El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santander ha decidido abrir una pieza separada del caso conocido como ‘trama de Carreteras’, que ha estado en el centro de la atención debido a presuntas actividades fraudulentas y de cohecho en la contratación pública. Esta nueva fase de la investigación se centra en posibles irregularidades en la empresa Gesvican, que forma parte de la misma Consejería del Gobierno regional.

La decisión del juez surge como resultado de una serie de diligencias previas que se realizaron en el marco de la investigación principal. Aunque algunas de estas diligencias fueron archivadas provisionalmente en un principio, se reabrieron recientemente debido a la aparición de nuevos indicios que requieren una investigación más profunda. Según fuentes judiciales, entre los nuevos indicios se encontraron elementos que sugerían la posible implicación de personal de Gesvican en actividades ilícitas relacionadas con contratos públicos y cohecho.

La investigación inicial, que comenzó hace aproximadamente un año en la Consejería de Obras Públicas, se centró en supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de obras en la región. Esto condujo a la detención de varias personas, incluido un funcionario del Servicio de Carreteras Autonómicas, identificado como Miguel Ángel Díez, quien se cree que desempeñaba un papel central en la trama.

Investigación a familiares y empresarios. Díez estuvo bajo prisión provisional durante varios meses, enfrentando una serie de cargos graves que incluyen cohecho, fraude en la contratación pública, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental. Además del funcionario, se identificó a otros implicados en la investigación, incluyendo a miembros de la familia de Díez y responsables de varias empresas regionales que también están bajo escrutinio, entre ellas Rucecan, Api Movilidad, Cannor y La Encina. La apertura de esta nueva pieza separada en la investigación judicial indica una expansión del alcance de las pesquisas, que ahora abordan específicamente las actividades de Gesvican en relación con presuntos actos fraudulentos y de cohecho. Según las autoridades, la decisión de abrir esta nueva fase se basa en la necesidad de investigar exhaustivamente cualquier posible conducta ilegal que haya tenido lugar en el contexto de la contratación pública y las operaciones empresariales relacionadas.

Diligencias adicionales. En este momento, el proceso judicial está en curso y se están llevando a cabo una serie de diligencias adicionales, incluyendo la toma de declaraciones de testigos e investigados. Entre estos últimos, se encuentran empleados de Gesvican que están siendo investigados en relación con los nuevos indicios descubiertos. La reapertura de la investigación refleja el compromiso continuo de las autoridades judiciales de llevar a cabo una investigación exhaustiva y justa para esclarecer cualquier posible delito y garantizar la rendición de cuentas en relación con las actividades ilegales.

Las implicaciones de esta nueva fase de la investigación podrían ser significativas no solo para los individuos directamente involucrados, sino también para la percepción pública de la integridad y transparencia en los procesos de contratación pública y la gestión de empresas públicas. Se espera que las autoridades judiciales continúen trabajando diligentemente para examinar todos los aspectos relevantes de este caso y tomar las medidas adecuadas en función de los hallazgos de la investigación.

Un año desde el estallido del caso. Hace un año, en febrero, un caso de corrupción sin precedentes sacudió a la comunidad de Cantabria y traspasó sus fronteras, involucrando a varios individuos vinculados a la Consejería de Obras Públicas en un esquema de corrupción que involucraba millones de euros. Entre los detenidos se encontraba un alto funcionario de la Consejería, identificado como Miguel Ángel Díez, apodado ‘El Capitán’, señalado como el presunto cabecilla de la trama.

La operación, desarrollada por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria a lo largo de un año, culminó en la detención de Díez y otros implicados, incluyendo a su esposa y varios responsables de empresas contratistas. La investigación destapó un complejo sistema de adjudicaciones irregulares de contratos de mantenimiento y conservación de carreteras, en el que Díez supuestamente coordinaba la distribución de los contratos a cambio de comisiones.

Una cuenta en Luxemburgo. Durante los registros en domicilios y en las oficinas de la Consejería, se incautaron más de 500.000 euros en efectivo y se descubrieron cuentas bancarias y una cuenta en Luxemburgo vinculadas a Díez, sumando casi cuatro millones de euros. Este escándalo no solo condujo a la detención de los principales implicados, sino que también provocó la dimisión del número dos de la Consejería de Obras Públicas. La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, exigió el cese inmediato del consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, acusándolo de negligencia y falta de control sobre la gestión de sus subordinados. La operación reveló una trama de corrupción que, según se descubrió, había estado operando durante años, afectando gravemente la integridad de la administración pública y el manejo de los fondos destinados al mantenimiento de las carreteras regionales.