La Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha anunciado la actualización del módulo autonómico de VPO con el objetivo de revitalizar el parque de vivienda pública y poner en marcha el plan de construcción «más ambicioso de la historia de Cantabria».

La medida, aprobada recientemente por el Consejo de Gobierno también supone el establecimiento de un nuevo mapa regional de precios máximos con tres zonas diferenciadas, según los datos del mercado de vivienda actual, que «dé respuesta a las necesidades que muchos ciudadanos tienen a la hora de acceder a una vivienda habitual», según el consejero Roberto Media.

Como dato importante ha subrayado que estas modificaciones solo se aplicarán a las viviendas protegidas que obtengan esa calificación desde la entrada en vigor de este acuerdo, «en ningún caso a las viviendas que hayan sido calificadas con anterioridad».

Esta decisión forma parte de un paquete de medidas que, como compromiso de legislatura, permitirá dinamizar el sector de la vivienda y que incluye el desbloqueo de las ayudas al alquiler; la puesta al día de las ayudas para rehabilitación y eficiencia energética y la aprobación en febrero del decreto de ayudas a la instalación de ascensores. Todas ellas han sido presentadas hoy por el consejero en rueda de prensa, junto al director general de Vivienda y Arquitectura, Carlos Montes.

«Hemos venido aquí para cambiar las cosas y vamos a poner en marcha el plan más ambicioso de la historia de Cantabria para impulsar la construcción de vivienda pública por toda la región», ha defendido el consejero, quien ha apostado por conjugar la construcción directa a través de la empresa pública GESVICAN con la intervención de la iniciativa privada, para que ésta vuelva a un mercado donde «todos los esfuerzos son pocos e imprescindibles».

Para Media la Comunidad Autónoma «necesita de mucha vivienda pública» y este objetivo sólo se logrará «trabajando desde la colaboración público-privada», ha incidido. En su intervención el consejero, Roberto Media, ha recordado que, «venimos de varias legislaturas donde no se ha hecho prácticamente nada en este ámbito» y, precisamente, la empresa pública GESVICAN, creada para este objetivo, «se ha dedicado a otras tareas y apenas ha desarrollado vivienda pública en las dos últimas legislaturas en Cantabria», ha precisado.

«Si queremos poner en marcha una política de vivienda útil y empezar a construir de forma regular viviendas de VPO necesitamos la colaboración público-privada», ha defendido el consejero de Vivienda, Roberto Media, quien ha explicado que con la revisión del módulo «aún seguiremos siendo una de las comunidades autónomas con el precio de VPO más bajo de toda España». Junto al anuncio hace unos meses, por parte de la presidenta Buruaga, de la construcción de 171 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler en 7 ayuntamientos distintos con una inversión en torno a 27 millones de euros-14 de ellos procedentes de fondos europeos que la anterior Consejería de Vivienda ya había dado por perdidos- Media se ha referido hoy al interés de varios alcaldes de la Comunidad Autónoma para participar en este plan que permitirá desarrollar nuevas promociones de vivienda pública en otros muchos municipios.

Tal y como ha asegurado ya se están dando pasos firmes en términos municipales como Santillana del Mar o en Reinosa, un avance que se materializará en el mes de febrero con la licitación, a través de la empresa pública GESVICAN, la construcción de las primeras 8 viviendas en Santillana y otras 19 en Reinosa. Así mismo, se sacará a concurso la redacción de los proyectos y ejecución de viviendas en otros municipios como Polanco (15), Piélagos (7), Torrelavega (27), Santoña (28), Marina de Cudeyo (3) y Laredo (5) en los próximos meses en esta primera fase de este plan.

Por lo que respecta a las ayudas de alquiler, Media ha recordado que se las encontró bloqueadas desde hacía más de un año, y consiguió desde la consejería «en apenas unos días», regularizar la situación de más de 2.000 usuarios, que llevaban esperando cobrar un total de 2,6 millones de euros de una ayuda «fundamental». Además, a lo largo del mes de febrero se aprobará el decreto que permita empezar a pagar mes a mes y no cada tres meses, como se venía haciendo hasta ahora.

«No puede ser que alguien necesite la ayuda para pagar el alquiler de su vivienda habitual y el Gobierno haya tardado más de un año en facilitarle esas cantidades», ha afirmado Media al tiempo que ha afirmado que a «algunos políticos se les llena la boca diciendo que son muy sociales, pero la realidad de sus hechos no es acorde con sus presuntas intenciones». Este plan de mejora de la vivienda en Cantabria apuesta también por actualizar y poner al día el pago de las ayudas a la rehabilitación y eficiencia energética de edificios.

Según ha relatado Roberto Media el actual equipo de Gobierno encontró un agujero de al menos 58 millones de euros, tanto del programa estatal como de fondos europeos.

