Como tantos otros cántabros, los padres de Elina decidieron alquilar su vivienda del barrio Nueva Ciudad en Torrelavega en 2018. Esta vivienda, ha sido lugar de residencia de esta familia torrelaveguense durante más de 30 años. Tanto es así, que la madre de Elina recuerda ir a pagar la hipoteca cuando estaba embarazada de su única hija, y embarazada, junto a su marido trabajaron incansablemente para poder pagar este piso ahora de su propiedad.

Pero en 2018 sus vidas se truncaron, ya que diagnosticaron al abuelo de Elina la enfermedad de parkinson, y decidieron, por su salud, trasladarse a otra vivienda más accesible para él. Los padres de Elina, trabajadores los dos, lucharon sin descanso para que ella tuviera un futuro y pusieron sus esperanzas en este piso para dejárselo como herencia a su hija, si así lo necesitara. El piso está ubicado en el barrio de Nueva Ciudad, concretamente en la calle Valle de Cabuérniga, frente al Colegio público José Luis Hidalgo. Para poder hacerse cargo de los gastos corrientes, gastos médicos y del propio piso, decidieron alquilarlo, inicialmente a estudiantes, dada la proximidad del inmueble a centros educativos y la universidad de Minas.

Pero en un momento dado, la inmobiliaria que gestionaba su alquiler, les comunicó que tenía una familia, aseguraba «de confianza» para alquilarles el piso. Que venían de Galicia y que por la enfermedad terminal del progenitor, tenían bastante urgencia en alquilar el piso para sus cuidados en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. En 2018 se lo alquilaron y el primer año todo fue correcto, el pago de la renta se hizo de manera regular, pero a raíz de la muerte del arrendatario, el contrato se puso a nombre del hijo y de la madre y es ahí donde comenzó la peor pesadilla de Elina y su familia.

En octubre de 2019 los inquilinos, decidieron dejar de pagar. La explicación que daban a Elina era que estaban esperando una ayuda económica del Gobierno, pero que no llegaba nunca. Elina trató por activa y por pasiva llegar a un acuerdo con ellos, pero fue imposible. Decicieron que no saldrían de esa casa. En una ocasión, trataron incluso de sacarle dinero a la familia de Elina, afirmando que saldrían del piso si les pagaban la fianza y un mes más. Una forma de extorsión a la familia de Elina que parece más de una mafia bien organizada que de una familia vulnerable.

Pero, ¿qué es un inquiokupa? ¿Es realmente vulnerable?  El procedimiento es sencillo: una persona alquila una vivienda con total normalidad. Durante los primeros meses paga rigurosamente hasta que, simplemente, deja de hacerlo. A veces es poco a poco, otras de golpe. A veces pone excusas, otras no. El casero, impotente, presenta una denuncia.

Empieza en ese momento un proceso legal que se puede alargar durante años hasta echar a esa persona. Al casero solo le queda esperar y ver cómo su deuda crece. El inquilino pasa a ser okupa. Se convierte en inquiokupa.  En el caso de Elina, lleva 3 largos años luchando con la Administración Pública, Ayuntamiento, Servicios Sociales, para que su situación cambie y con sentencia en la mano espera que en algún momento la Justicia les ampare y les devuelvan su casa, porque dicen «no somos los responsables de estas personas, es el Gobierno quien tiene que ponerles un piso gratis, si así lo consideran para que vivan y que dejen de robarnos a nosotros el nuestro».

