La región ha sido testigo de varios escándalos de corrupción en la última década, afectando la confianza pública y exponiendo fallos sistémicos en la gestión de los recursos públicos y la administración de justicia. Estos casos van desde la malversación de fondos públicos hasta nombramientos cuestionables, pasando por el tráfico de influencias y la adjudicación irregular de contratos.

El Caso Loma destacó por las irregularidades en la gestión y adjudicación de terrenos y licencias de construcción, evidenciando prácticas corruptas en la planificación urbana y el desarrollo territorial. 

Las sentencias dictadas por la Sala II del Tribunal Supremo confirmaron penas de prisión y de inhabilitación especial para empleo o cargo público para los involucrados. En particular, el exalcalde Muguruza fue condenado a 1 año de prisión y 8 años de inhabilitación especial, mientras que el exsecretario municipal César Sáiz Alonso recibió 2 años de prisión y 6 años de inhabilitación especial. Otro individuo, Valentín Galdós Tobalina, vinculado a una sociedad inmobiliaria, también fue condenado, aunque su pena fue reducida a 4 meses de prisión por delito de falsedad, con la aplicación de atenuantes por dilaciones indebidas.

La Audiencia Provincial de Cantabria declaró la nulidad del Plan Parcial del sector de Suelo Urbanizable No Programado Nº 12 de Castro Urdiales, junto con todos los instrumentos de planeamiento que lo desarrollaron, incluidos Proyectos de Compensación, Urbanización y Licencias de Obras. Esta sentencia también ordenó la demolición de once viviendas construidas ilegalmente sobre suelo protegido, con los costos de demolición a ser sufragados por los condenados y con responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Castro Urdiales.

El ‘Caso de las Marías’ volvió a poner en el centro de la polémica a la administración regional. Se ha solicitado la investigación sobre los nombramientos de la exconsejera de Economía y Hacienda, María Sánchez, y de la exsecretaria general de Economía, María González, quienes fueron adjudicadas con dos puestos de trabajo de nivel 28, asegurándose un sueldo de 55.000 euros anuales de por vida. Este asunto, moralmente cuestionable y que «huele mal» según declaraciones del portavoz de Ciudadanos, está ahora en manos de la justicia para determinar si existieron delitos en la adjudicación de estos puestos.

El escándalo de corrupción en Cantabria, conocido como el caso de las carreteras, marcó un antes y un después en la política regional, impactando directamente en la imagen y la gestión del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) bajo el liderazgo de Miguel Ángel Revilla. Este caso, considerado el mayor de corrupción en la comunidad, involucra a altos funcionarios, afecta a varias empresas y ha tenido repercusiones significativas en la confianza pública hacia las instituciones.

La trama supuso la dimisión de José Luis Gochicoa, quien era el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria cuando se destapó el escándalo. La dimisión se produjo tras la implicación de funcionarios de su departamento en una operación corrupta que, según las investigaciones, llevaba en marcha varios años. Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria en ese momento, aunque defendió la integridad de su consejero, admitió que no se había vigilado adecuadamente lo que ocurría dentro del departamento​​.

El principal detenido en este caso es Miguel Ángel Díez, jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas del Gobierno de Cantabria, a quien se le encontraron 530.000 euros en efectivo en una caja fuerte y quien presuntamente habría acumulado hasta tres millones de euros en sus cuentas bancarias en 2022.