Del primero de ellos, además de lo que estaba previsto en 2023, ya se han pagado otros 6 millones de euros con fondos propios de la Consejería en los últimos meses del pasado año.

En esta línea ha expresado su compromiso para poner en marcha un plan de pagos para el resto de expedientes, que todavía no están ni calificados ni pagados y que, a lo largo de la legislatura, se pretende puedan llegar a los ciudadanos afectados.

Además, el consejero ha afirmado que mañana mantendrá una reunión en el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana donde se abordarán éste y otros asuntos, entre ellos la solicitud al Estado para remitir más dinero destinado a compensar a los ciudadanos que habían presentado su solicitud en tiempo y forma para recibir estos fondos.

De forma complementaria se va a intentar que, a lo largo del mes de febrero, esté aprobado el decreto de ayudas para cambiar ascensores y mejorar la accesibilidad de edificios que no se convocaba desde 2021, que cuenta en los presupuestos de este año con una partida de 3,2 millones de euros.

Un nuevo mapa regional diferenciado en tres zonas con límites máximos establecidos

Cantabria ha tomado medidas significativas para revitalizar el mercado de viviendas de protección oficial (VPO) en la región. Esta iniciativa responde a la necesidad de actualizar los precios, que no se habían revisado desde 2014, y hacer que la construcción de viviendas públicas resulte rentable y atractiva para los promotores privados, Ayuntamientos y el propio Gobierno.

En los últimos años, la participación del sector privado en el desarrollo de viviendas públicas ha disminuido, lo que ha tenido un impacto negativo en la construcción de este tipo de promociones. 

La modificación de precios busca revertir esta tendencia y fomentar la construcción de un importante número de VPO durante la legislatura actual. Media destacó la necesidad de colaboración privada y subrayó que la revisión de precios tiene como objetivo hacer atractiva la construcción de estas viviendas para el sector privado.

La revisión de precios implica la actualización del módulo básico de las VPO y la creación de un nuevo mapa regional de precios máximos, tomando en consideración los datos actuales del mercado inmobiliario. 

La medida incluye la actualización del módulo básico autonómico que establece el precio máximo de venta y alquiler en 968 euros por metro cuadrado útil, un 21,7% más que el valor anterior. Este precio se aplicará en toda la región, colocando a Cantabria como una de las comunidades con los precios más bajos de España.

Tres zonas diferenciadas. Además, se han creado tres zonas distintas dentro de la región, cada una con un coeficiente corrector diferente. En la Zona A, que incluye a los municipios de Santander y Castro Urdiales, se aplicará un coeficiente del 1,15 sobre el precio base debido a los precios más altos en esta área. La Zona B, que abarca 41 municipios, recibirá un coeficiente del 1,07. Por último, la Zona C, que comprende el resto de la Comunidad Autónoma, no tendrá ningún coeficiente corrector adicional.

El precio máximo de venta se determinará multiplicando el módulo autonómico por el coeficiente autonómico y luego aplicando el coeficiente de cada zona. En la Zona A, el precio máximo será de 1.781,12 euros por metro cuadrado; en la Zona B, se fijará en 1.657,21 euros por metro cuadrado; y en la Zona C, será de 1.548,80 euros por metro cuadrado.

Media destacó que estas cifras son el referente de precio máximo, permitiendo a los ayuntamientos o promotores establecer precios más bajos si lo desean. 

La medida pretende hacer rentable la construcción de VPO y asegurar que estas viviendas sean accesibles para quienes buscan una opción asequible en el mercado inmobiliario. 

Como ejemplo de las dificultades para la construcción de VPO ha señalado que en los últimos años no se haya construido ni una sola vivienda pública desde el Gobierno de Cantabria o desde la mayoría de los ayuntamientos, únicamente el ayuntamiento de Santander ha sido capaz de ejecutar VPO, con la construcción de más de 1.200 en los últimos 15 años.

En cuanto a las rentas, Roberto Media, ha dicho que no se realizarán cambios con respecto al decreto anterior, ya que el importe anual seguirá siendo el 5% del precio máximo de venta en la fecha de formalización del contrato de arrendamiento. 

En la Zona A precio máximo de alquiler al mes será de 519,49 euros; la cantidad en la Zona B se fija en 483,35 euros y en 451,73 euros en la Zona C. 

Así, ha recordado que estos son los precios máximos, y que todos los inquilinos tienen acceso a todo tipo de ayudas al alquiler que ofrece la Dirección General de Vivienda.

Con esta revisión, Cantabria busca revitalizar la construcción de viviendas de protección oficial y satisfacer la demanda de vivienda asequible en la región. 

La colaboración público-privada se presenta como una vía para alcanzar este objetivo y brindar oportunidades habitacionales a un amplio segmento de la población. 

La medida no solo busca impulsar el mercado inmobiliario sino también abordar las necesidades habitacionales de la comunidad de manera eficaz y sostenible.