La complicidad de las Instituciones

En este sentido, Elina lamenta que como propietaria no pueda acogerse a ninguna exención en los tributos por tener el piso okupado: «Es una vergüenza que los protejan a nuestra costa y encima tengamos que seguir pagando impuestos, comunidad y suministros en algunos casos». La realidad es que, con las leyes actuales, el Gobierno condena a muchos propietarios a una pobreza de facto. «Lo que nos están haciendo es una expropiación de viviendas y no sólo con el covid, porque antes del covid también se tardaba más de un año en desahuciar. El desahucio exprés es una gran mentira», afirma Elina. «Y los responsables tanto de Servicios Sociales, trabajadores sociales, organizaciones humanitarias como Cáritas o Cruz Roja, y el propio Ayuntamiento, sin cuestionarse su situación ampara a estas personas, sin saber siquiera si mi familia o yo estamos sufriendo también falta de trabajo, enfermedades o problemas de salud».

«Porque los Servicios Sociales no han hablado con nosotros y según una Diligencia del Juzgado de 1ª Instancia de Torrelavega, debían haberlo hecho este mes de mayo, pero nada, a nosotros nadie nos protege», señala Elina.  El suyo es sólo uno entre los muchísimos casos que sufren en silencio miles de víctimas de toda la cmounidad autónoma.

OTROS CASOS EN CANTABRIA

La presidenta del movimiento en Meruelo ‘Meruelo sin okupas’ y a su vez coordinadora a nivel nacional de la plataforma ‘Mi barrio seguro’, Noemí Muñoz, asegura que los datos son abrumadores.

«Según los datos oficiales, sólo en el periodo de enero a septiembre del año pasado, han aumentado más de un 50% los casos de okupación, respecto al año 2020», nos cuenta la coordinadora. «Oficialmente hay 78 viviendas okupadas, de las cuales 27 han sido recuperadas», por lo que continúa habiendo 51 viviendas en situación de inseguridad para sus pequeños propietarios.

Además, destaca que «los casos no oficiales, que existen, podría llegar a cuadruplicar este número hasta más de 300 casos, que por una razón u otra, o bien no se ha denunciado, o bien aún no se conoce».

«Ante la falta de medidas de las Administraciones, nuestra única arma ha sido ponernos delante del okupa para que no pase. Hemos sido pioneros de este movimiento en Cantabria y somos la envidia de otros municipios». Además cuenta emocionada que han conseguido instaurar en su municipio la designación de ‘tu vivienda inokupable’, es decir, una vez declarada de esta manera, si por alguna razón debes dejarla vacía, nadie podría okupar tu casa, y los jueces podrían tener una vía de escape para estos casos y poder sentenciar más rápidamente y poder sacar a los usurpadores de las viviendas con mayor celeridad.

Por eso, espera que hacer público el caso de Elina  sirva, al menos, para concienciar a la sociedad del daño que la okupación -sea cual sea su vertiente- puede hacer a cualquiera. «Porque, en contra de lo que mucha gente cree, no siempre aquel que alquila su vivienda lo hace para ganar un dinero extra. Para muchos, desgraciadamente, es su único medio de vida».

Y añade, «no todas las personas en situación de vulnerabilidad lo están realmente, la ley tiene muchos flecos y pagan justos por pecadores, pero en ningún caso, sea real o ficticio, los pequeños propietarios tienen la responsabilidad de hacerse cargo de ellos, es la Adminsitración Pública quien tiene que ofrecerles la ayuda que necesiten», concluye Muñoz.

MAFIAS Y ESTAFADORES

Porque la realidad es que, aunque existen multitud de casos de vulnerabilidad en el país, también existen otras situaciones, identificadas como verdaderas actuaciones organizadas, muy lucrativas y de carácter mafioso, que perturban y privan de la posesión de viviendas a las personas físicas a las que legítimamente corresponde, o dificultan e imposibilitan la gestión de aquellas viviendas en manos de organizaciones sociales sin ánimo de lucro y de entidades vinculadas a Administraciones públicas, que están dedicadas a fines sociales en beneficio de familias en situación de vulnerabilidad, pero que su ocupación ilegal impide que puedan ser adjudicadas a aquellas personas o familias a las que correspondería según la normativa reguladora en materia de política social. Indisponibles, por tanto, para el fin para el que están destinadas, suponiendo ello un grave perjuicio social.