La empresa Rucecan, una de las constructoras señaladas en la trama de corrupción de la Consejería de Obras Públicas, fue la contratada por la entidad pública de Gestión de Viviendas e Infraestructuras de Cantabria (Gesvican) para la reparación de los garajes que se derrumbaron en un edificio de la calle Tomás y Valiente de Santander, unas obras cuyo coste, según el contrato al que ha tenido acceso ALERTA, ascendió hasta los 537.145,17 euros aunque finalmente se abonaron 704.933,99 euros, lo que supuso para las arcas públicas un desembolso de 160. 403,99 euros más de los estipulado.

Se realizaron pagos muy superiores a los del importe de adjudicación, sin que se sepa el motivo

Según la documentación, el incremento del precio final pagado se justifica bajo los epígrafes de «modificaciones previstas», por un importe de 107.429 euros y «liquidación», que suponen otros 53.714.50 euros, sin que formen parte de la adjudicación, por lo que es imposible conocer a que corresponden dichas cantidades y si efectivamente se trata de trabajos incluidos o no en la adjudicación y si tienen relación con los trabajos. Además, a todas esta cantidades desembolsadas por el Gobierno de Cantabria habría que sumar otros 7.385 euros correspondientes a la «dirección facultativa» de la obra.

Se pactó «expresamente» por las partes la no revisión de precios del contrato

Así, en las facturas emitidas por los técnicos del Gobierno de Miguel Ángel Revilla, se puede comprobar que se realizaron pagos muy superiores a los del importe de adjudicación, sin que se sepa el motivo de esa diferencia ni el destino del dinero, a pesar de que en el contrato firmado entre la empresa pública y la constructora esta última se comprometía a no modificar el precio de la obra y se pactó «expresamente» por las partes la no revisión de precios del contrato, que «se consideran fijos e inalterables para toda la duración de la obra».

Además, existen otras facturas de trabajos contratados en 2022 a otra empresa por el mismo concepto de «impermiabilización» los garajes por un importe total de 11.810,68 euros.

Rucecan es una de las constructora señalada en la trama    de Obras Públicas

Licitación de urgencia. Los trabajos realizados por la constructora Rucecan fueron licitados en noviembre de 2020 por el procedimiento de urgencia, y la empresa fue contratada para ejecutar las obras de reimpermeabilización y reparación de los garajes de la Comunidad de Propietarios Tomás y Valiente y Luciano, que se cayeron en enero de 2020. El desplome de la infraestructura se debió, según los informes, a que el aparcamiento se construyó de acuerdo a un proyecto que fue modificado respecto al inicial, reduciendo las cargas de cálculo que tenía que soportar la losa. Esto conllevó que se ejecutara una losa con un canto menor que el previsto inicialmente, mientras que los rellenos que se llevaron a cabo fueron los que figuraban en el primer proyecto, de manera que, con una estructura menos resistente se pretendía sostener la misma cantidad de carga. Además, según la sentencia del juez que llevó el caso, Gesvican debió prever la carga resultante que la urbanización acometida posteriormente por el Ayuntamiento pudiera representar en el resultado de la obra, como así se reflejaba en los planos del proyecto del aparcamiento.

Los investigadores sitúan a Gesvican y a Rucecan en la trama de corrupción de la Consejería de Obras Públicas   Las escuchas policiales revelan conversaciones entre el funcionario detenido y el administrador de la constructora para presuntamente repartir obras 

Rucecan y la empresa pública de Gestión de Viviendas e Infraestructuras de Cantabria (Gesvican) han aparecido en los informes policiales de los agentes que investigan el presunto caso de corrupción destapada a principios de año en la Consejería de Obras Públicas de Cantabria.

Según los investigadores, Rucecan sería una de las cuatro empresas que se habría visto beneficiada de la trama presuntamente urdida por el jefe de Carreteras del Gobierno regionalista, Miguel A.D., que se encuentra actualmente en prisión.

Y es que, en las escuchas efectuadas por los investigadores del caso, el funcionario habla en diferentes ocasiones con José S., administrador de La Encina y de Cannor, otras de las empresas señaladas, y con Secundino V., administrador de Rucecan. El objeto de la conversación era el reparto de los cuatro lotes del contrato de conservación y mantenimiento de carreteras que debían materializase este mismo año 2023. En los audios, se escucha como el  cabecilla de esta trama trata de coordinar a ambos empresarios para que se reúnan y lleguen a un acuerdo para establecer una relación comercial, que consiste en lo siguiente.

El jefe de Carreteras sólo operaba en los años en los que Revilla estaba en el poder

Reparto de contratos entre las constructoras. La Encina se compromete a renunciar si resultase adjudicatario de determinados lotes en favor de Rucecan. A cambio, La Encina conseguiría hacerse con dos de los cuatro lotes en que se reparte este contrato, el oriental y el sur. Así, entre los tres interlocutores urdieron que Rucecan se llevaría los lotes occidental y centro y obtendría también que La Encina le dejase la materia prima a buen precio. Además, tras varias llamadas iniciales, la Policía comprobó que se produjeron reuniones entre los dos empresarios y varias conversaciones telefónicas en las que el jefe de Carreteras explica que el dueño de La Encina hará lo que él le diga.

Además, Rucecan fue una de las constructoras en las que los agentes realizaron los primeros registros cuando comenzó la operación policial.

