Las medidas adoptadas por el Gobierno de suspender los lanzamientos de las viviendas ocupadas por familias consideradas como ‘vulnerables sociales’, está haciendo de Torrelavega una ciudad patera.

Plaza del Sol, Nueva Ciudad, Sierrapando, son algunos de las localizaciones donde están ocupando viviendas de propietarios que cumplen ‘religiosamente’ la ley, mientras ven cómo la Administración Pública, el Ayuntamiento, la Concejalía de Servicios Sociales, está de brazos cruzados ante una situación «insostenible» para estos propietarios.

En Nueva Ciudad, una familia lleva más de 3 años esperando que salgan de su casa una familia que no paga nada, ni luz, ni agua, ni IBI, ni los gastos de la comunidad.

Cs demanda más protección para los «legítimos propietarios»

Pero en cambio, los propietarios, un matrimonio con una única hija, los tres trabajan de ‘sol a sol’, para poder hacerse cargo de los gastos de un piso que no habitan, además del suyo actual en Los Corrales de Buelna, al que han tenido que irse para no quedarse en la calle. «Pero si yo no pago el IBI, el Ayuntamiento me embarga el piso», denuncia esta propietaria, cansada de «la palabrería» del Alcalde, Javier López Estrada y los Servicios Sociales, «que no hacen nada por nosotros».

En la Plaza del Sol, quince personas están empadronadas en un piso de 70 m2, y la Administración no advierte nada extraño en ello.

En el Pleno Extraordinario del pasado miércoles en Torrelavega, el concejal de Ciudadanos (CS), Julio Ricciardiello, volvió a reiterar su reclamación de actualizar los informes de vulnerabilidad de las familias okupa de estas zonas, ante las dudas suscitadas sobre la situación real de alguna de ellas.

Ya que cree que «si el Ayuntamiento no ve que alguien se está lucrando, en un piso de 70 m2, que tiene 15 personas empadronadas, es que no lo quiere ver», ha denunciado, y demanda a la administración que corresponda, Policía Local o Servicios Sociales, que es piso ‘patera’ con 15 personas viviendo en él, sea investigado.

«Las instituciones deben defender el derecho a la propiedad privada de sus ciudadanos»

Detrás de cada ocupación, hay un informe de vulnerabilidad. El informe de vulnerabilidad o el certificado de exclusión social básicamente lo que se demuestra con este informe es que la familia se encuentra en una situación difícil.

En el informe se analiza tanto la situación económica, como las posibles problemáticas de las familias, y socialmente también el de las personas que se identifican en situaciones de riesgo, que va desde personas que reciben una renta mínima de inserción, jóvenes procedentes de instituciones de protección de menores, personas con problemas de drogodependencia que se encuentren en proceso de rehabilitación, y por último y es el caso que nos ocupa, son las familias en situación de exclusión por valoración del profesional del/la Trabajador/a Social. Este último caso, es valorado por Servicios Sociales, y es el funcionario responsable, quien dictamina si la familia está en situación de exclusión social o no. Para ello, tiene en cuenta sus condiciones económicas y sociales.

En el caso de viviendas que son ocupadas, casi todas las personas que ocupan ilegalmente, obtienen este informe de vulnerabilidad por diferentes motivos, ya sean económicos o sociales. Pero curiosamente, si quien va a solicitar este informe de vulnerabilidad es el propietario arrendador de esa vivienda, a éste lo rechazan y no le dan la condición de ‘vulnerable’ porque según Servicios Sociales, «tiene nómina».

Santander, Torrelavega, Meruelo, Guarnizo y hasta 10 municipios sufren la ocupación

En cambio en Nueva Ciudad, a la persona que está ocupando la vivienda, si se le concedió el informe favorable de ‘vulnerabilidad’, a pesar de que obtiene de la Administración Pública el Ingreso Mínimo Vital y además de otros ingresos económicos por actividades en mercados, según un escrito de la Policía Local de Torrelavega, por los que percibe un remuneración económica. Por ese motivo, el concejal de Ciudadanos, Julio Ricciardiello, en el último pleno volvió a preguntar sobre la situación de estos informes de ‘vulnerabilidad social’, que siguen sin actualizarse y ajustarse a la situación «real» de cada familia o caso.

Ricciardiello también volvió a preguntar, por los pisos ocupados de las calles Emilio Mier y Santa Teresa, y ha incidido que continúa el «sufrimiento e injusticia» que padecen los vecinos «legítimos» del inmueble.

