En un encuentro reciente, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se reunió con los consejeros de Vivienda de las Comunidades Autónomas bajo el mandato del PP, al que asistió el cántabro Roberto Media. En la reunión, se examinaron con detenimiento las implicaciones de la Ley de Vivienda promulgada por el Gobierno de Pedro Sánchez, concluyendo que esta medida ha exacerbado los desafíos habitacionales en España y ha introducido incertidumbre jurídica al intervenir en el mercado de alquiler.

El Partido Popular, a través de un comunicado detallado, informó sobre la percepción de una «nula o prácticamente nula política de vivienda» que, según el partido, caracterizó a los gobiernos socialistas tanto a nivel estatal como autonómico. Los resultados de esta reunión revelan un escrutinio crítico sobre la ejecución de planes y programas en varias regiones, con un énfasis particular en la situación en Cantabria y sus homólogas.

En aras de respaldar sus argumentos, el PP ha presentado cifras específicas, destacando que, a pesar de las proclamaciones gubernamentales, en Aragón se construyeron únicamente 86 viviendas en un período de 8 años, y la ejecución de los Fondos Europeos no superó el 1.46%. Asimismo, se hicieron eco de los ejemplos de Extremadura y Baleares, donde durante el mandato del Gobierno de Armengol (2015-2023), los precios de venta aumentaron en un 80% y los de alquiler en un 90%, según la plataforma Idealista.

La situación en Cantabria. En un análisis más detallado, el PP señaló la situación en Cantabria, donde durante un período de 4 años, ni el Estado ni la Comunidad Autónoma han logrado la construcción de ninguna vivienda, independientemente de su tipo. Esta estadística pone de manifiesto la magnitud del desafío habitacional en la región, subrayando la falta de progresos significativos en términos de iniciativas de vivienda pública.

Consciente de la urgencia de abordar la crisis habitacional, Alberto Núñez Feijóo presentó propuestas concretas durante la reunión. Destacando la necesidad de una respuesta «ágil y amplia» para el primer acceso a la vivienda, el líder del PP propuso la creación de un Pacto de Estado que involucre a todas las administraciones y agentes relevantes en el proceso.

En el transcurso de la reunión, en la que participaron figuras destacadas del PP como el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, la vicesecretaría de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, y la secretaria de Vivienda del partido, Ana Zurita, se abordaron temas prioritarios para mejorar el acceso a la vivienda y atender la demanda existente en Cantabria y otras regiones del país.

Entre las propuestas presentadas por el PP se encuentra un seguimiento adecuado del Plan de Vivienda 2022-2025 y del programa de desarrollo de los fondos Next Generation. Además, abogan por la implementación de reformas legislativas para facilitar el desarrollo urbanístico, la disponibilidad de más suelo para construir, mayor agilidad y simplificación administrativa, reducción de trabas burocráticas, incentivo a la rehabilitación, simplificación normativa y mejora de la seguridad jurídica.

En un enfoque más holístico, el PP también propone estimular la industrialización de la construcción de viviendas, abogando por un enfoque más sostenible en el sector y la generación de una fiscalidad atractiva que favorezca el acceso a la primera vivienda.

Adicionalmente, el Partido Popular resalta la importancia de aprobar una Ley de Seguridad Jurídica del planeamiento urbanístico, que no solo impida la anulación completa de los planes generales y sus instrumentos de desarrollo, sino que también incluya disposiciones específicas sobre la ocupación ilegal. En este sentido, el PP aboga por una legislación que asegure el desalojo en un plazo de 24 horas y proporcione un respaldo efectivo a los propietarios afectados por esta problemática.

Ley de vivienda. Recientemente y en un intento por abordar el creciente desafío de la okupación y los problemas asociados de acceso a la vivienda, el Gobierno de Cantabria, liderado por el Partido Popular, ha revelado su plan para impulsar una nueva ley de vivienda.

Consciente de la elevada demanda, la escasa oferta y los precios exorbitantes que caracterizan al mercado inmobiliario regional, la administración busca reforzar la protección de la propiedad privada de los cántabros implementando «todas las barreras posibles» frente a la okupación.  Durante la gala anual de la asociación Afilia Inmobiliaria, el consejero de Fomento, Roberto Media, destacó la necesidad apremiante de abordar la okupación y los retrasos en los desahucios, fenómenos que han generado una creciente sensación de inseguridad en la región.

Señaló que esta inseguridad está provocando la retirada del mercado de numerosas viviendas en alquiler.