En otra de las conversaciones grabas, el pasado 2 de enero, dos meses antes de que los investigadores detuvieran al jefe de Carreteras, los agentes interceptaron una llamada que tuvo con José S., imputado en la red de cobro de comisiones ilegales. En la conversación, el líder de la red, le pedía al empresario «un kilo y medio de almejas de las buenas y dos cajas de anchoas». Por su parte, Saiz le responde que ya lo tiene preparado y el cabecilla le suplica que se lo lleve a su domicilio para que nadie les relacione.

Para la Policía, estos manjares eran considerados como «percepción de regalos, dádivas o favores» tras el cobro de mordidas. El empresario que habla con el cabecilla es administrador único de Centro de Jardinería La Encina SL y Cannor Obras y Servicios SL. La mujer del cabecilla, Beatriz del Río Gutiérrez, también fue interceptada presumiendo de haber recibido un jamón.

En otro de los pinchazos, fechado el 5 de diciembre de 2022, también entre el jefe de Carreteras de Revilla y Saiz, introducen el champán como otro elemento que usaban en sus encuentros. El cargo dependiente del presidente cántabro asegura que está esperando unas plantas, un champán y unos espárragos. «¿Están pedidas las plantas? ¿Cuándo van a llegar, dentro de un siglo igual que el champán?», escuchan los agentes. De la misma manera, el cabecilla de la red pidió a su interlocutor «unas cajas de anchoas premier y mejillones».

Por otro lado, en otra de las conversaciones intervenida por los agentes, el funcionario llega a señalar a los técnicos de Gesvican: «estoy desesperado, no me puedo fiar de estos elementos», llega decir Miguel A.D., quien además llega a cuestionar los criterios de algunos empleados de la empresa pública en una conversación con el director general de Senor, Ricardo Fernández. «Si tu amigo se va a llevar una, deja jugar a los demás». Actualmente, Miguel A.D. es el único trabajador de la Consejería de Obras Públicas que se encuentra en prisión a causa de esta presunta trama de corrupción, aunque el escándalo si provocado la dimisión del entonces consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa y su director general, Manuel del Jesús.

La trama saltó el pasado febrero cuando la Policía Nacional detuvo a ocho personas en una operación conjunta con la Agencia de Administración Tributaria por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos en el servicio de mantenimiento de carreteras del Gobierno de Cantabria.

Tras las detenciones se ha sabido que Miguel A.D., usó a sus dos hijas veinteañeras para blanquear comisiones ilegales obtenidas tras el amaño de contratos públicos. Estas mordidas eran depositadas en una cuenta bancaria ‘offshore’ ubicada en Suiza. Según publicaba el diario El Debate, las pesquisas de los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional que investigan el escándalo de corrupción.

Tal y como figura en un informe que la UDEF, Beatriz R.G., mujer del jefe de Carreteras de Revilla, recibió el 30 de noviembre de 2012 una transferencia bancaria por importe de 1.043.528,34 euros procedente de una cuenta corriente en el paraíso fiscal de Suiza. Según los investigadores, se desconoce el origen de estos fondos pero sus cobros coinciden con adjudicaciones millonarias de la Consejería de Obras Públicas de Cantabria en los que la participación del jefe de Carreteras fue «fundamental e imprescindible».

Para la Policía, el cargo de Revilla empleó a sus dos hijas veinteañeras para «introducir en el circuito económico legal importantes cantidades de dinero procedentes del cobro de comisiones ilegales». Los investigadores han descubierto que cada una de ellas contaba con una cuenta bancaria en el también paraíso fiscal de Luxemburgo, ambas en el Banco Mirabaud, donde defraudadores fiscales de todo el mundo han escondido altas cantidades de dinero.

Por este motivo, las hijas del jefe de Díez están imputadas. Una de ellas por blanqueo de capitales y por falsedad en documento por la utilización sistemática de facturas falsas y la otra sólo por blanqueo. Al mismo tiempo, la UDEF confirma que las dos usaron la sociedad Parivara Lagani SL -una empresa de fotocopias domiciliada en la vivienda familiar- como tapadera para simular operaciones comerciales y, de esta manera, poder justificar ante la Agencia Tributaria los ingresos procedentes de las comisiones ilegales.

Además, también se conoció la semana pasada que en una de las escuchas de la Policía, el funcionario tiene terrenos en La Pasiega y habló con un empresario sobre el dinero que recibirá la sociedad a la que pertenece por la expropiación de 207.000 metros cuadrados.

Tras destaparse el escándalo, lejos de aceptar ningún tipo de responsabilidad, el ahora presidente en funciones de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, presentó la trama como «un caso aislado» y lo desvinculó de su responsabilidad como jefe del Ejecutivo autonómico. Sin embargo, la Policía especifica que el jefe de Carreteras sólo operaba en los años en los que el partido de Revilla estaba en el poder. Durante la última etapa que el PP gobernó la región (2011-2015), Miguel D.A., no registró ningún cobro de mordidas.

Además, tras saberse que el jefe de Carreteras, su mujer y las dos hijas del matrimonio movían el dinero que obtenían del amaño de contratos públicos entre Suiza y España, Revilla anunció que el PRC que preside agradecería el trabajo del ya cesado José Luis Gochicoa,  consejero de Obras Púbicas y responsable del funcionario encarcelado, con una comida con afiliados de la formación. Un acto que fue muy criticado y que se celebró con cien mesas y mil cubiertos.