El concejal de Cs critica que el Consistorio pretenda cobrar a los propietarios el IBI de 2010 y 2011, recibos que la promotora Paseo del Norte SL no ha abonado, y que, 12 años después, debe pagar cada vecino como responsable subsidiario.

«Parece que este ayuntamiento tiene manía a estos vecinos», ha manifestado Ricciardiello,  que ha lamentado que «no solo no les hemos ayudado con su grave problemática, sino que ahora vamos a cobrarles las facturas de los impagos de la empresa que cogió el dinero y salió corriendo». En este sentido, ha recordado que las familias ocupas «han destrozado el bloque» y les impiden utilizar garajes, trasteros y locales.

Ante estas circunstancias, Ricciardiello ha vuelto a solicitar al alcalde, el regionalista Javier López Estrada, que «se agilicen» los trámites, y se proceda a la desocupación del inmueble.

Para  ello, ha insistido, «es absolutamente necesario una actualización de los informes de vulnerabilidad, que en su momento se expidieron de forma genérica y sin detalles personales, para comprobar realmente que familias son vulnerables y cuales no».

«Ricciardiello ha exigido al regidor que, de una vez, defienda a los que «actúan correctamente, que pagan sus impuestos, respetan las normas y permiten la convivencia» porque de otro modo, ha puntualizado, «en Torrelavega se estará fomentando la llegada de más okupas».

«Las palabras de los políticos no valen si no vienen acompañadas de hechos»

Por su parte el Alcalde, el regionalista Javier López Estrada, contestó en Pleno a las preguntas del concejal de Cs diciendo que «se solidariza con las familias afectadas, pero que los casos están en los Juzgados y que no puede hacer nada más».

En el caso de Nueva Ciudad, uno de los más mediáticos, la respuestsa de Servicios Sociales y el Ayuntamiento ha sido enviarles a la responsable de Servicios Sociales de Los Corrales de Buelna, donde viven actulamente, para que les entrevistase con la finalidad de emitir un informe de su situación actual, pero «de devolvernos el piso nada de nada», lamenta la propietaria.

Diez años pagando luz, agua, IBI, para otro y la Administración Pública no hace nada

«La ultima puñalada del Ayuntamiento de Torrelavega, pasarnos el IBI de hace 12 años de dos ejercicios (2010 y 2011) impagados por la constructora del edificio. No solo no nos ayudan, sino que una vez mas demuestran su falta de escrúpulos y de empatía con los vecinos». Con estas palabras se lamentan los propietarios del edificio ocupado en Sierrapando, que ven cómo año tras año, deben hacerse cargo de los gastos de sus casas que no están habitando, porque hay otros que las ocupan, sin tener que rendir cuentas con las arcas públicas, porque la Administración les protege, a pesar de tener ingresos económicos como el IMV o actividades económicas en mercados o ferias. En Sierrapando, de 30 pisos hay ocupados 16 desde hace más de 10 años, y la convivencia entre los demás vecinos es «insostenible», mientras el Ayuntamiento espera los lanzamientos judiciales que se aplazan una y otra vez, en beneficio de los ocupas y en contra de los propietarios de esos inmuebles que se ven desamparados y desprotegidos por el Ayuntamiento.

OTRAS OCUPACIONES EN CANTABRIA

Santander. Un edificio de viviendas en el barrio de Nueva Montaña. El Ayuntamiento pide una ley estatal que protega a los propietarios y garantice sus derechos y su propiedad privada. Los propietarios son particulares.

POLANCO. Enganches ilegales son la tónica habitual en una urbanización en Requejada. 23 viviendas están ocupadas dispersadas en tres bloques distintos.Los propietarios son particulares.

EL ASTILLERO. Una veintena de familias están ocupando varios pisos en un edificio de la calle Ballestas en Guarnizo. El edificio es propiedad de la SAREB.

MERUELO. Un pequeño municipio que ha sabido organizarse de manera vecinal para hacer frente a la delincuencia de los ocupas, y en la actualidad sólo queda un piso ocupado.

BÁRCENA DE CICERO. Dos chalets en Treto y un piso en Cicero continúan ocupados desde hace años. Las tres edificaciones son propiedad de la SAREB.

OTROS MUNICIPIOS. Argoños, Arnuero, Santa María de Cayón y Hazas de Cesto también registran casos de ocupación, que se están estudiando pero que la Administración aún no ha resuelto. Los propietarios son particulares.