Parece que la ética en el PRC, es inexistente. El pasado miércoles conocíamos que la Justicia imputaba al director general de Transportes y candidato a la alcaldía de Santander Felipe Piña, por un presunto delito de prevaricación administrativa, y no parece que le veamos dimitir por estos hechos. Tampoco veremos a su jefe y máximo responsable de la deriva en el Gobierno, Miguel Ángel Revilla dar explicaciones sobre el tema, más bien mantiene el silencio. 

Ayer les vimos de campaña electora, en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, a Miguel Ángel Revilla, Javier López Marcano y el imputado por prevaricación, Felipe Piña, prometiendo la ampliación del parque. Y al imputado director de Transportes, junto a los medios de comunicación tratando de esquivar las preguntas sobre la imputación. 

Felipe Piña quería dejar claro que iban a "colaborar con la Justicia", "vamos a aportar toda la documentación que se nos solicite", ha sentenciado en declaraciones a los medios tras una visita que ha realizado al PCTCAN.

La querella, presentada hace dos semanas, tiene como raíz una resolución dictada el pasado 21 de febrero por el regionalista en la que denegaba una autorización para la transmisión de una licencia de taxi de Cabezón de la Sal a uno de los asociados de la Federación por jubilación tras la jubilación del anterior titular. 

La Federación del Taxi presentó la querella sosteniendo que la Dirección General de Transportes "carece de competencias para entrar a juzgar la viabilidad de la transmisión de la autorización" e insiste en que ésta corresponde al ente local, y por tanto "carece de funciones jurisdiccionales para establecer a su mejor criterio la legalidad o no de una norma".

En la sentencia, el querellante indica que en la resolución se justificaba la negativa afirmando que la autorización que se solicitaba no tiene encaje en ninguno de los supuestos que recoge la normativa, entre los que --decía-- no se incluye la jubilación.

¿Qué es el delito de prevaricación?

La prevaricación es la acción de dictar una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia. Es un delito especial a causa de su sujeto activo, pues solo lo puede cometer un funcionario, una autoridad pública o un juez.

El autor del delito es castigado por realizar actos contrarios a los deberes inherentes de su cargo, quedando afectada su profesionalidad, confianza y responsabilidad. Como consecuencia, siempre está penado con la inhabilitación​ del empleo o cargo público.

¿Quién puede cometer un delito de prevaricación?

Existen tres maneras de cometer el delito de prevaricación según el ámbito público afectado. De esta forma, pueden cometer un delito de prevaricación los siguientes sujetos:

• Los funcionarios públicos.
• Los jueces.
• En determinados supuestos, los abogados y procuradores.

La prevaricación de funcionario público

La prevaricación cometida por funcionario público se regula dentro del Título XIX del Código Penal, que recoge los delitos contra la Administración pública. Según los artículos 404 y 405, este delito lo comete la autoridad o funcionario público que:

• Dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo a sabiendas de su injusticia. Este delito se castiga con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de nueve a 15 años.
• Proponga, nombre o dé posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello a sabiendas de su ilegalidad. Este nombramiento ilegal está castigado con multa de tres a ocho meses y la suspensión de empleo o cargo público de uno a tres años.