfrutando de televisiones de 50 pulgadas, móviles de última generación y coches lujosos por el barrio.

La pesadilla no ha terminado

Aunque han recuperado su hogar, la pesadilla para la familia de Torrelavega está lejos de concluir. Cinco años después, se enfrentan a una nueva batalla: los okupas han acumulado una deuda considerable con las compañías energéticas y han dejado el piso en un estado deplorable. Actualmente, la vivienda es inhabitable sin una reforma integral, la cual seguramente implicará un coste significativo.

Según cuenta Elina, no pueden cambiar la titularidad de los contratos de luz y gas por que la deuda es enorme y hasta que no se abone, no se lo permiten, aunque su caso sea el de víctimas de okupación. Para esta familia de honrados trabajadores no hay suspensión de la obligación de pagos, ni ayudas económicas, ni nada. Para los delincuentes si. En cuanto a las obras necesarias para poder entrar a vivir de nuevo son innumerables. Suelos quemados con lo que parecen ser marcas de cirragillos, los enchufes de todas las habitaciones arrancados, los electrodomésticos –lavadora, lavavajillas, etc.- destrozados, con las puertas rotas, los aseos y baños tan sucios que resulta insalubre permanecer en esas estancias más de cinco minutos. Faltan muebles, y las ventanas no cierran correctamente.

«Pues el piso está muy bien... ¿eh? Nos hemos encontrado casos peores»

«Pues el piso está muy bien eh? Nos hemos encontrado casos peores», es una de las frases recurrentes que se oía en el piso por parte de los responsables de la Administración. En cambio Elina opina otra cosa: «Estará muy bien para ellos, pero yo no lo alquilé en este estado, lo alquilé para entrar a vivir, y esto está destrozado y asqueroso, y no podría volver a ponerlo en alquiler en este estado actual, ni creo que nadie podría vivir aquí así».

Tras el desahucio, aunque los funcionarios públicos, los medios de comunicación y los representantes de agrupaciones abandonaron el lugar, Elina y sus padres se quedaron lidiando con las consecuencias. Dedicaron más de 10 horas el primer día después del desalojo a limpiar y retirar la basura, intentando hacer el piso medianamente habitable. Sin embargo, se anticipa que pasarán meses antes de que la vivienda esté en condiciones para ser habitada nuevamente. A pesar de todo, ahora que han recuperado su hogar, Elina y sus padres pueden dormir un poco más tranquilos, aunque conscientes de que su vida ha cambiado irreversiblemente tras esta larga y dura experiencia.