El Consejero de Obras Públicas y su número 2 dimiten por los presuntos contratos corruptos del servicio de carreteras. "Lo aceptaré con harto dolor y consciente de que probablemente estaré cometiendo una injusticia", ha afirmado este viernes Revilla, quien ha asegurado que el alto funcionario detenido "no tenía cómplice alguno" dentro de la Administración y que en ninguna de las 4.080 páginas del sumario se cita a estos dos cargos de la Consejería.

Además, el jefe del Gobierno cántabro ha avanzado que se ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, que lleva la causa, medidas cautelares para apartar de la contratación a las empresas supuestamente involucradas y, además, que se van a aumentar los controles sobre las adjudicaciones.

En el caso han sido detenidas ocho personas, acusadas de malversación, fraude o cohecho, entre ellas el jefe de servicio de mantenimiento y conservación de Carreteras, Miguel Ángel Díez, que permanece en prisión, y al que se intervinieron en su casa más de 500.000 euros en efectivo y una máquina para contar billetes.

Según la investigación, este funcionario creó junto a su familia una trama para introducir en el circuito legal el dinero que recibía supuestamente de manos de empresarios por amañar los contratos para adjudicárselos.

La juez que lleva el caso envió el pasado viernes al principal implicado a prisión, mientras que los otros siete detenidos, que son su mujer y sus dos hijas y cuatro administradores de estas empresas, quedaron el libertad con cargos.

Este expediente disciplinario conllevaría la suspensión de empleo y sueldo de este empleado público, que percibiría una retribución básica que, en caso de ser condenado, "tendría que devolver".